El “puerto” ha sido por generaciones el respiro de mar de los guatemaltecos. Esas playas donde se disuelve el cansancio del trabajo y el cuerpo encuentra, entre la brisa y el sol, la bendición del descanso. Pero hoy ese viaje se ha vuelto una odisea de paciencia. Lo que antes tomaba un par de horas hoy es un recorrido agotador de cinco a seis. La carretera al sur se ha convertido en el símbolo de la debilidad de nuestra infraestructura. El mar está cerca, pero cada vez más lejos.

En medio de esa parálisis se encuentra la pista aérea de San José, un activo vital que permanece cerrado dentro de la Brigada de Paracaidistas del Sur. La pista es al mismo tiempo militar y civil: un punto de acceso estratégico que serviría tanto a la seguridad nacional como al desarrollo económico de la región. Sin embargo, ni siquiera la base tiene hoy pista operativa.

El proyecto fue iniciado durante el gobierno de Giammattei, que en 2022 adjudicó la ampliación del aeródromo y comprometió Q522.9 millones. De ese monto, ya se ha ejecutado alrededor del 77%, es decir, más de Q401 millones, mientras el resto sigue pendiente de conclusión. Desde su toma de posesión en enero 2024, el gobierno de Arévalo heredó la obra con atrasos y complicaciones contractuales, y aunque ya acumula más de 26 meses de espera, también tiene una oportunidad única de culminarla en beneficio del país. No se trata solo de corregir lo heredado, sino de demostrar que la infraestructura puede gestionarse cuando es de necesidad de carácter emergente. Si este gobierno logra concluir el proyecto, no solo resolverá una deuda técnica, sino que devolverá al Pacífico una vía de servicio y conectividad que Guatemala necesita con urgencia.

El costo no es solo técnico, sino financiero. Si los Q401.5 millones ya invertidos provienen de deuda pública y se calcula una tasa promedio del 6% anual, la parálisis representa Q24 millones al año, o Q2 millones al mes. Cada día de inactividad son Q66 mil que se esfuman, mientras las comunidades del sur siguen sin una vía aérea para emergencias.

La reapertura, aunque parcial, sería mas razonable. Bastaría con autorizar operaciones diurnas, limitar el acceso a avionetas y chárteres pequeños, señalizar los tramos utilizables y publicar un aviso oficial con condiciones temporales. No se trata de improvisar, sino de usar lo que ya existe mientras se concluye lo pendiente.

Además, la pista aliviaría a un sistema logístico al borde del colapso. El puerto Quetzal enfrenta una congestión sin precedentes: hasta 40 barcos esperan para atracar, con demoras de 30 a 90 días y costos que aumentan cada semana. Es un embudo que encarece las exportaciones, afecta la cadena de suministro y resta competitividad a las empresas guatemaltecas. Contar con una conexión aérea permitiría movilizar técnicos, repuestos y personal con rapidez, sin depender de la carretera semicolapsada.

Y no se trata únicamente de economía. Está en juego la capacidad de respuesta ante desastres naturales, la movilidad de la población costera y el derecho básico a la conectividad. Mantener cerrada una pista en una región con tanto movimiento humano y comercial es una contradicción que Guatemala ya no puede sostener.

El Pacífico necesita volver a volar. No hace falta esperar al 2026 ni inaugurar grandes terminales. Solo hacen falta voluntad y sentido común. Porque una pista que se queda inactiva mientras todo alrededor colapsa es una oportunidad pérdida.

Ojalá el presidente y el director de Aeronáutica actúen.