Investigaciones, condenas y recuperación de activos: la prueba que Guatemala enfrentará ante GAFILAT
La última evaluación mutua de Guatemala se realizó hace diez años; ahora, el país se prepara para iniciar en febrero de 2027 una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que pondrá a prueba los avances en la prevención y el combate al lavado de dinero. Un equipo evaluador regresará al país […]
La última evaluación mutua de Guatemala se realizó hace diez años; ahora, el país se prepara para iniciar en febrero de 2027 una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que pondrá a prueba los avances en la prevención y el combate al lavado de dinero.
Un equipo evaluador regresará al país en noviembre de ese año.
Guillermo Hernández, experto técnico del GAFILAT, explicó que la evaluación no se centrará en el desempeño de una institución por separado, sino en la efectividad del Estado en su conjunto.
Esto implica observar cómo las distintas autoridades intercambian información, coordinan sus actuaciones y convierten los controles y las alertas en procesos que permitan identificar, investigar y sancionar operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Hernández visitó Guatemala por invitación de las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Lavado de Dinero.
Guatemala se prepara para la Evaluación Mutua 2027 sobre lavado de dinero
CUMPLIMIENTOS TÉCNICOS Y EFECTIVIDAD
El examen abarcará dos dimensiones. La primera es el cumplimiento técnico, que determina si Guatemala cuenta con leyes, instituciones, facultades y procedimientos acordes con los estándares internacionales.
La segunda es la efectividad, que busca establecer si esas normas y mecanismos se traducen en resultados concretos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, así como para combatir el financiamiento del terrorismo.
La evaluación llega con un antecedente favorable. Guatemala fue evaluada en 2015 y el informe correspondiente se aprobó en julio de 2016. De acuerdo con Hernández, el país obtuvo calificaciones positivas en áreas como cooperación internacional, inteligencia financiera, investigación y procesamiento del lavado de activos, así como decomiso y recuperación de bienes.
En particular, los resultados relacionados con la recuperación de activos fueron destacados por su desempeño, incluso frente a experiencias de otros países de la región y de la red internacional.
El experto explicó que hubo discusiones sobre si algunos resultados merecían una calificación aún mayor, aunque finalmente se mantuvo la categoría de sustancial, que sigue siendo un resultado favorable.
IVE reporta 4 mil 854 operaciones sospechosas mientras cambia forma de trasladarlas al MP
EL RETO DE DEMOSTRAR RESULTADOS
El resultado de la evaluación anterior constituye un antecedente para Guatemala, pero también plantea el desafío de demostrar qué avances ha logrado el país desde entonces y cómo ha atendido las oportunidades de mejora identificadas.
En el seguimiento de ese examen, uno de los cambios técnicos registrados fue la recalificación de la recomendación 16, relacionada con las transferencias electrónicas. En octubre de 2018, esta pasó de «parcialmente cumplida» a «mayoritariamente cumplida», luego de que se analizara la normativa implementada por el país.
COORDINACIÓN A DOS NIVELES
Esta coordinación debe darse en dos niveles, según Hernández. En el estratégico, las autoridades necesitan compartir una visión común de los riesgos del país y establecer políticas, normas y prioridades coherentes.
En el operativo, la Fiscalía, la Policía, la unidad de inteligencia financiera y los órganos judiciales deben cooperar para que las alertas y los indicios puedan convertirse en casos sólidos.
El experto también destaca que aspectos como la identificación del beneficiario final, la cooperación internacional y las sanciones financieras dirigidas tienen efectos transversales: su eficacia depende de que estén conectados con las investigaciones y con los riesgos que Guatemala busca mitigar.
El punto es especialmente importante porque los riesgos no pueden abordarse con una respuesta genérica. Según Hernández, el país debe mostrar que ha identificado sus principales amenazas y que las medidas adoptadas corresponden a ellas.
La evaluación examinará si esa relación existe en todo el sistema: desde las políticas y la supervisión hasta la investigación y la recuperación de bienes.
Una estrategia bien formulada, dijo, pierde fuerza si las autoridades tienen prioridades distintas, interpretan los riesgos de manera desconectada o no pueden demostrar cómo sus acciones contribuyen a un objetivo nacional común.
CALENDARIO INTENSO
El calendario deja poco margen para la improvisación. Entre febrero y marzo de 2027 se prevé la primera una visita de alto nivel del GAFILAT para dialogar con las autoridades y preparar al país para el proceso.
En noviembre de ese año, el equipo evaluador permanecerá aproximadamente dos semanas en Guatemala para sostener reuniones, revisar información y confirmar los datos entregados previamente.
La aprobación del informe está prevista para julio de 2028, después de varias etapas de revisión y discusión de borradores.
Hernández advirtió que la carga de información y los plazos pueden ser exigentes, por lo que la coordinación debe comenzar con anticipación y mantenerse de manera constante.
QUE DEBE EVITAR GUATEMALA
El experto también identifica errores que Guatemala debe evitar. Uno es confundir coordinación con concentración: una entidad debe conducir el proceso, pero las instituciones relevantes tienen que participar y aportar la información que les corresponde.
Otro es permitir que cada organismo entregue datos de forma desordenada o con mensajes contradictorios. El informe debe reflejar una visión integral del país, respaldada por evidencia coherente y verificable. Además, las autoridades no deberían subestimar el tiempo necesario para recopilar, validar y armonizar la información antes de cada hito del cronograma.
La evaluación tendrá también una dimensión de transparencia y seguridad. Hernández recuerda que los informes de evaluación mutua, una vez aprobados y sometidos a los procesos de revisión correspondientes, se hacen públicos.
Por ello, la información debe reflejar fielmente la situación del país, sin errores ni divulgación de detalles confidenciales o sensibles que puedan comprometer las capacidades del Estado para investigar y perseguir estos delitos.
Para Hernández, la preparación, por tanto, no se limita a reunir documentos: requiere validar los datos y asegurar que las conclusiones describan con precisión el funcionamiento del sistema.
MOMENTO DECISIVO
Para Guatemala, el resultado será una referencia sobre la capacidad de proteger la economía formal frente al uso de recursos ilícitos. Un sistema antilavado efectivo ayuda a dificultar que el dinero proveniente de delitos se incorpore a actividades legales y fortalece la cooperación para rastrear y recuperar activos.
“La evaluación no garantiza por sí sola esos resultados, pero puede identificar avances y brechas que orienten las mejoras necesarias”, agregó el experto.
El mensaje de Hernández es claro: la evaluación de 2027 no se gana con expedientes bien preparados a última hora, sino con un sistema que demuestre resultados en la práctica.
Guatemala parte de antecedentes que el experto considera positivos, pero ahora deberá acreditar que las instituciones comparten prioridades, coordinan sus actuaciones y producen resultados sostenibles.
Diez años después de la evaluación anterior, el desafío es convertir la experiencia acumulada en evidencia concreta de que el país puede prevenir, detectar, investigar y perseguir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿POR QUÉ SE LLAMA EVALUACIÓN MUTUA?
Se denomina así porque los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se someten a un examen realizado por especialistas de otros países miembros, con el fin de evaluar cómo cumplen los estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Es un proceso de revisión entre pares, en el que expertos internacionales examinan las leyes, las instituciones y los resultados del sistema guatemalteco. Los equipos evaluadores se integran con expertos capacitados de sus países miembros.