Está por cumplirse un año de la sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión dictada por un juez de Nueva York en contra de Tony Hernández, exdiputado hondureño y hermano del ahora expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, quien gobernó desde 2014 y se postuló en 2017 para la reelección, prohibida por ley pero avalada por un tribunal supremo plegado a sus designios: una muestra de los riesgos de las colusiones entre poderes del Estado. JOH, como le llamaban popularmente, continuó cuatro años más con ínfulas de todopoderoso. Sin embargo, la crisis económica, el éxodo migrante y el retraso de los indicadores de desarrollo le pasaron factura. En 2021 el oficialismo fue derrotado en las urnas y salió del poder el 28 de enero.

Durante el juicio contra Tony Hernández, entre 2019 y 2020, saltaron indicios de la utilización de recursos del Gobierno, dirigido por su hermano, para el trasiego de estupefacientes y también para procurar impunidad, lo cual sin duda pesó en la solicitud de captura para extradición presentada por Estados Unidos el lunes 14 y ejecutada ayer.

Hernández se había apresurado a buscar su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), el mismo día del cambio de mando. El cuestionado organismo regional se prestó —como lo ha hecho en favor de otros expresidentes señalados de ilícitos— a efectuar una oficiosa ceremonia por videoconferencia. El obvio objetivo de tal jugada era lograr inmunidad parlamentaria, un fuero especial que ya ha sido utilizado para tratar de evadir la acción de la justicia y que no hace sino confirmar la total improductividad de dicho ente. La estratagema falló.

El 7 de febrero, el secretario de Estado Anthony Blinken reveló que Hernández había sido incluido en la denominada lista de corruptos de Centroamérica. Una semana después sobrevino el pedido de la justicia norteamericana para su comparecencia ante un tribunal, ante el cual debe defender su presunción de inocencia, pero no parapetado tras legalismos o contubernios institucionaloides.

Falta el aval judicial hondureño para que JOH parta hacia el norte, como un irrisorio paralelo con el destino al que se han visto obligados millares de sus compatriotas por el hambre, la crisis económica, el desempleo y la violencia. No obstante, la brújula política de la hermana república ya ha cambiado de dirección y es muy probable que dicha salida ocurra de forma expedita. El mensaje de la superpotencia es inequívoco: las facturas de corrupción, desgobierno y dobles juegos estratégicos se cobran tarde o temprano. Orlando Hernández intentó figurar usualmente como un aliado, pero los incumplimientos de su administración ocasionaron un problema migratorio que aún repercute en la frontera entre México y EE. UU.

En estos procesos entran en juego testimonios previos e informes de inteligencia que denotan la permeabilidad del territorio hondureño a las operaciones de narcotráfico en la última década. Hace también apenas un año, en el juicio contra el capo Geovanny Fuentes, el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig afirmó la existencia de una alianza del susodicho cartel con policías, políticos y con el propio Hernández, desde que era candidato presidencial, en 2013. Pero el tiempo pasa y los nunca se llegan. Incluso para aquellos politiqueros que invocan de forma populista a la religión existe una frase evangélica bíblica: “No hay nada oculto que no llegue a saberse”