Desconfianza y crisis de representación debilitan la democracia en Guatemala, asegura informe
Guatemala presenta uno de los indicadores más preocupantes sobre el respaldo ciudadano a la democracia en América Latina. Solo el 35% de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Este es el porcentaje más bajo entre los países evaluados en el informe Latinobarómetro 2026, que también refleja una […]
Guatemala presenta uno de los indicadores más preocupantes sobre el respaldo ciudadano a la democracia en América Latina.
Solo el 35% de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Este es el porcentaje más bajo entre los países evaluados en el informe Latinobarómetro 2026, que también refleja una percepción limitada de los resultados del Estado y cuestionamientos a los mecanismos de representación política.
El estudio, publicado el 2 de octubre de 2026 se basa en 19 mil 207 entrevistas presenciales realizadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de este año en 17 países de la región.
Sus resultados muestran que el respaldo a la democracia en Guatemala se encuentra 17 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano, situado en 52%.
La diferencia también es considerable frente a los países con mayores niveles de apoyo.
Argentina encabeza el indicador con 73%, seguida de Uruguay, con 64%, y Costa Rica y Chile, con 63% cada uno.
En el extremo inferior, Guatemala registra un resultado menor que Brasil, con 41%; Honduras, con 42%; y Ecuador, con 43%.
La brecha de 38 puntos porcentuales entre Guatemala y Argentina refleja las diferencias en la adhesión ciudadana a la democracia dentro de la región; sin embargo, el dato guatemalteco no debe interpretarse de manera aislada: el informe examina también las expectativas sobre el desempeño del Estado, la confianza en las instituciones y la disposición a aceptar gobiernos no democráticos cuando prometen resolver los problemas de la población.
RESULTADO ES UNA COMBINACIÓN DE FACTORES
Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), el resultado responde a una combinación de factores y no a una sola causa. Entre ellos identifica la distancia entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de los gobiernos para atender necesidades relacionadas con la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la justicia, el desempleo y la corrupción.
“Las personas están en contra de cómo los ‘representantes’ electos han hecho funcionar la democracia, no contra la democracia como sistema político”, sostuvo Hidalgo.
Su interpretación plantea una distinción relevante: el descontento con quienes ejercen el poder y con el funcionamiento de las instituciones no equivale necesariamente a un rechazo absoluto de los principios democráticos. No obstante, cuando los gobiernos no responden a las expectativas de la población, la insatisfacción puede extenderse al sistema político que permite elegirlos.
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EL ESTADO, CUESTIONADO POR SUS RESULTADOS
Uno de los indicadores que permite profundizar en el desencanto ciudadano es la percepción sobre la capacidad del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población.
Según Latinobarómetro 2026, apenas el 14% de los guatemaltecos considera que el Estado ha hecho “mucho o algo” por ellos y sus familias.
El resultado coloca a Guatemala en el nivel más bajo de la región, junto con Panamá, y contrasta con el promedio latinoamericano de 26%. El Salvador registra una proporción de 52%, lo que evidencia diferencias importantes en la valoración ciudadana del desempeño estatal.
La percepción de que el Estado no responde a las necesidades de la población constituye un elemento central para comprender el debilitamiento del respaldo democrático.
Si las instituciones no consiguen traducir sus funciones en servicios públicos, seguridad, justicia y oportunidades, las elecciones pueden perder parte de su capacidad para generar expectativas positivas sobre el sistema político.
Hidalgo considera que esta situación está relacionada con la debilidad institucional y la falta de respuestas suficientes a los problemas históricos del país. A su juicio, después de más de cuatro décadas de gobiernos electos democráticamente, el Estado guatemalteco no ha logrado atender de manera satisfactoria las principales necesidades de la población.
«ACCIONES MÁS QUE DISCURSOS»
El director del Incep también señaló que las demandas ciudadanas se han vuelto más complejas. El acceso a las redes de comunicación permite conocer otras realidades, comparar condiciones de vida y mantener expectativas sobre lo que las autoridades deberían resolver.
En ese contexto, Hidalgo consideró que los funcionarios deben demostrar con hechos que las instituciones públicas están al servicio de la población y que su función no se limita a los discursos políticos.
La consecuencia de no hacerlo, advirtió, es una ampliación de la distancia entre la ciudadanía y la democracia.
Las crisis recurrentes, la falta de coordinación institucional y la ausencia de resultados concretos pueden deteriorar progresivamente la confianza en las autoridades y en el sistema político.
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UNA DEMOCRACIA QUE PUEDE FUNCIONAR SIN ELECCIONES O PARTIDOS
Los resultados de Latinobarómetro también plantean interrogantes sobre la valoración de los mecanismos fundamentales de la democracia.
En Guatemala, el 61% de los encuestados considera que no puede existir democracia sin elecciones. Aunque esta posición es mayoritaria, el país registra el porcentaje más bajo de América Latina en ese indicador.
