El sistema de transporte público de pasajeros en Guatemala presenta deficiencias que terminan poniendo en riesgo la vida de miles de personas que necesitan desplazarse diariamente y dependen de ese servicio que es fundamental desde cualquier punto de vista. La ley es excesivamente tolerante al exigir que las unidades no tengan más de 25 años de antigüedad, mientras que en la mayoría de países del mundo no se permite que buses de más de diez años presten el servicio. Si a ello agregamos la terrible condición de nuestra red vial, que causa serios daños a todo tipo de vehículos, y la indiferencia que han tenido las autoridades del pasado en cuanto a las calificaciones para los conductores, entenderemos cuán grave es el riesgo y por qué hablamos de jugar y lucrar con la vida humana.

Un trabajo periodístico realizado por La Hora permitió establecer que según los registros oficiales hay 21,748 vehículos con licencia vigente y de ellos 9,909, es decir el 45.56% tienen más del máximo de 25 años que exige la ley y Edgar Guerra, de la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), agregó que hay circulando camionetas que tienen más de treinta años (e incluso 40, dijo) de haber sido fabricadas. Cualquiera puede saber que todas las piezas están hechas para durar mucho menos de eso en condiciones ideales, no digamos para operar en condiciones tan adversas como la de nuestra infraestructura vial.

Reponer casi diez mil buses para cumplir con el requisito complaciente de nuestra legislación es prácticamente imposible y sacar de circulación a casi la mitad de los buses autorizados provocaría un caos en la movilización humana, pero es indispensable cambiar la política de indiferencia y tolerancia que ha prevalecido y emprender la ruta del cambio para terminar con esa criminal explotación que se hace de los usuarios.

Hablamos de criminal explotación porque está probado que muchos dueños de buses y empresas de transporte, además de usar verdadera chatarra, encomiendan el trabajo de conductores a gente sin la necesaria experiencia y preparación, lo que agrava los riesgos que cotidianamente tienen que correr los pasajeros. No podemos cerrar los ojos a esa cruda realidad y el gobierno no debe seguir la política de los que le precedieron, dejando las cosas como están simplemente porque “no hay otra salida”, argumentando que no se puede dejar sin servicio a millones de pasajeros. Se deben sentar las bases del cambio pues eso fue, es y será parte del mandato que se dio en las urnas.

El cambio de mentalidad en la gestión del transporte extraurbano es una necesidad impostergable. No olvidemos que allí también ha imperado la corrupción en el trámite de licencias sin la mínima inspección de las unidades porque lo que cuenta es el tamaño de la mordida, lo que cae bien a transportistas y funcionarios que no se interesan en ningún cambio. Pero la ciudadanía está harta de esa inseguridad y peligro, lo cual obliga a actuar con decencia y transparencia.