El Código Penal establece que los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de abuso sexual y deben ser denunciados ante las autoridades, sin embargo, no sucede en todos los casos, y aquellos en los que sí existe una acusación formal y llegan ante un juez, no siempre el victimario es castigado.

Entre 2018 y octubre del 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos en niñas guatemaltecas entre 10 y 14 años, en los casos que fueron denunciados únicamente el 0.8% de los agresores fueron condenados, según el informe Forzadas a renunciar a sus sueños, violencia sexual contra niñas en Guatemala, realizado por Human Rights Watch y que se presentará este martes 18 de febrero.

De los casos que fueron denunciados, el reporte es que seis mil 697 resultaron en desestimación, cuatro de cada 10 fueron desechados por fiscales del Ministerio Público (MP), el resto fueron archivados por orden de un juez, con lo que las niñas no lograron tener justicia ni una reparación digna ante el abuso sufrido, según el informe.

Ana Victoria Maldonado, coordinadora de programas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), señala que como parte del acompañamiento que dan a las niñas víctimas de violencia sexual, el fallo que dictan los jueces es tardío. “Un caso puede tardar cinco años para que podamos tener alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria”, menciona.

En el caso de Alta Verapaz, agrega que cada año son registrados más de 300 bebés de madres menores de 14 años; sin embargo, los casos que inician un proceso legal por violación a duras penas son 10 y el número de los que llegan a sentencia se reduce a dos.

A este dato se agrega que hay fallos que son apelables, lo que implica que podría llevarse otros cinco años más en el proceso judicial.

Para Maldonado este dato es un reflejo de que hay una respuesta tardía para las niñas víctimas de violencia sexual, pero también le envía un mensaje a la sociedad de que los embarazos en las menores son “un comportamiento normal, porque al agresor no le pasa nada”.

Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Human Rights Watch, refiere que el retraso en la judicialización es un problema sistemático y generalizado del sector judicial en Guatemala, pero los casos que involucran a niños deberían de ser una “prioridad para el gobierno”, lo que no ocurre, y para que las víctimas lleguen a tener audiencia pasan años.

“En la institución fiscal los casos se quedan estancados por falta de recursos. Hay departamento en los que solo hay un juez para trabajar temas de niñez, entonces, obtener una fecha de audiencia se vuelve imposible”, dice Quijano Carrasco.

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Barreras para denunciar

Si bien hay casos que son denunciados, hay un buen número que se mantiene oculto. La inscripción de los bebés en el Registro Nacional de las Personas (Renap) puede dar una idea de cuantas niñas menores de 14 años resultan embarazadas, pero no todos los embarazos llegan al término y no todos los bebés son registrados por la madre.

Maldonado indica que hay barreras que impide a las familias denunciar y continuar con el proceso hasta el final, como la falta de recurso económico, ya que los juzgados especializados, los tribunales y demás instancias del sistema de justicia están centralizados en las cabeceras departamentales, y para que la niña se haga presente en las audiencias representa dinero para movilizarse desde su comunidad, y para los padres significa perder días de trabajo.

“El obstáculo mayor que enfrentan es el económico. No tenemos un Estado que les diga: vamos a llegar hasta su casa a tomar la denuncia, vamos a tener un intérprete, y darles apoyo en el proceso”, agrega la coordinadora de programas del Osar.

El informe revela que los obstáculos para denunciar, enjuiciar a un agresor y hallar justicia en Guatemala son complejos, pero el proceso es más “crítico” para las menores que viven en comunidades rurales e indígenas, para quienes tienen alguna discapacidad.

De enero 2018 a junio 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo 24 mil 411 evaluaciones de violencia sexual o embarazo en niñas menores de 14 años, lo que representa 312 análisis mensuales. Esto da una dimensión del problema.

En busca de justicia

Sucedió en Huehuetenango. Fátima tenía 12 años cuando fue abusada sexualmente. Su agresor era un hombre reconocido en la comunidad, catedrático universitario. La niña quedó embarazada. Fue señalada por los vecinos, excluida de la escuela, y cuando llegó el momento de dar a luz en el servicio de salud la trataron como una adulta. No se siguió el protocolo establecido para atender embarazos en menores de 14 años.

La familia de la menor denunció al agresor hace 15 años, hay una orden de captura en su contra; sin embargo, por influencias dentro de las instancias encargadas de la investigación no ha sido capturado. Es más, se sabe que se moviliza entre Guatemala y México.

“Las autoridades no ha querido esforzarse por capturar al agresor, son delitos de poca importancia para las instituciones como para movilizar personal. A nivel nacional no hemos tenido avances en su captura”, dice Paula Barrios, de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, que dieron acompañamiento a Fátima para que su caso llegara a la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se espera que en marzo próximo el Comité dé una sentencia, que no solo beneficiaría a Fátima, sino que llevaría a que en Guatemala se establezcan mecanismos de prevención y atención efectiva a niñas víctimas de violencia sexual y que han sido empujadas a una maternidad forzada.

“Es prioridad para las víctimas que por lo menos el sistema de Naciones Unidas les responda de manera inmediata. Esperamos que se resuelva en marzo, si no tendría que quedar para la siguiente sesión en octubre”, agrega.

Fátima es hoy Licenciada en Pedagogía, gracias a que recibió acompañamiento de largo aliento logró restituir su proyecto de vida, y espera que se haga justicia en su caso como en el de cada niña que es violentada y forzada a la maternidad. La sentencia de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un luz de esperanza para a ella.