El STEG continúa desobedeciendo las órdenes judiciales que le obligan a reanudar sus funciones, es decir, presentarse a los centros educativos públicos e impartir clases a niños y adolescentes.

Sin embargo, el grupo de maestros que respalda al sindicalista Joviel Acevedo mantiene una asamblea permanente que, hasta este domingo 5 de julio, acumula 49 días continuos.

Las acciones del STEG responden a una medida de presión para que las autoridades gubernamentales, en particular del Ministerio de Educación (Mineduc), accedan a firmar un nuevo pacto colectivo.

Esta negociación avanza en secreto, debido a que la administración del expresidente Alejandro Giammattei acordó que fuera confidencial.

Durante estas semanas de medidas de hecho, el ciclo escolar del 2025 ha permanecido estancado. A pesar de diversas acciones legales, no existe una fecha definida para que se levanten.

Momentos clave

El 19 de mayo, la asamblea del STEG decidió declararse en sesión permanente. La medida continúa y está por cumplir dos meses.

Estas acciones, respaldadas por los docentes afines a Joviel Acevedo, han afectado cerca del 16% de los establecimientos educativos públicos, según informó en su momento el Mineduc.

El 23 de mayo, los docentes se instalaron en la Plaza de la Constitución y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura.

Según dirigentes sindicales, se organizaron en turnos de tres días continuos por municipio, siendo luego relevados por otros docentes.

La cantidad de estudiantes afectados, según datos del Mineduc, rondaba los 300 mil.

El 4 de junio, la PGN comenzó a recibir notificaciones de distintos juzgados nacionales.

Las órdenes eran claras: el sindicato debía abstenerse de continuar con las medidas. Sin embargo, a pesar de las constantes notificaciones judiciales, estas persisten.

El 25 de junio, en medio de la protesta, los docentes recibieron un primer pago con incremento salarial, uno de los beneficios establecidos en el pacto colectivo vigente.

El 27 de junio, la PGN obtuvo una nueva notificación derivada de los amparos concedidos. En esta, se notificó al Ministerio Público (MP) para que investigue a los dirigentes sindicales por desobedecer el cumplimiento de los amparos provisionales.

Para el 30 de junio, el Mineduc había acumulado cerca de siete mil actas contra docentes. Sin embargo, las acciones administrativas tampoco han logrado desactivar los campamentos.

El jueves 3 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció una nueva acción legal presentada por la PGN. Se trató de una inconstitucionalidad que buscaba suspender frases contenidas en siete artículos del pacto colectivo vigente.

Los magistrados resolvieron no suspender provisionalmente dichas frases, por lo que el pacto continúa vigente. Resta que la CC emita una sentencia definitiva, para la cual aún no hay fecha.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene vigente un amparo pendiente de resolución que busca levantar la confidencialidad en los acuerdos del pacto colectivo.

La CC ordenó a la CSJ conocer dicho amparo, promovido por el abogado Edgar Ortiz. No obstante, han transcurrido varios meses sin que se emita resolución alguna.