Juez condena a 1 año y medio a excandidata de partido Valor y ordena su inmediata libertad
Entre dudas, discusiones y amenazas, el Juzgado de Mayor Riesgo C llevó a cabo la audiencia de aceptación de cargos para la excandidata a diputada del partido Valor, Blanca Saravia, implicada en el caso de la muerte de su prima, la abogada y exasesora del Instituto de Fomento Municipal (Infom), Sindy Paz. La audiencia que […]
Entre dudas, discusiones y amenazas, el Juzgado de Mayor Riesgo C llevó a cabo la audiencia de aceptación de cargos para la excandidata a diputada del partido Valor, Blanca Saravia, implicada en el caso de la muerte de su prima, la abogada y exasesora del Instituto de Fomento Municipal (Infom), Sindy Paz.
La audiencia que fue adelantada por el juez de mayor riesgo C, Edy de León, previamente este los había citado para discutir la audiencia de etapa intermedia, donde el Ministerio Público (MP) tenía previsto presentar lo encontrado en la investigación y detallar las pruebas encontradas, con las cuales aseguran que Saravia fue una de las autoras intelectuales del asesinato de Paz, inició con dudas por parte de la fiscalía.
Al inicio, el fiscal, Edgar Maas, intentaba señalarle al juez que la acusación contenía otros hechos que no estaban enmarcados en el delito de encubrimiento impropio, el cual fue aceptado por la Corte de Constitucionalidad (CC) apenas el jueves de la semana pasada, sin embargo, bajo una amenaza de certificar lo conducente contra el fiscal, el juez presionó a este para presentar la imputación por ese delito.
«SOLO DIGA SÍ O NO»
«Hay incumplimiento por parte del fiscal, preguntó… ¿quiere imputarle los hechos a la sindicada del auto de reforma por el cual usted ya tiene pleno conocimiento de la CC? Solo confírmeme la palabra diciendo sí o no para que yo certifique por el delito de incumplimiento y desobediencia», señaló el juzgador.
Ante la insistencia del juez para que imputara, Maas aseguró que la acusación contenía otros elementos, pero el juez señaló que este debía hacer la imputación respectiva.
Es de mencionar que en este caso, la CC no ordenó que se realizara una imputación de hechos por este delito; de acuerdo a la resolución emitida el jueves pasado por el tribunal constitucional, los magistrados señalaron que «la reforma del auto de procesamiento no posee el carácter de definitiva, porque, como quedó asentado, contra tal decisión puede hacer valer los demás mecanismos de defensa idóneos dentro del trámite del proceso penal», por lo que dicho delito todavía quedaba sujeto a un posible cambio según lo investigado por el MP.
CONDENADA Y LIBERADA
Luego de escuchar la nueva imputación, Saravia aseguró que no pensaba aceptar cargos por asesinato, pero sí por encubrimiento impropio.
«La primera vez que yo tuve conocimiento que estaba involucrada y omití y acepto la culpabilidad de no haber ido ante el Ministerio Público y denunciar el hecho, un día que la señora esposa del señor Hancer, por una llamada a través de Facebook Messenger, que me dijo, ya sabe que Jorge (exesposo) está involucrado en el asesinato de Sindy», relató.
Saravia aseguró que estuvo amenazada para que no denunciara ni diera conocimiento de los supuestos involucrados en el caso. «Señor juez, acepto que lo encubrí, porque no fui al Ministerio Público a poner la denuncia de lo que estaban diciendo», indicó.
Tras la aceptación, el juez Edy de León decidió condenarla a 3 años de prisión por el delito de encubrimiento impropio, que, con el beneficio de la aceptación de cargos, fue rebajada a un año y seis meses de cárcel.
No obstante, derivado de que Saravia guardaba prisión preventiva desde mayo de 2024, se determinó que esta había cumplido dicha condena, por lo que el juez ordenó su liberación inmediata, y además, giró órdenes para que se le brinde seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) luego que la excandidata señalara ser víctima de presuntas amenazas en su contra.
OTROS A PROCESO
Mientras tanto, los otros cuatro implicados en el caso, entre los que se encuentra Jorge Casasola, exesposo de Saravia, continuaron en audiencia, donde se discute si estos deben o no enfrentar juicio por su participación en el asesinato de Paz, ocurrido en 2017 frente a las instalaciones de la Universidad Mariano Gálvez, en la zona 2 capitalina.