Durante décadas, Guatemala convivió con un enemigo silencioso: los bifenilos policlorados (PCB). Estos compuestos tóxicos, usados en transformadores eléctricos, capacitores y otros equipos industriales, fueron considerados durante años como una solución eficiente. Pero detrás de su aparente utilidad se escondía un peligro mayúsculo: el PCB es un contaminante orgánico persistente, que se acumula en la naturaleza y en el cuerpo humano, causando enfermedades graves como cáncer, alteraciones hormonales, daños neurológicos y afectaciones al sistema inmunológico.

Aunque su uso fue restringido en muchos países desde hace más de 40 años, en Guatemala los PCB permanecieron durante décadas en instalaciones públicas y privadas, sin mayores controles. Fue hasta 2008 que el país ratificó el Convenio de Estocolmo, comprometiéndose formalmente a eliminarlos. Pero no fue sino hasta 10 años después, en 2018, que se emitió el acuerdo gubernativo 194-2018, una normativa clave que estableció los lineamientos obligatorios para la identificación, gestión y disposición final de estos residuos peligrosos.

Este reglamento permitió establecer un inventario nacional de equipos potencialmente contaminados, con metas progresivas: 25 % en el primer año, 50 % en el segundo, hasta alcanzar el 100 % en el cuarto año. Además, obligó a etiquetar y retirar de uso, antes de 2025, todos los equipos con concentraciones iguales o mayores a 50 partes por millón (ppm) de PCB. También fijó como plazo máximo el año 2028 para completar la disposición final de aceites, suelos y residuos contaminados, bajo estándares de gestión ambientalmente racional. El acuerdo incluyó normas estrictas sobre análisis químicos, almacenamiento temporal por un máximo de 36 meses, transporte especializado y remediación de sitios contaminados.

Que en 2025 se anuncie la eliminación total del PCB en el país es, sin duda, una buena noticia. Pero no podemos ignorar que esto ocurre con años de retraso, y que muchas instituciones apenas cumplieron los mínimos requeridos para no enfrentar sanciones. El esfuerzo fue grande, sí. Pero también lo fue la demora.

Este logro ambiental debe ser el punto de partida, no la línea de meta. El reglamento impone responsabilidades permanentes: las empresas y entidades públicas deben seguir informando, remediando y previniendo. No se trata solo de eliminar un contaminante, sino de cambiar la cultura institucional hacia una gestión ambiental proactiva y responsable.

Y aquí cabe una pregunta urgente: ¿cuántas otras sustancias tóxicas continúan circulando libremente en Guatemala, mientras en otros países ya están prohibidas? Agroquímicos, materiales de construcción, productos de limpieza y muchos más siguen vendiéndose en el país sin mayor regulación, porque los intereses comerciales se imponen al bienestar común. Paradójicamente, muchos de esos productos son fabricados por países que ya no los permiten en su propio territorio.

El caso del PCB nos deja una lección clara: cuando se quiere, se puede. Cuando el Estado actúa con rigor, es posible limpiar décadas de descuido. Pero también nos recuerda que el silencio y la inacción cuestan caro. Hoy no basta con celebrar: toca vigilar, exigir transparencia, formar conciencia ciudadana y fortalecer nuestras instituciones ambientales.

Hagamos de este logro el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde la salud y el ambiente no sean el costo del desarrollo, sino su base. Porque aún hay mucho que corregir, y todavía estamos a tiempo. El caso del PCB demuestra que, cuando hay decisión, se puede actuar. Pero también nos muestra lo que pasa cuando el negocio se impone al bienestar colectivo. Que esta eliminación no sea una excepción, sino el inicio de una cultura ambiental activa y preventiva. No celebremos para olvidar. Recordemos para actuar. Hagamos la diferencia.