Tomando en consideración las necesidades de un pueblo que ha estado en total abandono en cuanto a inversión en desarrollo humano y creación de oportunidades, el alto presupuesto aprobado por el Congreso de la República podría considerarse como algo lógico y hasta necesario. Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se utilizan en la práctica esos fondos, preocupa pues sabemos de sobra que “en arca abierta hasta el justo peca”, no digamos aquellos que largos que viven y operan únicamente para aprovecharse de millonarios recursos que debiera servir para generar bienestar a la población.

Y el arca sigue abierta porque los mecanismos de compras y contrataciones del Estado siguen siendo exactamente los que permitieron a gobernantes y altos funcionarios de los gobiernos pasados rellenar enormes maletas con millonarias sumas de billetes mal habidos, a lo que hay que sumar que la mayoría de los oferentes y contratistas son personas o entidades que saben cómo se puede operar en esas turbulentas aguas y cómo mover la melcocha para asegurarse el negocio. Mucha gente honesta (son pocas las que se animan), tristemente, no solo se apartan de la política por sentir asco ante los procedimientos “comunes y corrientes”, sino también se abstienen de participar en las licitaciones, pues entienden y saben claramente cuán cierta es la frase aquella de que no hay obra sin sombra.

Por ello es que venimos insistiendo en que no basta el mandato popular que expulsó del poder a los más largos sino que es indispensable emprender un proceso serio de transformación de la manera en que se realizan las compras y contrataciones en todas las instituciones públicas, tanto del gobierno central como de todos los municipios y entidades descentralizadas o autónomas. El Congreso puede incrementar ilimitadamente el monto del Presupuesto, incluyendo grandes préstamos del exterior, sin que ello signifique un cambio en la manera de utilizar tales recursos y eso, simple y llanamente, es asegurar más y más trinquetes, sobre todo en la medida en que mantengamos un sistema en el que la investigación criminal está siendo utilizada únicamente para atacar a los que denuncian la corrupción y, eso sí, para garantizar de manera absoluta la impunidad de los ladrones.

Por eso es fundamental aprovechar esta “alianza legislativa” si se le puede llamar de alguna manera, no solo para una nueva Ley de Compras, sino para la aprobación de leyes especiales que le den viabilidad y transparencia a los grandes y necesarios proyectos que la población, de todos los espectros, demanda y necesita. No podemos seguir con las reglas actuales del sistema y pretender que con buenas intenciones lograremos cambiar un sistema que lleva 40 años siendo cooptado, ordeñado y estructurado para el negocio mal habido.

Anualmente, iremos viendo que, como siempre, en el Congreso se pueden conseguir los votos para aprobar jugosos presupuestos, pero debemos entender en verdad lo que hay detrás de esos compromisos que se concretan en el recinto parlamentario, aunque no sean fraguados en oscuros búnkeres o catacumbas. Pero el resultado final también está cantado pues al fin de cuentas, simplemente se hace más grande el arca para que los conocidos pecadores pequen sin remordimiento ni el menor temor a algún castigo y por eso es que ahora el oficialismo tiene que demostrar con hechos que están dispuestos a romper el molde de un sistema corrupto y obsoleto para que se pueda cerrar el arca y se ejecute el presupuesto para atender las necesidades de la mayoría y no solo del “pushito” que hace fiesta del dinero público.