Presupuesto 2027: CIEN cuestiona prioridades de gasto y planificación de los recursos
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, por Q192 mil 045.1 millones, abre interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la distribución de los recursos y la capacidad del Estado para traducir el gasto en mejores servicios para la población. Estos aspectos forman parte de las conclusiones presentadas […]
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, por Q192 mil 045.1 millones, abre interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la distribución de los recursos y la capacidad del Estado para traducir el gasto en mejores servicios para la población.
Estos aspectos forman parte de las conclusiones presentadas este jueves por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), tras analizar el proyecto presupuestario mediante su ejercicio Alerta Presupuesto, que examina aspectos como el endeudamiento, las prioridades del gasto y la calidad de la planificación pública.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN y experto en temas presupuestarios, señaló que la formulación del presupuesto está expuesta a disputas de influencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y distintos grupos de interés, entre ellos alcaldes y sindicatos.
Ante estas presiones, destacó que el presupuesto debe vincular la asignación de los recursos públicos con metas claras de planificación y resultados verificables, de modo que el gasto se traduzca en bienes y servicios que contribuyan a mejorar de forma sostenible la calidad de vida de la población.
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DÉFICIT Y DEUDA POR ENCIMA DE LA META
Una de las principales alertas del CIEN es que el proyecto propone un déficit fiscal equivalente al 4.43% del producto interno bruto (PIB).
De acuerdo con el análisis, sería el segundo déficit más alto desde 2004, superado únicamente por el 4.91% registrado en 2020, durante la emergencia de la pandemia.
Un déficit de esta magnitud implica que los ingresos previstos no serían suficientes para cubrir todo el gasto presupuestado y que el Estado tendría que recurrir a financiamiento adicional.
El análisis también señala una diferencia entre la trayectoria de la deuda prevista en el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla y la planteada en el presupuesto.
Según Lavarreda, el plan ofrecía reducir la deuda pública a 26.8% del PIB al cierre de 2027, mientras que el proyecto presupuestario llevaría el saldo de la deuda a 29.4% del PIB.
La comparación coloca en el centro del debate la sostenibilidad fiscal y la necesidad de evaluar cómo las decisiones de gasto y financiamiento afectarán las cuentas públicas en los próximos años.
La rigidez presupuestaria es otro factor determinante. Las normas constitucionales y otras leyes establecen asignaciones específicas para determinadas instituciones y obligaciones, lo que limita el margen de decisión sobre una parte importante de los recursos.
De los Q192 mil045.1 millones propuestos, Q78 mil 992.9 millones —el 41.1% del presupuesto— corresponden a transferencias corrientes y de capital. De ese monto, Q22,799.7 millones se financiarían con deuda pública, según las cifras presentadas por el CIEN.
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Para el centro de investigación, esta combinación plantea una pregunta fundamental: qué proporción del nuevo endeudamiento se traduce en inversión productiva y qué parte termina cubriendo gastos que no generan activos duraderos.
Lavarreda advirtió que la iniciativa contempla financiar con deuda gastos de funcionamiento, incluidos salarios, y sostuvo que vuelve a incumplirse la denominada “regla de oro” de las finanzas públicas, que busca evitar que el endeudamiento se utilice para financiar gasto corriente.
FUNCIONAMIENTO CRECE; LA INVERSIÓN NO
La composición del gasto constituye otra de las preocupaciones señaladas por el CIEN.
Según su análisis, los gastos de funcionamiento pasarían de representar el 10.7% del PIB en el presupuesto vigente de 2026 al 11.8% en el proyecto para 2027.
En contraste, la inversión pública bajaría del 3.8% al 3.5% del PIB. Esta evolución supone una mayor participación del gasto operativo y una menor proporción destinada a inversión, aunque el impacto final dependerá también de la ejecución efectiva de los recursos.
Dentro del gasto de funcionamiento, el desarrollo humano representa el 45.5%. Para 2027, la subcategoría de bienes y servicios equivaldría al 23.3%, mientras que el pago de recurso humano abarcaría el 45.3% del gasto de funcionamiento.
Lavarreda destacó que el gasto en recurso humano explicaría alrededor del 29% del incremento neto de los gastos de funcionamiento al comparar el período 2004-2007 con el proyecto presupuestario de 2027.
El análisis también identifica una concentración importante del personal público: los ministerios de Educación, Salud y Gobernación reúnen el 76.2% de los empleados activos.
Educación destaca por su tamaño y por las obligaciones laborales vinculadas con su pacto colectivo de 2022, que incluye un aumento salarial del 3%, un bono anual de Q2,500 en junio y otras disposiciones relacionadas con la estabilidad laboral y las licencias sindicales, según lo expuesto por el CIEN.
La discusión planteada por el centro no se limita al costo de la planilla, sino que abarca la relación entre los recursos asignados y los resultados obtenidos.
