Bien dijo el Divino Salvador del Mundo a sus discípulos: “Nada hay oculto que no llegue a saberse”, y esto no solo es palabra sagrada, sino un axioma continuamente refrendado por la historia. Y, pese a ello, no faltan fantoches inescrupulosos que intentan expoliar recursos públicos u obtener réditos ilícitos a partir de potestades que no son propias, pues han sido conferidas temporalmente por la ciudadanía. Actitudes insensatas que se conjugan con dobles discursos, falsas morales y acumulación de activos a nombre de testaferros, empresas de fachada o incluso cuentas off-shore.

Durante el nefasto gobierno del extinto Partido Patriota, cuyo binomio presidencial es hoy por hoy un par de convictos, fueron objeto de negación y escondite ciertos patrimonios que a simple vista son imposibles de alcanzar incluso con el sueldo de un presidente. La famosa finca aguacatera de Zaragoza, valuada en Q17 millones, estuvo bajo extinción de dominio hasta que, en julio de este año, un dudoso juez —nombrado por la actual Corte Suprema de Justicia— ordenó devolverla al expresidente Otto Pérez Molina, a quien recientemente se favoreció con la devolución de cuentas por Q4 millones. Y pensar que, cuando un tribunal le impuso fianza y pago por resarcimiento, el exmandatario dijo no tener dinero.

El Ministerio Público trató de hacer toda la publicidad que pudo, esta semana, a un allanamiento efectuado a una suntuosa propiedad que supuestamente pertenece a otro exmandatario, Alejandro Giammattei. La extensa finca, con todo y una mansión, en la falda del volcán de Agua, están valuadas en unos Q40 millones; otro costo que estaría fuera del salario del presidente que de candidato afirmó que no iba a ser solo uno más.

Dicha propiedad está bajo proceso de extinción de dominio y la pesquisa del MP supuestamente obedece a una investigación en curso. En múltiples redes sociales las publicaciones a ese respecto reciben comentarios de que se trata de una acción tardía enfocada en diluir críticas por la falta de resultados en pesquisas por casos como la compra de vacunas rusas en el 2021 o el escándalo de evasión fiscal B-410, destapado en el 2024.

A un semestre del final del segundo tiempo de la fiscal Consuelo Porras y tras una inusitada agilidad para impulsar casos como el del contrato de adquisición de medicinas del Ministerio de Salud con Unops, el conflicto de interés parece haber sido más grande que una mansión. En todo caso, no debería pasar una década para que se concrete la extinción de dominio, a riesgo de que en unos años, la casona sea devuelta por un juez advenedizo o una instancia superior y la historia termine en una especie de “blanqueo” de ese capital.

Por si fueran pocas las dudas sobre el origen de los recursos para adquirir esta deslumbrante propiedad, digna de un magnate, también existen serios señalamientos sobre la celeridad con la cual se construyó una ruta asfaltada de acceso desde Palín hasta Santa María de Jesús. El proyecto se vendió como una obra para el desarrollo de la comunidad, pero pasa justo enfrente de la entrada del suntuoso complejo arquitectónico. ¿Será mucha la casualidad?

A final de cuentas, el cuestionamiento hacia el exmandatario Giammattei va orientado a que cuando fue tres veces candidato nunca ostentó mayor riqueza e incluso aseveró, en sus discursos, que la probidad sería su signo. La súbita riqueza solo puede generar desconfianza, dadas las ineficiencias, los favoritismos y las opacidades sostenidas durante su administración.