En el marco de las disputas entre inversionistas-estado Guatemala ha realizado un desembolso que asciende a unos US$166.4 millones, equivalente a unos Q1 mil 281.28 millones en un periodo de 12 años por sentencias que se han conocido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) con sede en Washington D.C.

El laudo que se emitió el pasado lunes 31 de marzo en el arbitraje que presentó la compañía Energía y Renovación Holding, S. A., (hidroeléctrica) por US$65.4 millones, que alcanza unos Q496.6 millones es la más alta contra el estado de Guatemala por parte del Ciadi en la serie del 2013 al 2025.

Se trata de denuncias que vienen desde hace años atrás y que los fallos conocidos por el tribunal arbitral, pero corresponderá a las actuales autoridades de gobierno darles cumplimiento, es decir, honrar los compromisos y la sentencia dictada por el ente internacional.

Esto significa, que se tendrán que hacer readecuaciones presupuestarias para pagar a los inversionistas afectados que no lograron desarrollar los proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango.

Tanto el Ministerio de Economía y de Finanzas, deberán de habilitar las partidas presupuestarias, y hacer el pago en el rubro de Sentencias Judiciales, en el caso del fallo emitido el pasado lunes con fondos del presupuesto público.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), es la que brinda el seguimiento en la parte de la defensa del estado de los litigios internacionales con inversionistas y los montos que implican.

El historial

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) o los Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversión que Guatemala ha suscrito con otros bloques económicos, se establecen las reglas, así como los instrumentos de soluciones de controversias con el estado. El Capítulo 10 del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos trata sobre inversión.

Cuando existen las diferencias, las compañías hacen reclamaciones de “compensación por daños y perjuicios” que son multicausales, pero un buen porcentaje es por el incumplimiento de los contratos por lo que acuden al Ciadi que es la institución a escala global que se dedica al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales y que tiene competencia para conocer los expedientes para el caso de Guatemala.

De los fallos que ha emitido el Ciadi contra el estado de Guatemala y la ejecución de la sentencia son cuatro.

En 2013 se emitió un laudo arbitral para Railroad Development Corporation (caso Ferrovías) por lo que se pagaron US$18 millones.

En 2020, a Teco Guatemala Holdings por unos US$37 millones y en 2022 US$46 millones a Teco.

Ahora en la lista de ejecución se suma US$64.5 millones para Energía y Renovación Holding, S. A.

Riesgos fiscales

Las demandas internacionales contra el estado de Guatemala y los respetivos fallos ya es una alarma para las finanzas públicas en cuanto a los riesgos que representa.

Un documento de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), expone que se han hecho erogaciones en concepto de arbitrajes internacionales, y se identifican montos que se han pagado al Ciadi que incluye pago de peritos, testigos, entre otros.

Del 2009 hasta el 2022, los gastos del Ministerio de Economía (Mineco, que actúa como administrador de los TLCs) en temas de controversias son de Q206.3 millones. “Dichos gastos muestran un comportamiento que es bastante fluctuante que depende de las resoluciones de los tribunales de arbitraje y de los resultados que se obtienen por parte de los abogados y peritos respectivos”, indica el informe.

Una de las reflexiones del análisis oficial es que “es importante indicar que la adecuada conducción de estos casos de arbitraje internacional y la ejecución de las sentencias mediante embargos de bienes del Estado en el exterior tiene un efecto sobre la percepción de riesgo en los diferentes agentes económicos, en el caso de los inversionistas internacionales y locales puede afectar la negociación de bonos del Tesoro en el mercado doméstico y en el mercado internacional de capitales ya que puede incidir en una disminución en la demanda de dichos títulos en el mercado o en el encarecimiento de estos”.

CIG: es un mensaje negativo a la inversión

Raúl Bouscayrol presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) analizó el alcance que tendrá esta sentencia para los potenciales inversionistas y la certeza, así como el fortalecimiento institucional para hacer frentes.

¿Qué significa para Guatemala está sentencia del Ciadi?

Esta sentencia es en el marco del TLC. El cual, es un tratado internacional, que tiene un apartado que regula lo relacionado con inversiones, entre ellas, la forma en que se van a resolver las controversias.

Lo anterior, da cierta certeza al inversionista, para hacer las inversiones, dado que, ante una eventual controversia, tiene una instancia internacional para plantear la demanda. El Estado de Guatemala, en este caso, es el demandado.

La pregunta es, ¿tiene el Gobierno la capacidad técnica-legal para atender este tipo de demandas? qué está haciendo el gobierno para fortalecerse, dado que hay otras demandas en proceso. Además, se están negociando nuevos acuerdos comerciales y de inversión, que van a generar, eventualmente, nuevas competencias. Lo anterior, es en relación a las controversias. Sin embargo, las demandas son planteadas por los inversionistas, ante la inacción del Gobierno, cuando tienen problemas que, por su naturaleza, requieren de la presencia del Gobierno.

Con este laudo, ¿cuál es el mensaje para los potenciales inversionistas?

Los inversionistas deciden invertir en proyectos o empresas en un país, porque identifican una oportunidad de inversión rentable.

El laudo del Ciadi, tiene un mensaje negativo para la inversión, dado que, refleja debilidades en el clima para hacer negocios, en algunos sectores de la economía. En este caso, el sector eléctrico.

En ese sentido, como CIG señalamos la urgente necesidad de reglamentar el Convenio 169 de la OIT, como parte de la solución para mejorar el clima para hacer negocios, así como fortalecer la capacidad técnica-legal dentro del Gobierno, para defender adecuadamente al país.