Por segunda vez, los magistrados de Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal dieron la razón al Ministerio Público (MP) y, ahora, buscan destituir a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, con la disposición que “no pueden ejercer el cargo”, según pudo conocer La Hora.

Sin embargo, la Ley en Materia de Antejuicio en su artículo 7 establece que un funcionario público “solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”. Cabe destacar que los cuatro magistrados fueron beneficiados con arresto domiciliario.

Además, la Sala Primera también aumentó la caución económica que la jueza Karen Chinchilla impuso a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de ligarlos a proceso penal. Ahora cada uno deberá pagar Q700 mil para continuar gozando de arresto domiciliario.

PRESIONES Y TIEMPOS

La decisión de los togados de la Sala Primera ocurre de cara a la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación, en donde los funcionarios judiciales podrían ser reelectos para otro período de cinco años.

Los magistrados que conforman la Sala Primera son el presidente Rafael Morales Solares y los vocales Aura Marina Mancilla Solares de Rodríguez y Germán Augusto Gómez Cachín.

Además, fuentes con conocimiento del tema pero que pidieron no ser citadas aseguraron a La Hora que los magistrados de dicha Sala fueron presionados para fallar en contra de los funcionarios del TSE.

El expediente de los magistrados del TSE fue recibido el pasado miércoles 3 de abril y la Sala Primera de Apelaciones entró a conocer la petición del MP en menos de 24 horas, dando como resultado un fallo favorable para la institución que dirige la sancionada fiscal general, María Consuelo Porras.

PROCESO ATROPELLADO

El pasado 14 de marzo, la jueza Chinchilla ligó a proceso penal a los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas por la posible comisión del delito de fraude por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). De esa cuenta, les impuso una caución económica de Q100 mil, que ahora fue modificada a Q700 mil.

Chinchilla no estaba designada para conocer el proceso, era la jueza Wendy Coloma quien tenía a cargo el caso; sin embargo, el MP presentó una recusación para apartar a Coloma de la carpeta judicial que involucra a los magistrados del TSE. Fue la misma Sala Primera de Apelaciones quien aceptó el pedido del ente investigador.

Además, el proceso en contra de los cuatro togados del órgano electoral ha presentado una serie de irregularidades. En el reportaje «Las dudosas maniobras del Ministerio Público contra los magistrados del TSE» se describe como la Fiscalía de Asuntos Internos logró una orden de captura tras una serie de acciones y recursos legales interpuestos.

El pasado 11 de diciembre, Estados Unidos dio a conocer, por medio de un comunicado, el retiro de visas a más de 100 diputados al Congreso de la República que conformaron la pasada legislatura, por votar a favor del retiro de inmunidad de los cuatro togados en medio de una crisis política cuando buscaban impedir que Bernardo Arévalo asumiera el poder.