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Guatemala busca modernizar leyes contra lavado de dinero y terrorismo
Guatemala actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), vigentes desde el 2001 y el 2005. Por ello, el Organismo Ejecutivo presentó este lunes 28 de julio una nueva versión al Congreso de la República, para iniciar su discusión y eventual aprobación.
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Se trata de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual fue explicada durante una conferencia de prensa por autoridades del Ejecutivo.
Ahora corresponderá a los diputados de las distintas bancadas analizar, discutir y aprobar la normativa, previo a la evaluación que Guatemala enfrentará en el 2027 por parte de organismos internacionales, en relación con el cumplimiento de estándares LDFT.
El presidente Bernardo Arévalo señaló, durante su conferencia semanal, que ha dialogado con varios diputados sobre la importancia de esta normativa para la economía nacional. Además, indicó que el Ejecutivo buscará acercamientos con todos los bloques legislativos para resolver dudas sobre el contenido de la iniciativa.
La propuesta consta de seis capítulos y 125 artículos.
“Hoy estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, que es fundamental para poder identificar los flujos del crimen organizado, para poder combatir de esta manera el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa de ley ya ha sido presentada esta mañana”, declaró el mandatario.
El lavado de dinero como “motor económico”
Respecto de los alcances del proyecto, el gobernante enfatizó que el lavado de dinero constituye “el motor” de cualquier organización criminal. Afirmó que los delincuentes necesitan “blanquear” sus recursos para inyectarlos en la economía formal sin ser rastreados.
Según Arévalo, esta iniciativa busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. Mencionó, por ejemplo, la actualización del listado de sujetos obligados, como notarios y proveedores de activos virtuales, quienes deberán enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS).
También se reforzarán controles en la contratación pública, al incluir a proveedores y contratistas del Estado dentro del sistema de prevención, como una medida para combatir la corrupción.
Además, se reformarán otras normativas vinculadas al combate del LDFT:
- Código Penal
- Código de Comercio
- Código de Notariado
- Ley contra la Delincuencia Organizada
- Ley que regula los servicios de seguridad privada
Arévalo reconoció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindaron cooperación técnica para la elaboración del proyecto.
“Se ataca el corazón de la economía criminal”, remarcó el mandatario, al advertir que la no aprobación de estas reformas podría incrementar la incertidumbre económica del país.
“De no aprobarse esta ley, estaremos enfrentando la posibilidad de ser incluidos en la lista gris del sistema financiero internacional”, advirtió.
Durante la presentación, también se pronunciaron el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el titular de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León; y Julio Flores Reyes, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, quienes respaldaron la propuesta.