Un día después, de haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2026 —la propuesta y con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas—, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias observaciones al contenido.

El monto aprobado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2026, asciende a Q163 mil 469 millones. De ese total, se destinan Q108 mil 22 millones para funcionamiento; Q34 mil 78 millones, para inversión, y Q21 mil 368 millones, para el pago del servicio de la deuda.

Las fuentes de financiamiento incluyen deuda interna y externa por un total de Q36 mil 617 millones, según lo aprobado por los diputados.

¿Cuál es su lectura sobre la aprobación del presupuesto?

Hay una inercia muy fuerte; se siguen dedicando los recursos hacia programas que no han sido necesariamente bien evaluados, que no han dado resultados, y sobre todo nos preocupa mucho toda la parte relacionada al endeudamiento.

La carga que significa servicio de la deuda, pagar los intereses, dentro del esquema de ingresos, porque cada vez más el pago de la deuda, que representan en el rubro de las obligaciones a cargo del Tesoro, que se va comiendo al presupuesto.

La parte que queda flexible es cada vez más baja, y ahí lo que estamos hablando es que, al final, es la inversión la que termina sacrificándose.

¿Qué implicaciones puede tener a futuro?

Las recomendaciones desde el Cien no son necesariamente implementables en el corto plazo, pero sí marcan hacia futuro los grandes riesgos que tiene el país.

Primero, dedicar tanto dinero a funcionamiento, que no necesariamente es gasto en funcionamiento que esté asociado a un resultado de desarrollo. Lo segundo, es que está la rigidez presupuestaria que va dejando al Ministerio de Finanzas básicamente con las manos atadas.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

En términos generales, nuestra duda respecto al presupuesto es el monto, es la deuda, pero sobre todo el impacto que realmente puede tener en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, porque hay muchos programas, hay muchos proyectos que realmente no tienen una sustentación técnica, ni una evaluación bien hecha.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, tenemos el caso de los Cocodes y la famosa Ley 7-2025, en la cual se garantiza la facilidad del dinero, pero no garantiza que el proyecto sea bueno.

Al igual que otros centros de investigación, nos opusimos a esa normativa y, al final de cuentas, ya es una ley vigente, pero hay que tener claro que los alcaldes lo que estaban peleando era no devolver el dinero (a la caja fiscal).

No estaban peleando no cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque cumplir con lo que hace Segeplán y las exigencias es importante para dar una mayor certeza de que el proyecto es bueno, pero sobre todo también para que todos los que ejecutan obra pública tengan un aval de que instituciones como Conred, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y como Segeplán dijeron que el proyecto está bueno.

Entonces, ahora que tienen la posibilidad de “brincarse eso”, dada la forma en que quedó esa ley, los responsables van a ser ellos (los alcaldes). Si construyen en lugares riesgosos o pasa cualquier cuestión, son los alcaldes finalmente los que tendrán que responder.

Esa parte, ¿cómo se va a operativizar en un esquema presupuestal?

No está claro cómo se va a hacer eso. Ahora tienen la posibilidad de quedarse con los fondos a los Codedes asignados para el 2026, pero pueda ser que el otro año no los consuman por completo, que se junten con los propios, y lo mismo va a ocurrir con el 2027, que va a ser el mismo problema.

Eso no es algo que esté claro, sino que es un “tamal que se cocinó”, pero que habrá que resolverlo porque la ley decía que era por esta única vez.

A su juicio, ¿cómo se puede atender esa situación?

Me parece que quizás la oportunidad que hay es para que las instituciones rectoras, sobre todo Segeplán, puedan marcar su territorio en la que realmente se pueda hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos pasan por Segeplán.

Ahí se tiene que actuar más rápido, para que todo se pueda automatizar, pero si estos fondos vuelven a ocurrir, que se les da la multianualidad, por lo menos garantizar que sean buenos proyectos.

¿No se ve esa certeza, esa capacidad, dado la cantidad de fondos?

No, por de pronto no, pero reitero, ahí Segeplán sí hay una toma de conciencia de que hace falta trabajar más para hacer más ágil el SNIP, y que eso permita entonces poder hacer evaluaciones más rápidas, dar más acompañamiento a las municipalidades y, sobre todo, una que las municipalidades empiecen a pensar en los proyectos ahora que van a ser dentro de dos años, para realmente poner ese componente de planificación que hoy no existe, hoy es reactivo.

¿Puede funcionar la multianualidad de los proyectos?

Es que el problema de la multianualidad es que, si uno hace una buena planificación, entonces no hay un problema de multianualidad, porque uno sabe que los fondos duran un año y que al siguiente año se dan los siguientes.

El problema de multianualidad es cuando no se tiene una planificación de una obra de varios años, sabiendo bien en qué momento hay que pagar, en qué momento debe acelerarse la construcción. Entonces por eso es por lo que ocurren estas cosas.

¿Cuáles son los principales hallazgos del presupuesto aprobado para el 2026?

En términos generales, el monto, porque hubo varias llamadas para reducir el monto y no se hizo caso con eso. También se reiteró para priorizar el gasto, y tampoco se hizo.

Y entidades clave que necesitan recursos para poder hacer su trabajo, digamos el Instituto Nacional de Estadística, que viene en un proceso de transformación y que se han logrado ya estabilizar encuestas continuas en materia de empleo, de condiciones de vida, de la encuesta de ingresos y gastos, y sobre todo el censo, porque ya se vienen los tiempos de hacer de nuevo el censo. Según se sabe, va a sufrir un recorte de recursos. Entonces es realmente difícil que, cuando hay ciertas instituciones claves, se les recorte el ingreso cuando tienen proyectos que son a mediano y largo plazo.

En términos generales, es la no priorización nuestra mayor preocupación, es decir, un presupuesto que va caminando ahí.

En el tema estrictamente político, ¿qué riesgos visualiza en un año preelectoral?

El problema que hemos visto, que no es de este Congreso, sino es de la vida entera, es que utilizan estos presupuestos ya con puros fines electorales, para ir moviendo los recursos hacia donde se necesita tener impacto territorial y tener contentas a las bases, por decirlo así.

Aunque los programas van dirigidos a la población, sabemos que la política es territorial, el presupuesto es territorial, y al final se conjuga el dinero público con los intereses políticos.