El presidente de la República, Bernardo Arévalo, en una de las insulsas conferencias de prensa, hizo un llamado de auxilio a los diferentes sectores nacionales, refiriéndose con especial énfasis, en tono sesgado y divisivo, a “los cuatro pueblos”, a cerrar filas ante la crítica coyuntura política, en la que toma renovada fuerza la batalla sórdida y estéril en que se enfrentan de manera desgastante las instancias fundamentales de la institucionalidad democrática del país.

Por su parte, el dirigente político y diputado de la bancada Semilla Samuel Pérez se sube a una tarima frente al Congreso de la República, invitando también con ánimo divisivo a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, ahí presentes, a alzar la voz.

Ambos políticos, que han asumido los liderazgos oficiales desde que se dio el triunfo en la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto del 2023, hace un año y nueve meses, no han logrado desde entonces propiciar un consenso amplio y fuerte con los diversos sectores nacionales en defensa no solo de la democracia como sistema de representatividad política y de convivencia nacional, expresado en la Constitución de la República, ni probado durante sus mandatos respectivos una eficiente y efectiva gestión pública.

Se hubiera esperado de Bernardo Arévalo, a partir del reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral como presidente electo, la puesta en práctica, sin dilación, de la supuesta experiencia adquirida en su larga y discreta labor de funcionario internacional al servicio de la organización no gubernamental Interpeace, que asiste a Naciones Unidas, enfocada en los diálogos inclusivos y negociaciones de paz en situaciones de alta conflictividad.

Ante la ausencia sentida de diálogos sectoriales y nacionales en función de negociaciones transparentes, consistentes y constructivas de consensos con los diversos sectores democráticos, el gobierno de Arévalo, que está prendido de alfileres, sigue empecinado en recurrir como principal punto de apoyo a la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) observó las elecciones generales del 2023, una práctica común dentro del sistema interamericano. Se le requirió posteriormente a la OEA, de forma extraordinaria, verificar el proceso de toma de posesión del binomio electo y, la última vez, se le solicitó acompañar de forma excepcional el proceso de elección de magistrados y jueces del Organismo Judicial.

En la crítica coyuntura política, la presencia en estos días de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, la ciudadana estadounidense Margaret Satterthwaite, abogada y académica de Nueva York, especializada en derechos humanos, cofundadora del capítulo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, reafirma la voluntad del gobierno de Arévalo de recurrir al amparo de la comunidad internacional.

Mientras tanto, la ciudadanía normalmente ajena a la política, que en la segunda vuelta electoral le dio un respaldo importante al hoy presidente Arévalo, está desencantada y un buen segmento poblacional se encuentra muy frustrado con este gobierno, su partido y de quienes han ejercido y abusado el poder político en los gobiernos anteriores.

Ante el creciente deterioro nacional, no hay que descartar que esta ciudadanía se manifieste en las calles pacíficamente, dando nuevamente ejemplo cívico para expresar su descontento con la situación política del país y exigir un cambio de rumbo. La mayoría de la ciudadanía honrada y trabajadora aspira a desarrollarse en familia en un ambiente seguro, en paz y con oportunidades de movilidad social que no deben ni pueden estar dependiendo del auxilio de la comunidad internacional.