Lavarreda cuestionó que las condiciones laborales no estén vinculadas a requisitos de mejora docente y citó resultados de 2024 según los cuales seis de cada diez maestros no alcanzaron 60 puntos en matemática, comunicación y lenguaje y estrategias de enseñanza.
También señaló que los resultados recientes de las pruebas PISA reflejan una caída en las habilidades de los estudiantes guatemaltecos. Estas referencias refuerzan el debate sobre cómo vincular el financiamiento público con indicadores verificables de calidad educativa.
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OBLIGACIONES Y DEUDA ABSORBEN PRESUPUESTO
Al analizar para qué se gasta y quién ejecuta los recursos, el CIEN identificó dos grandes componentes: las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y el servicio de la deuda pública.
En conjunto, ambos representarían el 51.4% del proyecto de presupuesto de 2027. Las primeras incluyen transferencias a otros niveles de gobierno y a entidades descentralizadas, por lo que una proporción considerable de los recursos se canaliza a través de instituciones distintas de los ministerios que ejecutan directamente las políticas públicas.
El proyecto mantiene a la educación y a las transacciones vinculadas con la deuda pública entre sus principales prioridades, en línea con una tendencia observada por el CIEN durante el período 2012-2025.
Sin embargo, el centro señala que el Ministerio de Comunicaciones tendría una de sus participaciones presupuestarias más bajas desde 2004, un dato relevante en un contexto en el que la infraestructura y la conectividad son componentes importantes para la actividad económica.
La concentración del presupuesto en transferencias y obligaciones limita el espacio disponible para reasignar recursos, especialmente cuando existen compromisos legales o financieros que deben atenderse.
Por ello, el CIEN considera necesario examinar no solo el monto total del presupuesto, sino también la justificación técnica de cada asignación, sus objetivos y los resultados que se espera obtener.
CODEDES EN LA MIRA
Uno de los puntos más sensibles del análisis corresponde a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES), que recibirían Q4,582.3 millones en 2027 para financiar 2,732 obras.
Según el CIEN, el 99.6% de estas iniciativas correspondería a inversiones con un tope de Q10 millones y el costo promedio por obra sería de aproximadamente Q1.68 millones.
El centro advierte que la capacidad de ejecutar estos recursos debe analizarse a la luz de los resultados previos. Del aporte extraordinario de Q6,312.1 millones asignado a los CODEDES, únicamente se había ejecutado el 3.2% hasta agosto de 2026, de acuerdo con los datos presentados.
Para el CIEN, este nivel de ejecución evidencia la importancia de contar con una planificación adecuada, proyectos técnicamente preparados y mecanismos de seguimiento que permitan reducir los riesgos de retrasos y problemas de calidad.
La preocupación aumenta por el artículo 105 del proyecto, que contempla un aporte de Q1,200 millones para los CODEDES sin que, según el análisis del CIEN, exista una evaluación y priorización previa de las obras que se financiarían.
Lavarreda considera que una asignación de este tipo carece del fundamento técnico necesario para determinar su rentabilidad social y su contribución al desarrollo. El centro advierte que, sin criterios transparentes de selección y evaluación, existe el riesgo de financiar obras que no respondan a las necesidades prioritarias de las comunidades o que no produzcan beneficios proporcionales a su costo.
En un año preelectoral, el CIEN también considera urgente revisar las asignaciones especiales y los aportes extraordinarios a los CODEDES para reducir el riesgo de que los recursos estatales se utilicen con fines políticos.
El punto central, según el planteamiento del centro, es que la selección de proyectos debe responder a necesidades demostrables, evaluaciones técnicas y beneficios para la población, y no únicamente a decisiones de distribución presupuestaria.
CIEN PIDE DICTAMEN TÉCNICO Y TRANSPARENCIA
Ante estos hallazgos, el CIEN recomendó que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emita un dictamen sobre el proyecto de presupuesto de 2027 con un sólido fundamento técnico y respetando la Ley Orgánica del Presupuesto.
Entre las propuestas del CIEN figuran:
– Evitar la incorporación de ampliaciones presupuestarias preaprobadas sin el debido respaldo.
– Impedir asignaciones presupuestarias sin justificación técnica.
– Transparentar el rubro de «otros impuestos».
– Asegurar que las obras cuenten con opinión técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
El centro también plantea revisar las asignaciones destinadas a los CODEDES y evitar que se apruebe nuevo endeudamiento para financiar deuda, en línea con su interpretación de la regla de oro fiscal.
Estas recomendaciones buscan que la discusión legislativa vaya más allá de negociar montos y transferencias y se concentre en la sostenibilidad de las cuentas públicas, la calidad de la inversión y la rendición de cuentas.
El proyecto de presupuesto de 2027 pone sobre la mesa una disyuntiva central para Guatemala: aumentar el gasto público no garantiza, por sí solo, mejores servicios ni mayor desarrollo.
La diferencia depende de cómo se distribuyen los recursos, de la calidad de los proyectos, de la capacidad de ejecución y de la transparencia con que se evalúan los resultados.