El 21 de junio de 1980 fueron secuestrados y desaparecidos 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala (CNT). Un comando armado integrado por policías y militares irrumpió en la sede del sindicato y se los llevó; desde entonces se desconoce su paradero.

La central sindical estaba ubicada en la 9a. avenida y 4a. calle de la zona 1. Desde 1976 permanecía vigilada y en cuatro ocasiones fue allanada. En esa última ocasión, el régimen de Romeo Lucas García decidió romper la resistencia de los trabajadores organizados y llevarse a la mayoría de integrantes de su dirección nacional. Entre el grupo de personas secuestradas había jóvenes de entre 19 y 29 años y una sindicalista embarazada.

Alrededor del hecho circuló una gran cantidad de desinformación y hubo una campaña de descrédito y calumnias en contra del sindicato y de quienes habían sido secuestrados. El objetivo era “justificar” las capturas y enviar una amenaza inequívoca: “Lo mismo puede suceder con cualquiera que alce la voz y exija derechos”. Tres días más tarde, el 24 de junio, el entonces vicepresidente Francisco Villagrán Kramer declaró que los trabajadores estaban en un destacamento militar de Coatepeque (Gutiérrez, M. 2011). No hubo ninguna información adicional.

En 2004, luego de muchos años de exigencias de las organizaciones y familiares de personas detenidas-desaparecidas, el Congreso aprobó un decreto en el que declaró el 21 de junio como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada”, en memoria de las y los 27 sindicalistas desaparecidos. Estos eran sus nombres: Agustín Chitay Chapetón, Álvaro Orlando Estrada, Bernardo Marroquín Salazar, Crecencio Cornel Ordóñez, Cristina Yolanda Cabrera, Erwin René Hernández Paiz, Florencia Xocop Chávez, Florentino Gómez López, Héctor Manuel Sánchez González, Hilda Carlota Pérez Menéndez, Irma Candelaria Pérez Osorio, Ismael Vásquez Ortiz, Jorge Luis Serrano, Manuel Antonio Rodríguez, Manuel René Polanco Salguero, Mario Campos Valladares, Mario Martínez, Orlando Antonio García Rodríguez, Óscar Amando Salazar, Pedro Ramos Micatu, Rafael Antonio Aguilar Pérez, Sara Cabrera Flores, Selvin Arnoldo García López, Sonia Elizabeth Alecio y Tomás Roberto Pol.

Dos meses después, en agosto de 1980, dieciséis sindicalistas más de la CNT fueron también secuestrados y desaparecidos mientras se encontraban en el Centro de Retiro Emaús en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La desaparición forzada fue una práctica habitual de los gobiernos militares y sus fuerzas de seguridad. En Guatemala se registran más de 45 mil personas detenidas-desaparecidas, entre ellas, cinco mil niños y niñas. Esta estrategia de terror, extendida en todo el continente durante las dictaduras, formó parte del manual de los aparatos de la contrainsurgencia y de los aprendizajes en la tristemente célebre Escuela de las Américas, a donde acudían militares latinoamericanos para ser adiestrados por el Ejército de los Estados Unidos.

Aunque en los últimos 15 años hubo avances significativos en casos judiciales emblemáticos por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, el retroceso en el ámbito de la justicia transicional es irrefutable. La Fiscalía de Derechos Humanos del MP fue prácticamente desmantelada y resoluciones de las altas cortes han favorecido a altos mandos militares y policiales que estaban siendo juzgados y/o fueron condenados por haber ordenado/cometido delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, la resolución que benefició a los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años secuestrado en 1981 por las fuerzas de seguridad del Estado.

La impunidad del presente es hija de la impunidad del pasado. Por eso seguiremos exigiendo: memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.