El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, suma al menos tres denuncias desde que empezó las medidas de hecho para presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

Las medidas de hecho incluyen manifestaciones, bloqueos, paros laborales, así como un campamento en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza de la Constitución.

Entre las acusaciones, resalta una denuncia del Juzgado Quinto de Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala por el delito de desobediencia, tras resolver un amparo en definitiva, que ordenaba al Comité Ejecutivo del STEG levantar las asambleas permanentes.

También, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por los daños provocados al Palacio Nacional de la Cultura por el campamento que mantiene en los alrededores del inmueble.

De la misma forma, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó una denuncia por los bloqueos que obstruyeron el apoyo a las víctimas de los temblores en Santa María de Jesús.

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DAÑOS POR CAMPAMENTO

El pasado 1 de julio, el presidente Arévalo informó que el Ministerio de Cultura presentó una denuncia ante el MP por los posibles daños provocados en el Palacio Nacional de la Cultura provocados por el campamento del STEG.

“(La denuncia) ha sido ampliada el 25 de junio sobre daños al patrimonio del Palacio Nacional de la Cultura, un bien de clase de A, es decir, es de los más protegidos”, expresó el mandatario.

Posteriormente, la cartera de Cultura detalló que el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Decorbic) constató daños a elementos patrimoniales del Palacio Nacional, los cuales son consecuencia directa de la instalación no autorizada de estructuras temporales en sus alrededores desde el pasado 26 de mayo por parte del STEG.

Entre las afectaciones, el MCD resaltó que se identificó daños en la herrería de ventanas y puertas, barandas, faroles y luminarias instaladas en las paredes del edificio, los cuales son considerados como elementos históricos de la edificación.

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A su vez, resaltó que los daños fueron provocados por el amarre de lazos utilizados para sujetar lonas, carpas y otros materiales, lo cual generó una tensión perjudicial que acelera el desgaste y deterioro del diseño y la construcción original del edificio.

Al mismo tiempo, subrayó que hay instalación indebida de anclajes en fisuras preexistentes, lo que ha incrementado el daño a la fachada, y el STEG ha utilizado sin autorización instalaciones eléctricas y obstruido la red de internet.

Además, remarcó que existe contaminación por acumulación de desechos sólidos y realización de necesidades fisiológicas en áreas cercanas al edificio que están generando olores fétidos y alto riesgo para la salud, así como el deterioro del inmueble y su entorno.

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DESOBEDIENCIA

Para reactivar las actividades escolares, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó al menos diez amparos, incluyendo una acción que fue resulta en definitiva por el Juzgado Quinto de Trabajo, el cual ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del STEG, así como contra dirigentes seccionales y subseccionales levantar la asamblea permanente, bajo apercibimiento de certificar lo conducente contra la Fiscalía.

De acuerdo a la judicatura, la convocatoria a “asamblea permanente”, no figura en la legislación vigente, al mismo tiempo que señaló que vulnera los derechos de la niñez, adolescencia y juventud.

También ordenó notificar por escrito a todas las direcciones de escuelas públicas respecto al levantamiento de la medida y notificar al Juzgado Quinto en el término de 48, bajo apercibimiento.

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A pesar de ello, el STEG continuó con las acciones, por lo cual la judicatura certificó lo conducente contra el Comité Ejecutivo y los dirigentes seccionales y subseccionales, y trasladó el expediente al ente investigador.

El MP detalló que el pasado 25 de junio recibió la denuncia del juez del Juzgado Quinto de Trabajo, por lo cual el expediente fue traslado a la Fiscalía contra Delitos Administrativos para iniciar las diligencias con el objetivo de determinar si se está configurando el delito de desobediencia y si no existen recursos pendiente de resolver que impidan el cumplimiento de la resolución judicial.

Sobre el tema, pasado 11 de julio, el Comité Ejecutivo y las dirigencias seccionales y subseccionales informaron “en debido cumplimiento”al amparo provisional del 3 de junio, que se debían deponer las asambleas permanentes.

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Sin embargo, indicó que el derecho individual de cada trabajador del magisterio quedaba a salvo de la resolución, por lo que los derechos humanos y constitucionales de libertades de asociación, libertad de acción y libertad de manifestación, a nivel particular, se mantenían íntegros e incólumes, puesto a que “la ordenanza es extensiva únicamente para el Comité Ejecutivo, Dirigentes Seccionales y Subseccionales”.

DENUNCIA DE CONRED

Asimismo, el pasado viernes 11 de julio, el STEG realizó una serie de bloqueos alrededor del país, incluyendo una acción en San Vicente Pacaya que impidió el traslado de ayuda humanitaria a Santa María de Jesús, la comunidad más afectada por los sismos del 8 de julio.

Al finalizar el día, Arévalo brindó una conferencia de prensa sobre los avances en el apoyo a las comunidades afectadas, en donde resaltó que desafortunadamente, se encontraron con que la llegada de ayuda humanitaria que estaba siendo enviada por Conred y otros actores fue bloqueada por personas que, «de la manera más irresponsable y desconsiderada hacia las víctimas y afectados por los sismos», bloquearon las carreteras de acceso a estas poblaciones.

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“En estos casos, la fuerza pública ya evacuó el bloqueo para permitir el acceso y la llegada de la ayuda humanitaria y se están estudiando las medidas legales que pudieran ser necesarias tomar para asegurar que este tipo de actitudes y acciones no se repitan”, agregó.

La Hora se comunicó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), quienes confirmaron que Conred presentó una denuncia derivada de los bloqueos que afectaron la llegada de ayuda humanitaria a Santa María de Jesús.