Aproximadamente un tercio de los consultados considera que la democracia podría funcionar sin elecciones. Además, el 47% cree que podría funcionar sin partidos políticos, según los resultados difundidos sobre el estudio.
Estas respuestas reflejan una relación compleja con el sistema democrático: mientras una parte de la población reconoce la importancia de las elecciones, otra muestra disposición a imaginar un modelo que prescinda de mecanismos esenciales de participación y representación.
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La distinción importa porque las elecciones permiten a la ciudadanía elegir a sus autoridades, evaluar su desempeño y sustituirlas cuando no cumplen las expectativas.
Si se debilita la valoración de ese mecanismo, también puede reducirse la importancia que las personas atribuyen a la competencia política y a la rendición de cuentas.
Hidalgo consideró que el resultado evidencia una crisis de los mecanismos de representación, entre ellos los partidos políticos, el Congreso, la Presidencia, los gobiernos municipales y los procesos electorales.
“Significa que tenemos una crisis profunda con los mecanismos de representación”, explicó, al señalar que los resultados de estas instituciones han sido insuficientes y han contribuido a una crisis de gobernabilidad democrática.
El director del Incep, advirtió que el problema puede agravarse si las instituciones no recuperan su capacidad de respuesta y si los actores políticos no asumen su responsabilidad de vincular a la ciudadanía con el Estado.
Por ello, considera necesario fortalecer el sistema de justicia, mejorar las competencias de las instituciones públicas y promover una intermediación política que priorice el bien común por encima de los intereses personales o de grupos particulares.
PARTIDOS POLÍTICOS Y CONGRESO, EN EL CENTRO DEL DESENCANTO
La crisis de representación también se refleja en la percepción sobre los partidos políticos y los órganos legislativos.
En América Latina, el informe señala que el 76% de los ciudadanos no se siente representado por el Parlamento, mientras que la confianza promedio en los partidos políticos se sitúa en apenas 15%.
Para Guatemala, el analista político Ricardo Barreno destaca una proporción de 83% de ciudadanos que no se siente representado por el Congreso.
El análisis también señala que el 84% desconfía de cómo se gastan los impuestos. Estas cifras, citadas por el analista en su lectura del estudio, deben entenderse como indicadores de la distancia entre la población y las instituciones.
Hidalgo consideró que los partidos políticos han dejado de cumplir de manera permanente su función de intermediación entre la ciudadanía y el Estado. Explica que estas organizaciones deberían mantener contacto continuo con la población, identificar liderazgos legítimos, formar cuadros políticos y desarrollar propuestas de gobierno fundamentadas.
Sin embargo, sostiene que muchos partidos concentran su actividad en los períodos electorales y no construyen una relación constante con la sociedad.
“Todo lo han sustituido con la improvisación y el compadrazgo”, afirmó Hidalgo al cuestionar el funcionamiento de estas organizaciones.
A su juicio, la falta de una relación permanente con la ciudadanía impide generar confianza y construir una representación política legítima. Los partidos deberían contribuir a la formación cívica, al debate público y a la construcción de propuestas que respondan a las necesidades de la población.
Cuando esa función falla, el cuestionamiento no se limita a una organización política determinada. También puede extenderse al sistema democrático en su conjunto, debido a que las autoridades llegan al poder mediante procesos electorales en los que los partidos desempeñan un papel fundamental.
Hidalgo resumió esa contradicción al señalar que, si el Estado y los funcionarios electos no funcionan como espera la población, surge una pregunta sobre la utilidad de respaldar la democracia.
La recuperación de la confianza, por tanto, requiere más que campañas electorales o promesas de cambio. También demanda organizaciones políticas con estructuras sólidas, propuestas viables y una relación constante con la sociedad.
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LA PROMESA PUEDE ABRIR ESPACIO AL AUTORITARISMO
Otro de los hallazgos que genera preocupación es la disposición a aceptar gobiernos no democráticos cuando estos prometen resolver los problemas del país.
En Guatemala, el 60% de los encuestados estaría dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si este consiguiera solucionar los problemas de la población, según los resultados citados por Ricardo Barreno.
El analista también destacó que el 72% respalda la idea de la “mano dura”.
Estas cifras no significan que todos los ciudadanos que demandan seguridad, orden o eficacia gubernamental rechacen la democracia. Sí muestran una tensión entre la valoración de los principios democráticos y la expectativa de obtener resultados concretos, incluso cuando las soluciones propuestas implican un modelo de gobierno no democrático.
Barreno consideró que el descontento puede favorecer un voto pragmático e instrumental, en el que la ciudadanía prioriza la capacidad de los gobernantes para cumplir sus promesas por encima de la identificación ideológica.
