El tiempo siempre da perspectiva a los procesos, revela la gravedad de las crisis cuando estas persisten y permite colegir acciones contra resultados. Al revisar correlaciones de datos de contratos amañados del gobierno anterior, de obras inconclusas pese a fuertes anticipos dinerarios, de negocios opacos como las vacunas rusas o totalmente pestilentes como el fraude en la compra de equipo del Hospital de Chimaltenango —sobre los cuales las pesquisas tienen escaso avance—, queda cada vez más clara la posible motivación de la insistencia por forzar un continuismo del anterior combo oficialista, con todo y la adopción de diputados del partido UCN, extinto al final de las cansadas por financiamiento ilícito y narconexos.

En esta secuencia no sobran los recientes datos de informes de la agencia anticrimen de EE. UU. sobre la abismal diferencia de decomisos de droga entre 2023 y 2024. Cabe preguntar si es casualidad o causalidad el asedio a la democracia iniciado en el 2023, que todavía tiene algunos estertores. Poco les importaba el Estado de derecho mientras pudieran seguir la francachela y los acuerdos secretos, como el avieso pacto magisterial firmado a espaldas de la ciudadanía y que hoy está bajo cuestionamiento. Otro día más pasó y la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto la inconstitucionalidad planteada sobre tal pacto.

Nunca se dijo que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (Trep) no funcionó. Hasta donde se sabe, le dio celeridad a las cifras de los conteos, que coincidían con las actas, salvo algunas digitaciones erróneas que no incidían en el total, según constataron observadores de los comicios. El precio del Trep se volvió pieza del caso de supuesto fraude, hasta ahora no demostrado aunque se secuestraron las papeletas y luego, en inédito hecho, las actas.

Hasta hoy siguen las dilaciones en el proceso contra cuatro magistrados del TSE que acuerparon la voluntad electoral manifestada en las urnas. Siguen procesados y suspendidos de los cargos año y medio después, con aval de la CC, aunque con voto disidente de un magistrado. Varios partidos de caudillos venales y viejas guardias caducas guardaron silencio durante el asedio, pese a que lo mismo pudo pasarles y entonces reclamarían respeto a la institucionalidad y a la voluntad popular. Pareciera que no hay nada más más vergonzoso y absurdo, pero sí lo hay: el intento de varios de esos mismos partidos, junto a otros satélites de mediocridad, por rebajar las sanciones a los financiamientos ilícitos y abrir la puerta a capitales potencialmente mafiosos. Quieren que haya más UCNs.

El TSE quedó a medio desarmar, casi disfuncional pero vigente. Decidieron que el Trep no se usará más, pero lo cambiarán por un sistema más oneroso. Mientras tanto, la delegación de la Unión Europea llegó al país para revisar qué pasó con las recomendaciones emitidas hace dos años. Y no ha pasado nada; excepto tiempo. Presentó sus conclusiones, que siguen siendo las mismas: fortalecer al TSE como máximo ente en materia partidaria y electoral, reducir las discrecionalidades de operadores de justicia, exigir transparencia y democratización interna efectiva a los partidos. Es una deuda que políticos y Estado tienen con la ciudadanía. Pero será el próximo TSE, que será electo en el 2026, el que quizá tenga la posibilidad de implementar algunas de ellas, de rescatar una reforma electoral decente, de auditar con rigor a los partidos, que amenazan con ser 40. En esta anomia politiquera ya se empiezan a asomar pre-presidenciables de todos los colores y todas las demagogias. Y cuando el nuevo proceso electoral llegue, el dinosaurio seguirá allí.