En el artículo anterior, además de pasar revista histórica a la forma cómo la economía mundial ha ido desplazando sus centros de actividad principal de las cuencas marítimas del Mediterráneo hacia los mares del Norte y Báltico para después situarse en la cuenca del océano Atlántico hasta culminar en la actualidad ubicándose en la cuenca del océano Pacífico, situación que determina el hecho que China y California (Silicon Valley) sean mucho más importantes desde el punto de vista geoeconómico que Nueva York (Wall Street) y Londres (la City) también hicimos ver que los sistemas políticos deben diferenciarse de los sistemas económicos porque poseen “autonomía relativa”. Así se explica que el Estado intervenga en el sistema económico a fin de adecuarlo a las necesidades de la población obteniendo su legitimidad del hecho que los mercados se encuentran regulados y que el sector privado no interfiere en las políticas públicas. O dicho en otras palabras, la redistribución de riqueza obtenida por medio del sistema fiscal y del gasto social genera el consenso social democrático que necesitan los gobernantes, de manera que así se explica la hegemonía, en términos gramscianos, de partidos que ganan elecciones sucesivas en países como México, Rusia, Turquía, la India o El Salvador. Por el contrario, en aquellos países en donde el sistema liberal clásico la ausencia de “resultados sociales” ha alejado a considerables segmentos de la población de los partidos tradicionales sean estos de derecha o izquierda y así podemos ver cómo en Europa Occidental, Estados Unidos (el MAGA) o Argentina la extrema derecha “populista” se fortalece o llega al poder.

En países como el nuestro nunca se ha podido establecer una democracia liberal auténtica ya que dictaduras como las de Barrios, Estrada Cabrera o Ubico se autodenominaron “liberales” pero, al igual que los regímenes militares de mediados del siglo pasado, solo encubrían elecciones fraudulentas con “democracias de fachada”. Y aunque durante el decenio 44-54 de Arévalo y Árbenz se haya intentado construir un sistema democrático, todos sabemos lo que ocurrió. A pesar de ello, en 1985, en pleno conflicto armado y para deslegitimar a los insurgentes se hizo otro intento que, lamentablemente, está al borde del colapso debido a que el viejo régimen del “pacto de corruptos” se empeña en mantener la ingobernabilidad porque las elecciones del 2023 fueron ganadas por Semilla, un partido que no pertenece al “pacto”. En tales circunstancias y considerando que ya unos 25 “partidos franquicia” – cascarones vacíos que solo la corrupción reinante explica su autorización y registro – se disponen a participar en las próximas elecciones, un grupo disidente de Semilla está promoviendo la formación de un nuevo partido (Raíces) a quienes Marco Fonseca, un académico guatemalteco profesor en la Universidad de York en Canadá, dirigió una serie de observaciones que motivaron estas reflexiones.

Estando de acuerdo con la idea de Fonseca de que en lugar de tratar de organizar otro “partido de cuadros” para participar en las elecciones del 2027 se debería pensar en un instrumento político capaz de articular su acción con movimientos sociales, pueblos indígenas y colectivos urbanos recuperando la idea gramsciana de la hegemonía cultural proveniente de un “intelectual colectivo” cuya legitimidad derive del cumplimiento de las demandas sociales en materia de seguridad ciudadana, educación, salud, trabajo, vivienda, transporte o infraestructura dando satisfacción de los derechos económicos y sociales, es evidente que se requiere pensar en el largo plazo. En efecto, salvo que el presidente Arévalo depure efectivamente al MP el año entrante y logre restablecer una gobernabilidad efectiva, el pronóstico sobre lo que se puede hacer – en términos electorales en el 2027 – es bastante negativo y en el horizonte se perfila el retorno a “más de lo mismo”. De modo que habría que evitar caer en el error del electoralismo cortoplacista promoviendo la construcción de un partido que sea capaz de apuntarle, por lo menos, a la refundación del Estado. Esto incluso podría favorecer las aspiraciones presidenciales del principal dirigente de esa “corriente alternativa” originada en Semilla – Samuel Pérez – quien en entrevista reciente en Plaza Pública declaró que no se trata de que el partido se haya fraccionado – para Pérez ellos son solo un “clivaje ideológico” – porque se mantiene “el mismo proyecto y los mismos principios” que buscan “…no solo contar con la militancia en el mejor de los casos de Semilla, sino que abrir las puertas para que deje de ser un partido que inicia siendo muy urbano, muy homogéneo, muy metropolitano y se convierta en una organización nacional y popular”.

En consecuencia, creemos que lo mejor que podría hacer el joven Samuel Pérez (quien por razones de edad no puede aspirar a una candidatura presidencial) es que, si de verdad se aspira a dejar de ser un partido “urbano y metropolitano”, se debería pensar en esa organización nacional y popular con horizonte de largo plazo iniciando negociaciones para, poniendo ejemplos concretos, establecer una alianza con el pueblo maya y sus principales organizaciones, dentro de las cuales destacan los 48 Cantones dado que su movilización nacional en 2023 fue decisiva para allanar el camino que permitió a Bernardo Arévalo asumir la Presidencia de la República. Obviamente, cualquier negociación con los dirigentes de los pueblos originarios requiere – como condición sine qua non – despojarse de eso que Marta Casaus (notable investigadora social a quien FILGUA le dedica su edición de este año) ha llamado “racismo de Estado” porque este último no solo ha consistido en una “ideología de la diferencia y de la desigualdad” o una “forma de discriminación y opresión entre clases y grupos étnicos” sino que continúa siendo “una lógica del exterminio y de la exclusión… en donde radican las bases histórico-políticas del genocidio y la forma como se construyeron los estados homogéneos en los países coloniales”. En consecuencia, es indispensable que esa organización nacional popular de Samuel Pérez sea construida con la participación del pueblo maya en un plano de absoluta igualdad, si es que realmente se busca construir un actor político de nuevo cuño que, en tanto que intelectual colectivo, se oriente por lo que en un futuro, que esperemos no sea tan lejano, debería ser esa nación guatemalteca plural sustentada en los cuatro pueblos que la constituyen.

