Protección de datos, vigilancia e independencia institucional: las dudas de la Ley de Ciberseguridad, asegura experto
El Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad de Guatemala, fue publicado el 17 de noviembre y entrará en vigor el 17 de diciembre de 2026. La normativa establece una estructura institucional para coordinar la respuesta del Estado ante amenazas y ataques informáticos. Rodolfo Izeppi, Licenciado en estrategia, máster en ciberseguridad, consultor y analista tecnológico, dijo […]
El Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad de Guatemala, fue publicado el 17 de noviembre y entrará en vigor el 17 de diciembre de 2026. La normativa establece una estructura institucional para coordinar la respuesta del Estado ante amenazas y ataques informáticos.
Rodolfo Izeppi, Licenciado en estrategia, máster en ciberseguridad, consultor y analista tecnológico, dijo a La Hora que la aprobación de la ley de Ciberseguridad es algo positivo para Guatemala; sin embargo, advirtió que su implementación plantea interrogantes sobre la independencia de las autoridades, la protección de los datos personales, las facultades de investigación y los controles al ejercicio del poder.
Una de sus respuestas centrales se centra en quien estará en control de las instituciones es encargadas de proteger la información de los ciudadanos.
Ley Marco de Ciberseguridad: Bernardo Arévalo sanciona el Decreto 26-2026, ¿qué establece?
La Hora:¿Cuáles son las ventajas y las principales vulnerabilidades de esta ley y qué riesgos podría representar su aplicación para los ciudadanos?
Rodolfo Izeppi: La mayor ventaja es que, cuando un ataque afecte a varias instituciones, habrá una autoridad responsable de coordinar la respuesta.
Para una persona que llega a un hospital y encuentra el sistema caído, que alguien se haga cargo tiene un valor muy concreto.
La preocupación aparece cuando esa misma persona se pregunta qué pasó con su expediente y quién pudo verlo. Un reporte técnico puede contener datos sensibles de miles de ciudadanos.
Si las instituciones comparten esa información sin delimitar quién puede consultarla, para qué y durante cuánto tiempo, la propia respuesta al ataque puede ampliar el daño.
Esa frontera entre atender un incidente e investigar a una persona debe quedar clara desde el primer día.
Ley de Ciberseguridad refuerza la persecución penal y crea una dirección técnica, según Mingob
La Hora:¿Qué riesgos implica concentrar en el Ejecutivo la conducción de la política y el nombramiento de las autoridades de la Dirección de Ciberseguridad (Diciber)?
Rodolfo Izeppi: El presidente preside el Consejo Nacional de Ciberseguridad y elige al director de la Diciber de una terna que le presenta ese mismo Consejo. La ley exige credenciales y experiencia, lo cual es importante. Sin embargo, el proceso de selección empieza y termina dentro del Ejecutivo.
La prueba de independencia llegará el día en que el director tenga que comunicar una falla grave de la institución que lo nombró, quizás en plena campaña electoral. ¿Tendrá respaldo para decir qué falló y cuánto tardaron en corregirlo?
Si deberían hacer públicos los méritos de la terna y las razones de la elección. También esperaría del Congreso una fiscalización periódica del gasto y de los resultados, incluso cuando la explicación incomode al gobierno de turno.
La Hora: ¿Qué garantías existen para evitar la vigilancia de comunicaciones privadas o afectaciones a ciudadanos, periodistas y organizaciones?
Rodolfo Izeppi: El artículo 24 de la Constitución protege la correspondencia y las comunicaciones. El decreto, además, exige intervención judicial para medidas como el aseguramiento digital y establece límites a las medidas excepcionales sobre transmisiones de datos.
Es importante qué establece la orden del juez: qué se busca, en qué sistema, por qué hace falta y hasta cuándo. Pensemos en el teléfono de una periodista. Puede contener el mensaje relevante para un caso y, al mismo tiempo, conversaciones con 10 fuentes completamente ajenas a la investigación.
La garantía se juega ahí. El juez debe delimitar la diligencia, la defensa debe poder cuestionar cualquier exceso y debe quedar registro de quién consultó la información. Una autorización judicial pierde buena parte de su valor si, en la práctica, permite revisar el teléfono entero sin justificación.
Congreso da luz verde y aprueba de urgencia nacional Ley Marco de Ciberseguridad
La Hora: ¿Son suficientemente precisos los delitos informáticos? ¿Podrían criminalizarse la investigación de vulnerabilidades, la revelación de fallas o el periodismo?
Rodolfo Izeppi: Hay distinciones importantes. Para el acceso ilícito cuentan tanto la falta o el exceso de autorización como la vulneración de medidas de seguridad. La ley también protege las pruebas autorizadas y contempla actividades académicas bajo condiciones expresas, entre ellas definir previamente su alcance.
La zona gris es fácil de imaginar: un ciudadano abre un enlace público, descubre que expone expedientes y da aviso. O una reportera recibe documentos que demuestran esa exposición. El simple hallazgo, el aviso o la publicación no prueban por sí solos que esas personas hayan vulnerado una medida de seguridad.
Me preocupa que una denuncia penal termine castigando, por el costo de defenderse, a quien dio la alerta. Hace falta una vía clara para reportar fallas de buena fe y que se examine la conducta de cada persona antes de atribuirle una intrusión.
La Hora: ¿Puede el Organismo Ejecutivo ampliar por reglamento las conductas sujetas a sanciones administrativas?
