Para enfrentarse a la tormenta politiquera actual y ante la imposibilidad de lograr cambios con el sistema electoral como está ahora, es indispensable llamar a los ciudadanos a aceptar la representación del sector al cual pertenecen, irónicamente con la excepción de quienes ejercen la política de hoy, al ser responsables de la hecatombe. Es irónico: se necesitan cambios en el área política sin participación de quienes la practican porque la falta de condiciones para participar ha provocado el desasosiego popular. Esto sobre todo en los ciudadanos entre generación de veinte a cuarenta años, cuya importancia es fundamental por haber vivido siempre en democracia electoral. Están hartos, con razón, de los abusos y corrupción generalizada.

En este momento, el paralizado país necesita cambios novedosos. La integración de los poderes del Estado, en especial el Legislativo y el Judicial, es la culpable de ese rechazo, acelerado por una tecnología instantánea a veces útil y en otras muy negativa, al ser usada con intención de mentir o engañar. Esta situación es universal y exige buscar soluciones, basadas en la lógica y en la ética, aunque esto parezca utópico. Se necesita un pacto social con el Congreso y las cortes para dejar su papel en un requisito de confirmaciones de lo decidido por personas notables y prestigiadas, sobre todo en las enmiendas, no cambios, constitucionales. Es un reto cívico, sin romper el orden, sino devolverle su tarea, ahora manchada por el abuso y la güizachería.

A mi criterio y en un breve listado, la Constitución no necesita anulación o cambios, sino correcciones, como reducción del número de diputados y de la participación en elecciones; currículum, ausencia de condenas, nivel educativo, cantidad de permutas de partido, edad mínima —como ocurre con la presidencia—, pero mantener las leyes constitucionales de habeas corpus, amparo, exhibición personal, constitucionalidad, de Emisión del Pensamiento, con la enmienda de penar el anonimato de los mensajes, sobre todo por redes sociales. Ya se intentó una vez, pero fracasó porque a los cambios acordados en los acuerdos de paz le fueron agregados otros, con dedicatoria. Ante la alternativa de todo o nada, los pocos participantes se decidieron por esto último.

El Tribunal Supremo Electoral del inicio desapareció, al ya no serlo, sus decisiones deben ser aprobadas por el Congreso y las Cortes de Constitucionalidad y la Suprema. Se permite la proliferación de pseudopartidos sin criterios políticos, la participación sin límites de candidatos oscuros, ilusos o financiados por grupos cuestionables y ocultos. Ya han logrado aburrir a los votantes jóvenes y rechazar al sistema democrático, y por eso la finalidad principal es tomar decisiones nuevas, a las cuales obviamente se opondrán con ferocidad quienes se han aprovechado y enriquecido. Esta es una verdad compartida pero por error considerada imposible de cambiar. Es allí donde cabe la necesidad de rescatar la verdadera democracia, aunque tenga algunos errores.

Muy pocos están de acuerdo con un cambio violento, un golpe de Estado, pero esa nueva generación podría admitir un gran acuerdo político aprobado por los representantes de los principales sectores sociales. Es complicado, por supuesto, pero el tiempo faltante para la siguiente elección es aún lo suficientemente largo como para buscar y encontrar pronto un acuerdo representativo. Es entonces cuando entra la posibilidad de no romper el orden constitucional ni el calendario electoral. La etapa democrática no se rompería, la participación sería de una especie de élite responsable. Ya implosionó el sistema actual, luego de 50 años, pero tampoco se ha hundido, aunque sí se está hundiendo. Es el momento de buscar posibilidades distintas a las actuales, la situación política nacional no tenía la gravedad de ahora.