En Guatemala, la tala de árboles con licencia oficial se ha convertido en una práctica que, lejos de garantizar sostenibilidad, está debilitando nuestras montañas y provocando deslaves de proporciones alarmantes.

El Instituto Nacional de Bosques (INAB), responsable de autorizar estas licencias, estipula, según el Artículo 68 de la Ley Forestal, que por cada árbol cortado deben sembrarse dos. Sin embargo, esta norma, que en teoría busca compensar el daño ambiental, rara vez se cumple en la práctica y muchos de los taladores mienten para poder vender el recurso forestal.

Pero el problema va más allá del incumplimiento técnico. Estas licencias están inmersas en una red de corrupción estatal donde unos pocos se enriquecen a costa del deterioro ambiental. Funcionarios reciben coimas de personas sin conciencia ecológica, que ven en los árboles una mercancía fácil de explotar.

La madera cortada se vende sin control, y el dinero fluye hacia bolsillos privados mientras las comunidades pagan el precio, donde las nuevas generaciones se verán afectadas por las malas decisiones de personas inescrupulosas que venden un recurso natural muy importante para el entorno social.

Las zonas boscosas, especialmente las montañosas, no solo albergan biodiversidad; son también barreras naturales contra la erosión, reguladores del ciclo hídrico y escudos frente a fenómenos climáticos extremos. Cuando se talan árboles sin una reforestación efectiva, se rompe el equilibrio ecológico y se expone el terreno a deslizamientos que arrasan comunidades enteras, destruyen cultivos y comprometen la seguridad de miles de personas.

Según el Insivumeh y la Conred, los departamentos con mayor riesgo de deslaves en 2024 y 2025 incluyen San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla, Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa. En Villa Canales, por ejemplo, el deslave del kilómetro 24 de la ruta a El Salvador bloqueó completamente los cuatro carriles, afectando a más de 100 mil vehículos que diariamente circulan por esa importante ruta internacional.

La saturación del suelo, la deforestación y la falta de drenajes adecuados han convertido las carreteras en trampas mortales. En donde las pérdidas humanas son las más relevantes, por el tema social.

Las consecuencias son devastadoras, las pérdidas humanas son lamentables, así como los golpes a la economía nacional, interrupciones masivas en la movilidad con colas interminables de vehículos particulares, transporte colectivo y pesado. Lo que antes eran paisajes verdes y fértiles, hoy son zonas de riesgo y desolación, marcadas por el abandono institucional y la codicia de gente inescrupulosa que se aprovecha de un recurso para llenarse los bolsillos.

La pregunta del millón es: ¿Dónde están los árboles que debieron sembrarse? ¿Quién verifica que se cumpla la compensación ambiental? ¿Qué mecanismos existen para detener la tala en zonas de alto riesgo geológico? Estas preguntas siguen sin respuesta mientras las montañas se desmoronan y la naturaleza paga el precio de nuestra negligencia.

El actual gerente del Instituto Nacional de Bosques (INAB), Bruno Enrique Arias Rivas, dirige una entidad que ha optado por mantener un perfil bajo en materia de comunicación pública, evitando deliberadamente la crítica social. Esta omisión no es casual, sino que el INAB prefiere no asumir la responsabilidad institucional que le corresponde como ente rector de la política forestal.

En lugar de garantizar la protección de los ecosistemas, se ha convertido en un facilitador de licencias forestales sin control ni seguimiento técnico. Su inoperancia y opacidad han contribuido directamente al debilitamiento de las zonas montañosas, a la pérdida de cobertura vegetal y al aumento de deslaves que afectan a miles de guatemaltecos.

En la práctica, el INAB es hoy uno de los entes estatales que más daño le hace a la sociedad guatemalteca, al autorizar la destrucción del bosque sin garantizar la reforestación ni fiscalizar el cumplimiento de sus propias normas.

Es urgente repensar el modelo forestal del país. No basta con exigir reforestación: se necesita voluntad política, transparencia institucional y participación ciudadana para proteger lo que aún queda. Porque cada árbol talado sin reposición es una herida abierta en el cuerpo de nuestra tierra. Y cada licencia otorgada sin ética es una traición al futuro.