Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en un modo mucho más agresivo que el de su primero. Las amenazas de aplicar aranceles como herramienta de política pueden resultar más o menos preocupantes —para el resto del mundo—, dependiendo de si su finalidad es la de proteger su industria doméstica, o si es la de elevar sus ingresos fiscales, o si solamente se trata de un recurso transaccional para negociar otros objetivos políticos.
Si el objetivo fuese proteccionista, los aranceles buscarían reducir el déficit comercial de Estados Unidos y defender su industria de la supuesta competencia desleal de otros países (especialmente China): así, Trump vería los aranceles como una forma de incentivar la inversión e impulsar la producción. Si el objetivo fuera más bien fiscal, Trump estaría aplicando aranceles con el fin de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los proveedores extranjeros, lo que le permitiría reducir los impuestos internos.

Sin embargo, cualquier estudiante de economía, o cualquier historiador aficionado, podrían decirles a los políticos proaranceles que ninguno de esos objetivos tiene demasiado sentido. Aranceles más altos implican productos importados más caros, lo cual ocasionaría que se reduzca la demanda de dólares y se aprecie la moneda estadounidense, encareciendo así las exportaciones gringas: los aranceles acabarían siendo un impuesto no solo sobre sus importaciones, sino también sobre sus exportaciones. Este efecto se exacerbaría aún más si otros países decidieran tomar represalias subiendo sus propios aranceles. Adicionalmente, los aranceles encarecerían los productos importados, empobreciendo a los consumidores estadounidenses. Todo un suicidio económico que sería incluso más doloroso porque los pocos empleos creados gracias a los aranceles se concentrarían solo en aquellas industrias (las menos eficientes, que necesitan ser protegidas para sobrevivir a la competencia internacional) y perjudicarían al resto de industrias al incrementarles el costo de sus insumos.

Los aranceles tampoco significarían un gran aumento en los ingresos del gobierno estadounidense, ya que (incluso aumentándolos) representan una mínima fracción de su gigantesco presupuesto. Así que la única justificación lógica de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación (el garrote) para extraer concesiones de sus socios comerciales a cambio de mantener la buena voluntad de los Estados Unidos (la zanahoria). Es muy probable que esto lo sepan bien los gobiernos de China y Europa (y México y Canadá), por lo que —esperemos— no deberían tomar represalias arancelarias agresivas, sino más bien responder quirúrgicamente a las medidas de Trump (con un bisturí, no con un machete) y así evitar una guerra comercial de la que nadie puede salir ganando.

En este contexto, lo que no podemos hacer quienes creemos en el libre comercio (y en los colosales beneficios que este le ha traído al progreso material de la humanidad en las últimas décadas) es resignarnos ante la ola de proteccionismo que amenaza con regresarnos un siglo en la historia. La ciencia económica y la historia demuestran con claridad que los aranceles siempre han sido contraproducentes: restringen la competitividad y la innovación, protegen a las industrias más ineficientes, aumentan el costo de vida y reducen el crecimiento económico. Conviene recordar que fueron precisamente las políticas económicas netamente nacionalistas (proteccionistas) las que hace cien años ocasionaron el colapso monetario y comercial más grande de la historia.