La Constitución Política de la República, en su artículo 171, inciso b), otorga al Congreso la facultad de aprobar, improbar o modificar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Ese último verbo, modificar, concentra el verdadero poder. Allí se deciden las prioridades del país, se reparten los fondos y, en la práctica, lamentablemente, se define quién o quiénes gobiernan.

Según el artículo 241 de la Constitución, el Congreso debe aprobar o improbar la liquidación del presupuesto; sin embargo, no ha evaluado con seriedad cómo se gastan los recursos que autoriza. Cada año se aprueba un nuevo presupuesto o se imprueba, pero no se revisan los resultados del anterior.

Además de legislar, el Congreso debe fiscalizar. En teoría, eso implica producir leyes sólidas y ejercer una supervisión responsable sobre el Ejecutivo. En la práctica, se ha convertido en un espacio de desgaste político. En 2024 se realizaron ocho interpelaciones, muchas prolongadas durante meses a los mismos ministros, y el Ejecutivo reportó más de mil 400 citaciones a funcionarios, la mayoría sin seguimiento técnico ni resultados. En materia legislativa, apenas 11 decretos han sido aprobados en lo que va del año, varios vetados por falta de sustento jurídico o técnica legislativa.

Durante esta legislatura, el gasto público ha crecido de forma acelerada. En 2024 se aprobaron Q115 mil millones, en 2025 ya van más de Q131 mil millones, y el proyecto para 2026 asciende a Q148 mil 526 millones. El aumento no responde a una estrategia nacional de desarrollo, sino a acuerdos políticos dentro del Congreso. La sorpresa de este tercer año que indignó a la población fue el incremento salarial de los diputados, que pasó de Q29 mil 150 a Q46 mil 700 mensuales, más dietas y gastos de representación que elevan el ingreso promedio a unos Q61 mil. El presupuesto del Congreso aumentó de 23% del año 2024 al 2025.

El Congreso está integrado oficialmente por 19 bancadas, y varios independientes, pero la diversidad es solo aparente. En la elección de la Junta Directiva 2026, 149 diputados votaron a favor y solo cinco en contra. Distintos partidos con los diputados del oficialismo coincidieron no por ideología, sino por conveniencia. A cambio, obtendrán presidencias de comisiones, posiblemente más recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo, donde se decide gran parte de la obra pública y se reparten millones de quetzales, sin fiscalización.

El año pasado, el Congreso nombró tardíamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este año le corresponde elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La Comisión de Postulación ya fue convocada. Ahora el país está a la expectativa de que los 20 aspirantes que se propongan sean personas con la preparación adecuada y un firme compromiso con la independencia del proceso electoral, tal como lo exige el artículo 208 de la Constitución. La clave está en que en su elección prevalezca el mérito sobre cualquier pacto que no sea transparente, ni en beneficio de la población.

En las próximas semanas se discutirá el Presupuesto 2026, cuya propuesta del Ejecutivo representa más gasto sin calidad, un mayor uso de deuda para cubrir funcionamiento y ausencia de una visión con metas de desarrollo. Falta ver qué modificaciones hará el Congreso, pero la experiencia indica que serán ajustes orientados a fortalecer intereses y no cambios sustanciales de beneficio a la población.

Guatemala está en camino de una dictadura parlamentaria, donde el poder se concentra en el Congreso y se debilitan los contrapesos que sostienen el sistema republicano. Es momento de que los ciudadanos exijan a sus diputados actuar con responsabilidad, velar por el bien del país y cumplir el mandato que les fue confiado.