Desde esa perspectiva, la evaluación del desempeño gubernamental adquiere un peso determinante. Cuando las instituciones no responden a las necesidades de la población, los liderazgos que prometen soluciones rápidas pueden encontrar un terreno favorable para ganar apoyo.
Hidalgo adviertió que la democracia no se consolida únicamente mediante elecciones, sino que necesita personas que conozcan y compartan sus principios y valores.
El problema, explicó, es que el mal desempeño de las instituciones de representación dificulta que la ciudadanía perciba las ventajas de la democracia frente a otras formas de gobierno.
Si el sistema se entiende como un concepto vacío, sin resultados que alivien las necesidades cotidianas, los discursos que prometen soluciones inmediatas pueden ganar aceptación.
El director del Incep alertó sobre el riesgo de que algunos liderazgos presenten el autoritarismo como una alternativa para salir de las crisis, sin que necesariamente se valoren sus consecuencias para las libertades, los derechos y los controles al ejercicio del poder.
La exigencia de resultados, en consecuencia, no es incompatible con la democracia. El riesgo aparece cuando la frustración lleva a considerar prescindibles las reglas, las instituciones y los mecanismos que limitan el poder de los gobernantes.
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EL DESCONTENTO NO SE EXPLICA POR LA IDEOLOGÍA
La lectura de Barreno también plantea que el respaldo a la democracia debe analizarse junto con las expectativas sobre el desempeño de los gobiernos y la capacidad de la oferta política para responder a ellas.
El analista sostuvo que el descontento ciudadano puede impulsar cambios en las preferencias electorales y favorecer a liderazgos que prometen eficacia, seguridad y soluciones a problemas concretos.
Por ello, consideró necesario examinar si la alternancia política permite recuperar la confianza o si abre espacio a personalismos que debilitan los contrapesos institucionales.
El contexto regional ofrece elementos para esa discusión. Latinobarómetro registra un respaldo promedio a la democracia de 52%, mientras que Guatemala se ubica en 35%.
Al mismo tiempo, el informe identifica una disposición significativa a aceptar gobiernos no democráticos cuando estos prometen resolver los problemas de la población.
Estas tendencias muestran que el respaldo a la democracia no depende únicamente de la preferencia por una ideología o partido. También está relacionado con la percepción de que las instituciones pueden ofrecer respuestas, garantizar derechos y permitir que la ciudadanía incida en las decisiones públicas.
Para Guatemala, el reto consiste en evitar que la insatisfacción con el desempeño de las autoridades se convierta en una renuncia a los principios democráticos. La demanda de mejores resultados puede y debe traducirse en exigencias de rendición de cuentas, transparencia, servicios públicos eficientes y justicia, sin que ello implique debilitar los controles institucionales.
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¿QUÉ SE NECESITA?
Para Hidalgo, recuperar el respaldo ciudadano requiere transformaciones institucionales profundas y sostenidas. No basta con reivindicar la democracia en el discurso: las autoridades deben demostrar que este sistema puede traducirse en mejores condiciones de vida.
Entre las medidas que plantea están el fortalecimiento de las instituciones públicas, la eficiencia y transparencia en su funcionamiento, la recuperación de los espacios de diálogo social y la promoción de formas reales de participación cívica y política.
También considera urgente fortalecer a los partidos políticos para que desarrollen procesos democráticos internos, mantengan una relación permanente con la ciudadanía y asuman su papel en la formación de liderazgos y la elaboración de propuestas de gobierno.
La construcción de confianza, sostiene, es un proceso prolongado que requiere diálogo, debate y acuerdos nacionales dentro de un Estado de derecho.
El desafío incluye recuperar la credibilidad de las instituciones de justicia y demostrar que el Estado puede responder a las necesidades de toda la población, sin privilegiar intereses particulares. De lo contrario, la distancia entre la ciudadanía y sus representantes puede continuar ampliándose.
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Los resultados de Latinobarómetro 2026 evidencian que el respaldo explícito a la democracia es limitado y que una proporción considerable de la población está dispuesta a considerar alternativas no democráticas si estas prometen resolver sus problemas.
La diferencia es fundamental para comprender el alcance del resultado: el país no solo enfrenta un problema de confianza en sus autoridades, sino también el desafío de demostrar que las instituciones democráticas pueden ofrecer respuestas concretas.
El 35% de apoyo registrado por Guatemala constituye una señal de alerta para el sistema político. Recuperar esa confianza exige preservar las elecciones y fortalecer los mecanismos de representación, pero también mejorar el desempeño del Estado, garantizar la rendición de cuentas y generar condiciones para que la población pueda desarrollar sus proyectos de vida.
La democracia no se sostiene únicamente por las reglas que permiten elegir a los gobernantes. También depende de que la ciudadanía encuentre razones para confiar en las instituciones, exigirles resultados y defender los mecanismos que permiten corregir sus fallas sin renunciar a sus derechos.