IVE reporta 4 mil 854 operaciones sospechosas mientras cambia forma de trasladarlas al MP
Al 30 de septiembre de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) había recibido 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas y realizado 355 supervisiones basadas en riesgo. Estos indicadores corresponden a los primeros nueve meses del año, pero el procedimiento para trasladar información sobre posibles operaciones ilícitas al Ministerio Público (MP) cambió el 17 […]
Al 30 de septiembre de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) había recibido 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas y realizado 355 supervisiones basadas en riesgo.
Estos indicadores corresponden a los primeros nueve meses del año, pero el procedimiento para trasladar información sobre posibles operaciones ilícitas al Ministerio Público (MP) cambió el 17 de septiembre, con la entrada en vigor de una la nueva ley contra el Lavado de Dinero.
El Decreto 15-2026, que contiene la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, modificó el mecanismo de comunicación entre ambas instituciones.
Según el boletín de la Superintendencia de Bancos (SIB), desde esa fecha la IVE dejó de presentar denuncias directamente ante el MP y comenzó a trasladarle información de inteligencia financiera de carácter preliminar, analítico y no jurisdiccional.
La reforma introduce una nueva etapa en el proceso de análisis de posibles operaciones ilícitas. Por ello, las cifras de denuncias presentadas antes del cambio legal deben distinguirse de los reportes y demás indicadores acumulados al cierre de septiembre.
CONTROL RIGUROSO
De las 355 supervisiones basadas en riesgo realizadas hasta septiembre, 67 correspondieron a personas obligadas financieras bajo vigilancia e inspección directa de la SIB; 143, a personas obligadas financieras que no están sujetas a esa supervisión directa; y 145, a personas obligadas no financieras.
El total aumentó en 37 supervisiones respecto de agosto, según el boletín mensual.
El enfoque basado en riesgos busca ajustar los controles a la naturaleza, el volumen y la complejidad de las operaciones de cada entidad. Esto permite abarcar distintos sectores económicos y no limitar la prevención al sistema bancario.
Al cierre del mes, la IVE tenía registradas 4 mil 242 personas obligadas. En esta categoría figuran entidades financieras, empresas de transferencias de fondos, cooperativas, negocios inmobiliarios, compraventas de vehículos, joyerías y profesionales de determinadas actividades.
Entre sus obligaciones están identificar a los clientes, conocer el origen de los fondos, detectar operaciones inusuales, mantener registros y comunicar alertas a la autoridad correspondiente. Estas medidas buscan reducir el riesgo de que actividades financieras, comerciales o profesionales sean utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito o financiar el terrorismo.
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ALERTAS, NO CONDENAS
Los 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas (RTS) recibidos por la IVE hasta el 30 de septiembre son comunicaciones enviadas por las personas obligadas cuando detectan operaciones que presentan características inusuales o carecen de una justificación económica o legal evidente.
Las cuentas monetarias concentraron el 43.2% de los reportes y las cuentas de ahorro, el 36%. Las remesas representaron el 8.8%; los préstamos, el 2.7%; y las tarjetas de crédito, el 2.4%.
La SIB advierte que un reporte sospechoso no demuestra que se haya cometido un delito ni que los fondos sean ilícitos. Su función es aportar información para el análisis especializado y, según los elementos identificados, permitir que las autoridades competentes evalúen si corresponde profundizar en una investigación.
El volumen de reportes debe leerse como un indicador de las alertas recibidas, no como una cifra de delitos comprobados. La evaluación del sistema también depende de la calidad del análisis y del seguimiento que reciban los casos.
DENUNCIAS PRESENTADAS ANTES DEL CAMBIO LEGAL
Hasta el 16 de septiembre, la IVE había presentado 229 denuncias ante el MP, relacionadas con 1 mil 669 personas y montos por Q11 mil 330.1 millones.
En comparación con agosto, el acumulado registró 12 denuncias adicionales, 38 personas más y un incremento de Q1 mil 065.1 millones en los montos asociados.
Durante septiembre, las denuncias se sustentaron en el análisis de 11 mil 054 operaciones financieras, un promedio aproximado de 921 operaciones por denuncia.
Estas cifras corresponden al procedimiento anterior a la entrada en vigor del Decreto 15-2026. Además, los montos asociados a las denuncias no equivalen automáticamente a dinero recuperado, pérdidas comprobadas ni fondos declarados ilícitos mediante una sentencia judicial.
Con el nuevo mecanismo, la IVE traslada información de inteligencia financiera y el MP realiza las diligencias que le corresponden para corroborar los elementos recibidos y determinar si procede ejercer la acción penal.
El análisis financiero, la comunicación de información y la investigación penal son etapas distintas, con responsabilidades institucionales diferenciadas.
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INFORMES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Por separado, la IVE reportó que hasta el 30 de septiembre había trasladado al MP 33 informes relacionados con posibles procesos de extinción de dominio, asociados a Q492.3 millones.
Los vehículos representaron el 73.3% de los bienes reportados por cantidad, mientras que los certificados de depósito a plazo concentraron el 66% del monto involucrado.
Estos informes pueden aportar elementos para investigar el origen y la titularidad de los activos, pero no significan que los bienes hayan sido confiscados definitivamente. La extinción de dominio requiere los procedimientos legales correspondientes y la intervención de las autoridades competentes.
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CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS POR VERIFICAR
La IVE también informó que durante los primeros nueve meses de 2026 había capacitado a 13 mil 442 personas. La formación complementa las tareas de supervisión y busca fortalecer la aplicación de las medidas de prevención entre los sectores sujetos a estas obligaciones.
Con la nueva ley en vigor, el seguimiento deberá centrarse en la aplicación del procedimiento de traslado de información, el cumplimiento de las personas obligadas y la coordinación entre la IVE y el MP.
Estos elementos permitirán observar cómo evoluciona el sistema y qué resultados se obtienen en el análisis e investigación de posibles operaciones ilícitas.
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CONTROLES EFECTIVOS, CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS VERIFICABLES
El informe muestra que la prevención del lavado de dinero requiere una red de controles que va más allá de los bancos.
Las 4 mil 242 personas obligadas registradas abarcan actividades financieras y no financieras, por lo que la identificación de clientes, el conocimiento del origen de los fondos, la detección de operaciones inusuales, el mantenimiento de registros y la comunicación oportuna de alertas son componentes relevantes del sistema.
La IVE también reportó 13 MIL 442 personas capacitadas en 2026 hasta septiembre.
Con la nueva Ley Integral PLAFT en vigor, el seguimiento de las supervisiones, el cumplimiento de las personas obligadas y la coordinación con el Ministerio Público serán elementos clave para evaluar si el sistema consigue convertir la información financiera en investigaciones sólidas y resultados verificables.