Donald Trump había tenido un traspié en su obsesión por expulsar indiscriminadamente a los inmigrantes de habla hispana vía acciones masivas de la ICE, agencia de control de aduanas, sin importar situación legal. Kilmar Ábrego García, salvadoreño autorizado a permanecer en Estados Unidos, cayó en una redada, fue a la cárcel salvadoreña Cicot, dedicada exclusivamente a criminales mareros, despiadados y asesinos, aunque él carece de antecedentes penales. La justicia estadounidense ordenó su traslado de regreso, pero el gobierno desobedeció, con el pretexto de no poder hacerlo por ya estar en manos de las autoridades salvadoreñas. En ese ambiente enrarecido, se anunció la visita a Washington de Bukele, quien la anunció oficialmente con bombos y platillos.

Ambos políticos están unidos por razones ideológicas y similitudes en cuanto al papel presidencial en un gobierno electo. Asistieron a la junta Kristi Noem, encargada de la Seguridad Interna, así como prensa —casi toda favorable—. Al tratarse este grueso error de la ICE, sugirió al gobernante visitante pedirle al anfitrión ordenar el regreso del apresado ilegalmente. Así, Trump quedaba bien al aceptarlo, salvaba su ego y salía en caballo blanco. Era una trampa, pero no fue necesaria, porque la respuesta sorprendió a todos: “No puedo devolver a un criminal a Estados Unidos”. Se declaró acusador, juez y verdugo de un ciudadano inocente, aunque hasta sus captores ya reconocían su error. Eso castiga a la esposa y demuestra desinterés por quienes debieron salir de su país.

Las reacciones de Washington no se hicieron esperar. Karolin Leavit, vocera de la Casa Blanca, dijo burlonamente: “Parece como si se tratara del padre del año”. Bukele debe ahora explicar la verdadera razón de seguir recibiendo prisioneros venezolanos acusados de integrar una peligrosa banda internacional. Trump calificó de ridícula la visita del senador demócrata Chris Van Hollen, quien pidió ver a Ábrego García, y esto ocurrió en un lugar muy elegante y con dos bebidas margaritas. El orden trumpista de desobedecer a la justicia es otra situación sin precedente, y amenaza con debilitar la base de la democracia: el respeto irrestricto a la ley y a las decisiones de quienes las toman. Eso impide la crítica a las dictaduras, porque siempre actúan de esa manera.

Este caso interesa a Guatemala, por la obvia razón de las decenas de miles de guatemaltecos residentes —legalmente o no— en Estados Unidos. Arévalo debería olvidarse de las “mesas de diálogo”, sesudos análisis y demás actitudes causantes de pérdida de tiempo, y declarar públicamente qué hará en casos similares. Quienes están “sin papeles” están en una posición legalmente indefendible, pero los “legales” injustamente capturados y listos para ser trasladados a Guatemala sin duda recibirán protección de un juez. Conocer esa decisión, eminentemente presidencial, llevará alivio a quienes dependen de las remesas y sufren ahora ante la absurda decisión de un éxodo obligado causante de aumento de precios de comida recogida en los campos y del valor de las casas.

Por aparte, esta oferta rechazada por Bukele fue una victoria para Trump, sobre todo a nivel interno, porque debilitó esa obligación de obedecer la ley, sin importar la jerarquía de quien las decide. Esto ocurre en la totalidad de los países gobernados por regímenes totalitarios o dictaduras en cualquier parte del mundo, menos en los gobiernos totalitarios en camino a convertirse en dictaduras. Rusia se libró de aranceles, no así El Salvador, lo cual demuestra la inutilidad práctica del chaquetazo. Por cierto, Guatemala también está afectada por el mismo 10%, y queda clara la decisión de no importar las tendencias ideológicas distintas a la hora de afectar economías de otros países, ni tampoco los posibles y terribles efectos de las reacciones ante los absurdos aranceles.