Las dudas legales surgidas por la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de designar magistrados para nuevas salas de apelaciones aún no han sido resueltas. Mientras tanto, el Congreso solicitó un dictamen jurídico antes de fijar una postura.

El análisis está a cargo del departamento jurídico del Organismo Legislativo, luego de que la Junta Directiva recibió el informe de un magistrado de la CSJ y de que el Consejo de la Carrera Judicial les notificara sobre la creación de dos nuevas salas judiciales.

El dictamen aún no ha sido entregado a la Junta Directiva del Congreso, que espera conocer esa opinión, según declaró el diputado Juan Carlos Rivera, tercer secretario del Legislativo.

“Como Junta Directiva, los oficios que hemos recibido los remitimos al departamento jurídico del Congreso, que está evaluando la correspondencia. Estamos pendientes del dictamen”, explicó Rivera.

El diputado considera que la CSJ puede hacer la designación con base en el listado de profesionales electos por el Congreso, apoyándose en sentencias constitucionales anteriores. Aclara, sin embargo, que esa es su opinión personal y no refleja el criterio de la Junta Directiva.

El Organismo Judicial creó cuatro nuevas salas de apelaciones en Suchitepéquez, El Progreso, Totonicapán y Coatepeque (Quetzaltenango).

En lugar de informar al Congreso sobre las vacantes, la mayoría del pleno de la CSJ resolvió nombrar directamente a los magistrados, una acción que según expertos, corresponde constitucionalmente al Congreso.

Dos avisos

La decisión quedó documentada en un informe enviado al Congreso por el magistrado Estuardo Cárdenas, quien advirtió que podría acarrear repercusiones legales.

El Consejo de la Carrera Judicial notificó al Congreso sobre la creación de las salas de Totonicapán y Coatepeque, sin solicitar que se inicie el proceso de elección. La comunicación únicamente informa que dichas salas ya están en funcionamiento.

El departamento de Comunicación Social del Congreso informó que los avisos fueron conocidos por la Junta Directiva, que “desarrollará el trámite correspondiente conforme a la Ley de la Carrera Judicial”.

El artículo 6 de dicha norma establece que, tras recibir el aviso de vacantes, el Congreso debe emitir la convocatoria para la elección. Sin embargo, la respuesta institucional aún no es clara.

🚨 #COMUNICADO | Invitamos a la Corte Suprema de Justicia a reencauzar estas integraciones dentro del marco constitucional.@ASIES_GT@FundacionLD@guatevisible@jovenesporguate@organismonaleb@1eroGuate@U_Landivarpic.twitter.com/ZCQiYzh3BC

— Foro Guatemala (@foro_gt) September 16, 2025

CC en silencio

Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, la Corte de Constitucionalidad (CC) es la única instancia que puede resolver las dudas sobre los recientes nombramientos.

La CC ya conoce del caso mediante un amparo presentado el 1 de septiembre por el abogado Edgar Ortiz, quien denuncia violaciones constitucionales en los nombramientos realizados por la CSJ.

El caso aún no ha sido programado para resolución por la presidenta de la CC, magistrada Leyla Lemus. Ibarra considera que el proceso podría retrasarse por intereses de reelección de algunos magistrados constitucionales.

“De cara a un proceso de renovación, los magistrados que buscan reelección no querrán incomodar y están permitiendo que la CSJ actúe sin contrapesos”, afirmó Ibarra.

La CSJ y el Congreso tienen la potestad de reelegir a dos magistrados titulares y a dos suplentes de la CC. Por eso, el caso podría evitarse para no generar tensiones con los electores, señala la experta.

“El grupo mayoritario de la CSJ integra una alianza cercana a diputados como Allan Rodríguez, Carlos López y Felipe Alejos. Ellos, en octubre del 2024, eligieron magistrados y ahora buscan que sus suplentes ocupen, aunque sea de forma de facto e ilegal, las nuevas salas que han creado”, añadió Ibarra.

Según su análisis, el Congreso podría incluir la elección de magistrados de apelaciones en futuras sesiones plenarias, aunque advierte que dicho punto podría postergarse durante toda la magistratura judicial que finaliza en el 2029.

Deben convocar

Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, opina que, aunque la notificación del Consejo de la Carrera Judicial no sea completa, el Congreso debe garantizar el respeto a la ley y convocar a elecciones para las vacantes.

“La CSJ no puede hacer esos nombramientos. Establece un precedente nefasto y genera inestabilidad judicial, vulnerando la garantía del juez natural. Lo correcto era esperar la designación del Congreso”, declaró Rodríguez.

Cada sala de apelaciones se integra por tres magistrados titulares y dos suplentes. Para cumplir con el procedimiento, el Congreso debe prepararse para elegir a 12 titulares y ocho suplentes para las cuatro nuevas salas.

“Es evidente que esas salas no existían en la elección realizada en el 2024. Ahora el presidente del Congreso debe convocar la elección utilizando los listados disponibles”, añadió.

Ibarra considera que la actual situación refleja una “desintegración” de la Corte de Apelaciones, al no contar con los magistrados necesarios para las 56 salas existentes.

El problema, asegura, se agravará con la instalación de otras 13 nuevas salas de apelaciones ya creadas y a la espera de un espacio físico para su funcionamiento, según documentos enviados al Congreso.