Por una bicoca, un puñado de inescrupulosos puede estar poniendo en peligro la salud de cientos e incluso miles de personas, al expedir apócrifas tarjetas de salud y falsas constancias de inocuidad para el manejo de alimentos. Por precios de Q75 a Q300, según se requiera la inscripción fraudulenta —y obviamente maliciosa— de la falsa constancia en los registros del Ministerio de Salud, estos intermediarios y mercaderes ilícitos han abierto una inmensa brecha de riesgo, pues hasta este momento es prácticamente imposible saber cuántos de estos documentos han emitido sin cumplir con los procedimientos de verificación que dan origen al mismo trámite.

Este peligro público lleva mucho tiempo de existir, pero en plena era digital resulta absurda su prolongación. Y son, de hecho, las mismas taras burocráticas remanentes las que posibilitan e incitan a tales prácticas: horarios reducidos para la recepción de expedientes, limitado cupo diario para el procesamiento y resistencias internas, activas o pasivas, a cumplir con protocolos de verificación constituyen un verdadero caldo de cultivo para un descontrol en el cual pululan oportunismos dañosos.

¿Cómo puede permitirse que una persona que jamás ha puesto un pie en un laboratorio reciba un aval para manipular alimentos? ¿O cómo alguien cuyos análisis evidencian algún tipo de infección puede igualmente recibir el certificado como si estuviera sano? Estas falsificaciones no solo son un peculio ilegal, sino un riesgo masivo que borra el sentido de prevención que da origen al requisito. Muchas personas necesitan la constancia como parte de un expediente para la búsqueda de empleo, pero esto no justifica el atentado contra la salud pública, peor aún si implica un cohecho.

Ya corren casi tres lustros de procesos de digitalización en el Estado, que no terminan de concretarse, y el Ministerio de Salud constituye una de las fuentes de estos lastres. Existen auténticos absurdos kafkianos como llenar un formulario en línea para luego tener que convertirlo en un PDF y luego imprimirlo en papel para presentarlo. El 31 de agosto de 2024 venció el plazo fijado por la Ley de Digitalización y Simplificación de Trámites (decreto 5-2021) para la transformación tecnológica de procesos de permisos, avales y certificaciones, no solo de la cartera de Salud. No obstante, las esperas siguen siendo largas para muchos de estos requisitos, lo cual impacta en la economía y la competitividad nacional.

En efecto, a mediados de año, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) reportó que la parsimonia de trámites análogos constituye una barrera no arancelaria. Verificación de regulaciones, controles fitosanitarios, cotejos de propiedad intelectual o gestiones aduaneras son acciones que deben evaluarse y agilizarse en favor de la misma productividad nacional.

Esta transformación es tecnológica, pero también humana, y ello implica revisar la pertinencia de los servidores públicos destinados a estas entidades verificadoras. No estamos ya en la década de 1970 y ningún sindicato debería imponer condiciones que rezaguen aún más la innovación en el Estado. Pero también todos los prestadores de servicios como laboratorios químico-biológicos deberían figurar ya en un sistema de firma electrónica para dar certeza nacional e internacional de la calidad de sus informes, que deberían ir a una ventanilla única que emita certificados en tiempo real, sin necesidad de madrugones o filas de espera como las que aún se pueden ver por las mañanas en ciertos dispensarios públicos.