Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declarará culpable este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, después de que la Fiscalía estadounidense descartara solicitar la pena de muerte.

Zambada, de 77 años, enfrenta 17 cargos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, tras más de cinco décadas en el crimen organizado.

Su cambio de declaración —registrado judicialmente como un “cambio de declaración”— aún podría no implicar admitir todos los delitos, pero tiene el potencial de sacudir la estructura del cartel más poderoso de México.

El acuerdo permitiría a Zambada evitar un juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades estadounidenses.

Fuentes del Departamento de Justicia señalan que podría solicitar beneficios como no ser recluido en un penal de máxima seguridad, reducción de condena o mayor acceso a su familia, en medio de sus problemas de salud.

Su historia familiar agrega peso al caso: su hijo Vicente “El Vicentillo” Zambada fue testigo clave contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, tras haberse declarado culpable en 2013 por conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

El juez Brian Cogan fijará la sentencia, que podría retrasarse hasta seis meses según el valor de la información que aporte Zambada.

Con esta decisión, EE.UU. tendrá bajo su control a los dos cabecillas más poderosos de la historia del narcotráfico mexicano, mientras “El Chapo” cumple cadena perpetua en Colorado desde 2019.

Zambada fue extraditado en julio del año pasado tras aterrizar en Nuevo México, en lo que él describe como una trampa organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Desde entonces se había declarado no culpable, hasta que su abogado confirmó que la situación podía cambiar tras descartarse la pena de muerte.

El caso plantea preguntas sobre la estrategia de EE.UU. para extraer información de los capos más buscados y sobre la colusión entre narco y política en México, reflejada en condenas como la de 38 años de prisión a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en 2024.

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