En Guatemala, vivir con una discapacidad todavía significa sortear obstáculos que van más allá de la condición física o sensorial. A diario, miles de personas enfrentan calles sin rampas, sistemas de salud inaccesibles, escuelas sin recursos adecuados y lugares de trabajo donde la inclusión no es una prioridad.

Aunque existen leyes que reconocen sus derechos, la brecha entre el papel y la realidad es evidente. Organismos internacionales estiman que más de 1.5 millones de guatemaltecos viven con alguna discapacidad, y muchos siguen invisibilizados en las decisiones públicas y en la vida cotidiana.

La Comisión de Discapacidad del Congreso ha promovido iniciativas para fortalecer políticas públicas, pero los avances han sido lentos. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, familias y personas con discapacidad siguen luchando para que se garantice lo básico: accesibilidad, oportunidades, respeto.

Durante un programa de análisis, se discutieron los retos estructurales, las acciones necesarias desde el Estado y las historias que muestran que la inclusión no es caridad, sino justicia.

El diputado agrega que otro objetivo es crear una Secretaría Presidencial de Discapacidad y el Conadi sería un ente asesor, señaló.

La discapacidad no debe ser sinónimo de exclusión ni de limitaciones impuestas por la sociedad. Guatemala enfrenta un desafío estructural que requiere voluntad política, reformas legales, sensibilización social y compromiso institucional.

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Redacción: Roxana de León