En nuestro medio desde hace 40 años prácticamente desde que se instituyó la era democrática, nuestros presidentes poseen una formación universitaria. En muchos países de la región, el porcentaje de presidentes con un título universitario ronda o supera las tres cuartas partes.

Los funcionarios de los mandos medios del Estado igualmente y con mayor razón, suelen ser egresados universitarios.

Aunque muchos presidentes y funcionarios públicos tienen títulos, el número de líderes cuya profesión principal o trayectoria inmediata anterior es la de profesor o académico universitario es menor, y aún casi nula con preparación y actuación científica y su representación dentro de la fracción política es casi inexistente dentro de la élite política.

En un Estado como el de Guatemala, donde impera la corrupción en mandos altos y medios, uno se hace la pregunta ¿es el profesional el que corrompe la política o es la política la que corrompe al profesional? Esta es una pregunta central y muy debatida sobre la corrupción, y la realidad es que a menudo es una interacción bidireccional la que se da, una dinámica compleja en ambos enfoques:

Existen numerosos estudios serios que abordan la corrupción desde distintas ópticas, y la investigación moderna tiende a evitar señalar un único lado de la moneda o «bando» corruptor, centrándose en cambio en la interacción y las causas sistémicas.

Veamos los dos lados de la moneda, los dos aspectos:

La política (el sistema y el poder) corrompe al profesional. Bajo este aspecto nos topamos primero con la presencia de Incentivos perversos: El sistema político puede ofrecer oportunidades de beneficios personales (dinero, poder, influencia) a cambio de violar las normas éticas y legales. A esto se enfrentan todos los políticos y los funcionarios y esto incluso llega a constituirse en un elemento cultural dentro de la sociedad y caemos en otro aspecto. Cultura de la impunidad: Si la corrupción es generalizada y las sanciones son débiles o inexistentes, el profesional se enfrenta a la presión de «hacer lo que todos hacen» para sobrevivir o prosperar y si la institución, un órgano o una unidad de ésta es manejable enteramente de forma jerárquica actúa un tercer elemento: Presión de arriba: Un profesional honesto puede ser presionado por superiores o líderes políticos para tomar decisiones corruptas. El simple hecho de ejercer poder y discrecionalidad sobre recursos o decisiones, puede tentar a individuos, independientemente de su profesión original, a usarlo para beneficio personal.

Veamos la otra cara de la moneda: El profesional corrompe a la política. Acá podemos distinguir dos cosas: Ambición y falta de ética individual: Un profesional (un abogado, ingeniero, médico, e empresario, consultor, etc.) con falta de ética o una ambición desmedida puede buscar activamente corromper a funcionarios o políticos para obtener contratos, licencias o leyes favorables (tráfico de influencias, soborno). Pero en este caso también puede darse lo contrario y con mucha frecuencia en la actualidad en nuestro país coinciden en el acto de corrupción ambos lados en una situación. El otro factor son los Intereses creados: Los profesionales de diversos campos a menudo representan intereses privados que buscan capturar o influir en las decisiones políticas para su propio beneficio, a veces mediante métodos corruptos.

Cuando bajamos a nuestra realidad, en los niveles altos y cuadros medios de nuestra institucionalidad, la corrupción funciona en simbiosis: Un sistema político débil y con falta de transparencia crea el ambiente propicio para la corrupción. Individuos (profesionales, políticos, ciudadanos) con debilidades éticas aprovechan o son atraídos por ese ambiente.

Por lo tanto, la corrupción florece cuando se combinan oportunidades sistémicas (políticas) con debilidades o falta de ética individuales (profesionales). Combatirla requiere tanto fortalecer las instituciones y la transparencia como fomentar la ética en la formación y el ejercicio profesional.