Un informe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) advierte que en los portales de finanzas y seguimiento de los proyectos no figuran cerca de Q1 mil millones del presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). La entidad argumentó que no se trata de una falla, sino de una carencia de capacidad de planificación en los municipios.

El informe, elaborado por la Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversión para el Desarrollo y fechado el 31 de julio —el más reciente hasta el cierre de esta nota—, indica que en los sistemas de contabilidad e inversión pública se registraban solo Q11 mil 86 millones tanto en proyectos en ejecución como en proceso de aprobación.

Esto deja Q1 mil 183 millones fuera del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esos fondos no están registrados debido a que hay un déficit de obras frente a los recursos. Según el procedimiento, el identificativo en el SNIP con el presupuesto previsto se asigna y se refleja en los portales.

Segeplán sostiene que es habitual que los montos no coincidan, y que ese atraso en el registro obedece a la debilidad de planificación y gestión de los gobiernos locales.

“El atraso de la gestión de los Codedes para la asignación de los fondos radica en la débil institucionalidad de las entidades, lo cual se expresa en la falta de planificación, la debilidad técnica de los expedientes —que impide su aprobación para ser financiados—, los retrasos en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades para emitir autorizaciones y avales, así como las diversas prórrogas para las entregas, entre otros factores”, indicó la Segeplán.

Cada prórroga para completar los trámites administrativos de aprobación de obras se aprueba por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). La última solicitud fue planteada por la Segeplán con apoyo de alcaldes y de algunos miembros de la sociedad civil.

Este año existen dos propuestas para que los fondos de los Codedes sean multianuales, es decir, que los recursos no ejecutados se trasladen a próximos periodos. La situación, objeto de crítica por parte de diversos centros de análisis y sectores, se incluye tanto en el proyecto de presupuesto del 2026 como en el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso y pendiente de sanción o veto por parte del Ejecutivo.

En ambos casos, lo más discutido es la falta de capacidades técnicas en todas las fases del proceso.

Pendientes de aprobación

Otro informe de la Segeplán que analiza los factores más frecuentes que retrasan la aprobación de proyectos establece que, en el 85% de los casos no aprobados, el expediente no se ajusta a la guía correspondiente; en el 80% falta el aval del ente rector sectorial.

En un 70% de los casos no se incluye la resolución ambiental que debe emitir la cartera de Ambiente; en un 65%, hay inconsistencias entre la información digital y los documentos físicos. Asimismo, en otro 65% de los expedientes falta documentación técnica como planos, firmas profesionales o estudios técnicos mal formulados.

El informe de la consultoría también señala una práctica detectada en algunas delegaciones, donde se emite la opinión técnica el mismo día de la recepción del expediente, lo cual “puede comprometer la calidad del análisis técnico”, según el documento.

La consultoría hizo esas observaciones con base en los más de 1 mil 820 proyectos pendientes de aprobación hasta junio de este año.

Revisar el modelo de gestión

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que tanto la Segeplán como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) debieron diseñar un modelo de gestión de los recursos y evaluar el beneficio real de los proyectos de los Codedes para las comunidades, ya que en 20 años de existencia del sistema nunca se ha hecho.

“Deben diseñar un modelo de gestión de esos recursos, pero comenzando por evaluar la pertinencia del uso de esos recursos”, comentó Linares.

Según el Sicoin, solo en obras de transporte se han ejecutado más de Q1 mil 900 millones, principalmente en reparación de caminos rurales, lo que representa el rubro con mayor ejecución.

Agregó que no hay una participación real de los miembros de los consejos, quienes solo aprueban lo propuesto por los alcaldes.

“No hay forma de corroborar que los trabajos se hicieron, y, por otro lado, no se cumple con las normas del Conadur sobre el tipo de proyectos elegibles, porque hace unos años se excluyeron las vías urbanas”, recordó el analista.

Concluyó que los mismos integrantes reconocen no tener los recursos, el tiempo ni el conocimiento técnico para fiscalizar la ejecución física de las obras.