Tempraneras lluvias se combinaron con la inestabilidad detectada en una ladera de la aldea Las Minas, Casillas, Santa Rosa, que terminó por derrumbarse el lunes último con saldo trágico de un niño fallecido, dos mujeres heridas, nueve casas soterradas y otras 10 declaradas inhabitables debido a su cercanía. Esta tragedia climática, como tantas otras que ha sufrido el país, tiene nombres y apellidos, historias truncadas, comunidades afectadas, y constituye un triste recordatorio de la necesidad de investigar y prevenir estos desenlaces que a su vez originan otras precariedades.

Se acerca una nueva temporada lluviosa. Como acción lógica ante el reciente deslave, y también frente a los miles de puntos en riesgo identificados desde el año pasado, se debería emprender una evaluación sistemática y tomar las medidas necesarias, incluida la implementación de sistemas de alerta temprana combinados con la organización de los pobladores cercanos. Esta metodología suele estar bien desarrollada en poblados aledaños a volcanes.

Por otra parte, urge la reingeniería institucional y tecnológica del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Cuenta con estaciones de monitoreo de ríos, sobre todo en la Costa Sur, pero tales instalaciones son insuficientes para abarcar las cuencas, al menos las de mayores caudales y que generan devastadores impactos en agricultura, ganadería, red vial y comunidades. Para ello es urgente que la entidad planifique mejor sus mecanismos de adquisiciones, pues en los dos últimos años predominan las compras directas, debajo de los Q90 mil, lo cual hace cuestionar si es por desorganización, incapacidad o dolo.

Varias de las compras como equipos de oficina, baterías, telecomunicaciones y conectividad bien podrían licitarse en bloque para obtener mejores precios en el mediano plazo. En un país identificado desde hace dos décadas entre los más expuestos a daños por el cambio climático, ya debería existir una política de Estado para la innovación constante en el monitoreo de riesgos. Podría lograrse mayor precisión, mejor anticipación y mejores políticas de mitigación.

Es curioso, llamativo y sintomático que a pesar de tratarse de un tema que implica riesgo para vidas humanas y con enormes costos anuales para el desarrollo, ni un solo candidato presidencial hace alusión al tema de reducción de riesgos, ambiente y cambio climático. Mucho menos los aspirantes a diputaciones o alcaldías. No obstante, sucesos como el de Casillas demandan acción.

El Insivumeh ha sido una de esas instituciones utilizadas para crear plazas clientelares que desplazan o sirven de lastre al personal especializado. Una muestra de dicho deterioro e injerencia fue la fraudulenta adjudicación de un radar de Q21 millones para monitoreo meteorológico que se efectuó sin licitar bajo la figura del estado de Calamidad por pandemia, a pesar de que no tenía relación alguna. Se le otorgó a una empresa que no tenía la experiencia para cumplir con dicho pedido, pero que estaba ligada al diputado Jorge García Silva, electo por el partido Prosperidad Ciudadana. Indicios recabados muestran que el congresista incidió para lograr el amaño. El desafuero de García Silva está sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia desde marzo del 2022. Por si fuera poco, fue inscrito como aspirante a otro período, como tránsfuga, todo un descrédito para el partido Popular que lo postula y para el TSE, que lo avaló pese a su falta de idoneidad.