La negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) y el Ministerio de Educación (Mineduc) lleva 17 meses bajo confidencialidad. Tras varios intentos y recursos legales interpuestos por agrupaciones y personas particulares, la reserva se mantiene.

Un análisis jurídico de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), con fecha 3 de julio del 2025, señala que la información que se aborda en cualquier pacto colectivo debe ser pública y debe ser de acceso para la población.

Para llegar a esa conclusión, la PDH examina la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) y otras leyes nacionales, así como la jurisprudencia, para determinar si la información relacionada con los pactos colectivos de trabajo debe clasificarse como confidencial o pública. Concluye que, en este asunto, la guía debe ser la máxima publicidad.

El documento argumenta que “toda la documentación que forme parte del proceso de negociación y celebración de un pacto colectivo constituye información pública por documentar decisiones estatales de relevancia administrativa y presupuestaria, y su acceso no solo es jurídicamente procedente, sino necesario para garantizar una administración pública abierta, controlada y sujeta al interés general”.

Como parte del análisis, también se indica que cualquier persona puede acceder a la información pública, salvo que exista una ley que disponga expresamente que esta es confidencial o reservada.

La PDH señala que, en el marco del derecho de acceso a la información pública, la documentación relacionada con la negociación y finalización de un pacto colectivo de condiciones de trabajo se considera dato público.

Añade que entregar información a una institución pública bajo garantía de confidencialidad no la convierte automáticamente en confidencial. Solo puede tener ese carácter si protege un derecho reconocido por la Constitución o por tratados internacionales, como la intimidad, el honor, los datos personales sensibles o los secretos industriales y comerciales.

La Procuraduría enfatiza que los pactos colectivos implican compromisos que afectan recursos y funcionamiento de entidades públicas, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido, beneficios, compromisos y sustento legal.

“Tanto la negociación como la suscripción de pactos colectivos son actos institucionales realizados por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, lo que excluye la posibilidad de considerarlos información confidencial o reservada”, indica el análisis de la PDH sobre estas negociaciones entre trabajadores y empleadores, en el que se incluye la que se desarrolla desde el 29 de febrero entre el Steg y el Mineduc.

En acta

Levantar la confidencialidad del pacto colectivo del magisterio es una de las peticiones que los delegados del Mineduc han hecho en reiteradas ocasiones al Steg durante las sesiones de negociación, lo que consta en las actas levantadas tras las reuniones de cada miércoles.

Desde la primera sesión ―29 de febrero del 2024― el patrono (Mineduc) presentó una propuesta de comunicación para la negociación del pacto. Sin embargo, el dirigente del Steg, Joviel Acevedo, solicitó que la discusión no se conociera en los medios de comunicación “para evitar un desgaste innecesario para las partes involucradas”.

El 29 de abril, la ministra de Educación, Anabella Giracca, habría enviado un oficio al sindicato para que, “en aras de la transparencia y publicidad de los actos de la administración pública”, se desistiera de mantener el proyecto en privado, según el acta nueve, correspondiente a la sesión del pacto colectivo del 8 de mayo del 2024.

El resultado ha sido negativo en cada intento: los sindicalistas, entre ellos Acevedo, se niegan a hacer público el proyecto del pacto colectivo, entregado bajo “reserva de garantía de confidencialidad” a las anteriores autoridades de Educación, encabezadas por la exministra Claudia Ruiz.