Somos de la opinión que para lograr tal objetivo sería conveniente entonces iniciar desde ya un diálogo político sobre la naturaleza de la “refundación del Estado”, proceso social que, obviamente, requerirá de una nueva Constitución. Esto último podría ser un buen punto de partida para iniciar un diálogo nacional destinado al pleno reconocimiento del sistema jurídico indígena y, dado que la estructura de las comunidades indígenas es extremadamente compleja, más que la lectura de Gramsci como sugiere Fonseca, recomendamos la lectura del libro de Diego Vásquez Coronado Heterarquía y Amaq’:Organización Social entre los k’iche’ occidentales [siglos XV-XXI] publicado en 2023 en edición conjunta de la editorial Cara Parens de URL con Sophos.

Para que los lectores tengan una idea de lo que trata el libro, citamos a continuación lo que dice Laura Matthew en el prólogo: “Frente a la crisis continua del Estado guatemalteco, Vásquez Monterroso observa que los mayas comparten sus tendencias heterárquicas con otros sistemas confederados o federalistas en el mundo, por ejemplo, Suiza, Alemania y los Estados Unidos mexicanos y norteamericanos. Sin embargo, nos pregunta: ¿cómo sería un Estado federalista basado en el ejemplo maya de la organización social ya puesto en práctica desde hace mucho tiempo por gran parte de la población de Guatemala? Sugiere algunos elementos que quizá darían respuesta a los graves problemas del Estado guatemalteco como las elecciones de consenso más que de mayoría, autoridades rotativas y meritocráticas y una pluralidad de sistemas jurídicos”. Algo que también he sugerido en artículos académicos en donde he escrito acerca de la democracia comunitaria en los 48 Cantones. Por supuesto, también habría que considerar otras cuestiones importantes sobre las que habría que ponerse de acuerdo. como el otorgamiento de derechos a la Madre Tierra para condicionar la utilización de los recursos naturales (el agua, los bosques, los minerales e hidrocarburos) a un desarrollo que sea realmente sostenible. No más construcción de hidroeléctricas sin que las comunidades se vean beneficiadas, por lo menos, con la reducción en las tarifas del servicio eléctrico. No más explotación minera sin previa consulta a las comunidades y sin que estas obtengan beneficios sociales pagados por las mineras. No más regalías ridículas del 1% ni exoneraciones fiscales.

Obviamente, en un nuevo texto constitucional también habría que lograr acuerdos sobre asuntos como el procedimiento para la elección de los magistrados tanto de la CSJ como de la CC y, por supuesto, eliminar el sistema de comisiones de postulación que solo ha servido para prostituir a la academia y al gremio de abogados. Los magistrados de corte de apelaciones deberían llegar a esos altos cargos por medio de ascensos basados en la meritocracia dentro de la carrera judicial. También habría que pensar en cómo garantizar que los diputados sean electos por distritos pequeños y representen realmente a sus electores, reduciendo su número, así como la reforma de la LEPP. Conservar la autonomía del MP es importante pero ningún presidente se debería ver maniatado para destituir a un(a) Fiscal General que se aparte de sus funciones para convertirse en persecutor político y también hay que pensar en una nueva fórmula para la elección de los magistrados tanto a la Corte Suprema como a la Corte de Constitucionalidad.

Por otra parte, si con la refundación del Estado se busca construir un sujeto político dotado de hegemonía cultural (en términos gramscianos) es probable que convenga aumentar los períodos presidenciales a un sexenio. En el terreno económico, habría que eliminar la prohibición para que el Banco de Guatemala otorgue crédito al Estado y llegar a un acuerdo sobre si deben mantenerse los porcentajes presupuestales fijos asignados a determinadas instituciones y entidades edilicias, si deben mantenerse las exoneraciones fiscales que benefician a iglesias e instituciones educativas o cómo hacer para que la CC limite su actuación a asuntos exclusivamente relacionados con la interpretación de la Constitución, al mismo tiempo que se asegura que la jurisprudencia constitucional sea fuente de derecho. La normativa constitucional debería ser clara a fin de impedir que jueces menores atropellen la autonomía del TSE y en materia de derechos humanos asegurarse la prevalencia del sistema interamericano y el cumplimiento de los fallos de la CIDH.

Y finalmente, habría que tener presente que no solo su “corriente alternativa” sino que el mismo Semilla – si logra salir de su ilegal suspensión – posee un amplio espectro de acciones para recuperar popularidad y presencia partidaria. Recordemos que en el mismo Plan de Gobierno de Semilla se dice que para “sembrar las semillas de un nuevo contrato social” con la visión puesta “en el largo plazo del año 2056” el partido se compromete a la elaboración de grandes acuerdos nacionales “en áreas estratégicas de nuestro desarrollo e identidad como nación” algo que incluye un Acuerdo de Bases para un Diálogo Constitucional sustentado en “… un proceso de revisión y renovación constitucional que nos permita identificar los consensos fundamentales que son necesarios para la construcción de un Estado democrático, de derecho para todos y para todas, de una nación plural unida e incluyente y de una economía puesta al servicio de la gente”. Dejar encaminado ese diálogo constitucional que se prometió en campaña electoral podría ser entonces uno de los mejores logros de la gestión presidencial de Bernardo Arévalo.