Rodolfo Izeppi: Hay margen para la discrecionalidad y ahí está la preocupación. La ley establece obligaciones y un régimen sancionatorio, pero remite al reglamento parte del desarrollo de la clasificación de infracciones leves, graves y gravísimas.
Un operador debe poder saber de antemano qué incumplimiento le puede costar una multa y por qué dos faltas parecidas merecerían sanciones distintas.
El Ejecutivo puede desarrollar procedimientos y criterios técnicos dentro de lo que establece la ley. Crear por esa vía una infracción sin base legal excedería su potestad reglamentaria y expondría la sanción a una impugnación.
Si al redactar el reglamento se descubre que falta definir una conducta esencial, le corresponde al Congreso corregir el decreto.
La Hora: ¿Qué consecuencias tiene que delitos relacionados con material de abuso sexual infantil puedan quedar fuera de algunas herramientas de investigación y cooperación internacional?
Rodolfo Izeppi: La consecuencia más seria es el tiempo que puede perderse para proteger a una niña o a un niño. Estos delitos ya se persiguen en Guatemala. La dificultad es que el decreto reserva ciertas medidas, como el aseguramiento digital especial, a delitos contemplados en la propia ley y prohíbe extender esa medida por analogía.
Si una plataforma extranjera conserva el registro que permitiría identificar al agresor, discutir qué vía jurídica procede puede costar horas decisivas.
Siguen disponibles los mecanismos ordinarios y la red de asistencia 24/7 podría servir, según el caso. La sugerencia sería que el Congreso debería precisar qué herramientas de preservación y cooperación pueden utilizarse expresamente en estas investigaciones, con autorización judicial cuando corresponda.
Una víctima merece esa certeza antes de que la evidencia desaparezca.
La Hora: ¿Quién determina qué infraestructura es crítica y qué controles tendrá esa clasificación?
Rodolfo Izeppi: El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de su unidad especializada, tiene la función de elaborar y actualizar el catálogo de infraestructuras críticas digitales. El Consejo aprueba el protocolo de actuación de defensa correspondiente.
Conviene distinguir ambas decisiones: aprobar un protocolo y revisar por qué se incluyó a un operador concreto son controles distintos.
Mi preocupación está en los servicios civiles. Si se clasifica como crítica la infraestructura digital de una hidroeléctrica o de una empresa telefónica, el operador debería conocer el criterio aplicado, las obligaciones que asume y la vía para solicitar una revisión.
Se pueden publicar los criterios y proteger al mismo tiempo los detalles técnicos sensibles. En el sector bancario, además, habrá que respetar las competencias del supervisor y la normativa sectorial que el propio decreto reconoce.
La Hora: ¿Tiene Guatemala las capacidades técnicas, institucionales y presupuestarias para implementar la ley?
Rodolfo Izeppi: Guatemala tiene profesionales capaces. Lo que veo complejo es que este gobierno logre reunirlos, contratarlos y darles presupuesto y respaldo institucional al ritmo que exige la ley.
El Ejecutivo tiene el balón. Desde la entrada en vigor corren seis meses para aprobar el reglamento, lo que nos lleva a junio de 2027, en pleno proceso electoral. El Centro Nacional de Respuesta tiene hasta 18 meses para estar funcionando. Ese plazo llega a junio de 2028, ya bajo otro gobierno. La transición, por tanto, es parte del problema de implementación desde hoy.
Mi primera pregunta al Ejecutivo, con el presupuesto de 2027 en discusión, sería cuánto dinero tiene identificado para sostener personal especializado de turno a las tres de la mañana, también los domingos.
La segunda es qué equipo y qué capacidades comprobadas va a entregar a las próximas autoridades. Publicar el reglamento a tiempo sería un avance. Que alguien conteste esa llamada y sepa cómo ayudar sería la prueba.
Ley de Ciberseguridad: estos son los delitos y penas que contempla y las instituciones que crea
La Hora: ¿Qué aspectos merecían mayor discusión y qué modificaciones deberían evaluarse?
Rodolfo Izeppi: Hubo trabajo previo en comisiones. Lo que el debate único dejó con poco espacio para el escrutinio público fueron las enmiendas finales, precisamente en asuntos tan sensibles como la evidencia digital, los delitos y las atribuciones del Ministerio de la Defensa.
Yo habría querido escuchar una explicación más convincente de por qué Guatemala escogió una dirección dentro del Ministerio de Gobernación y qué ventajas ofrecía frente a una autoridad civil con mayor autonomía técnica.
Gobernación es una institución civil. Lo que está en discusión es cuánta independencia tendrá la operación frente a las prioridades de seguridad interior.
Priorizaría tres ajustes legislativos: precisar las conductas administrativas sancionables, aclarar el acceso a herramientas de investigación cuando hay víctimas menores de edad y dar mayor certeza a quien comunica una vulnerabilidad de buena fe.
En paralelo, el Ejecutivo puede abrir el proyecto de reglamento a discusión y sentar a operadores, supervisores, periodistas y especialistas frente a casos concretos. Que expliquen, por ejemplo, qué ocurre desde el minuto en que un banco reporta una filtración hasta el momento en que el cliente sabe qué información suya quedó expuesta.
La conclusión del experto es que al próximo gobierno le tocará asumir parte del plazo de implementación de la ley. A este, le corresponde dejar presupuesto, personal preparado y límites claros al uso del poder.