El 2024 cerró con dos mil 146 embazaros en niñas entre 10 y 14 años, 62 menos de los registrados en el 2023, una disminución tan solo del 2.8%. Los datos que comparte el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar) muestran que desde el 2020 cada año cierra con más de dos mil casos.

Para Mirna Montenegro, directora del Osar, en el reporte que hace el Ministerio de Salud sobre estos embarazos hay un dato que llama la atención, y es que nueve de cada 10 niñas estarían fuera del sistema educativo ―mil 935―, mientras que 135 cursan la primaria y 43 el nivel básico.

Señala que el registro evidencia que las niñas hacen entre tres y cuatro años de escolaridad, y en ese paso por la escuela debería brindárseles la educación sexual que contribuye a su empoderamiento, autoestima y a reducir abusos.

Los embarazos en menores entre 10 y 14 años son producto de una violación sexual, así lo establece el Código Penal y deben ser denunciados ante las autoridades, pero no siempre se logra, por lo que la cantidad de niñas que se convierten en madres puede ser mayor.

Montenegro recuerda que en uno de los primeros casos que el Osar acompañó, el director de una escuela en Jutiapa mandó a llamar a la madre de una estudiante de 12 años embarazada, para decirle: “Su niña ya no es niña, sáquela de la escuela porque está embarazada y que estudie por la noche. Una manzana podrida puede dañar a las demás”.

Otro caso ocurrió en la capital. Era agosto y un juez dictaminó que una menor de 13 años con siete meses de embarazo y su mamá fueran a la escuela de padres. Al preguntar la abogada del Osar si no sería mejor que la niña terminará el ciclo escolar ―cursaba el sexto grado―, el togado respondió: “No, ella está embarazada, tiene que aprender a ser madre”.

Montenegro indica que en la ruta de atención integral de niñas embarazadas se establece que el Ministerio de Educación (Mineduc) debe tener programas para que las menores en esta condición retornen al centro educativo. “No tenemos ni siquiera la información de cuántas estaban en la escuela en el 2024. El tema pareciera no importar, pero es un derecho de las niñas que no se cumple”, agrega.

Para Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), es lamentable que el 90 por ciento de las menores embarazadas no estén en la escuela. Este dato, resalta, es un reflejo de la baja cobertura escolar primordialmente en las niñas y adolescentes en el país, pues les trunca seguir con su proyecto de vida.

Además, revela la ausencia de un verdadero sistema de protección integral y garantías de derecho para este grupo de la población, y que no ha sido una prioridad para el Estado.

Impactos

Frente a un embarazo, socialmente las menores pasan al estatus de mamá aunque tengan 11 o 12 años, como refiere la directora del Osar.

Ese señalamiento abona a las complicaciones que estas niñas deben enfrentar en su comunidad. Con una maternidad forzada a cuestas, abandonan la escuela, lo que reduce sus oportunidades de inserción laboral y les deja como único escenario dedicarse a las tareas del hogar, lo que mantiene el círculo de la pobreza. La alternativa de trabajo que muchas tienen es de empleadas domésticas.

El reporte de embarazos en menores entre 10 y 14 años indica que el 34.3 por ciento de los casos ocurrió en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, los tres departamentos con la incidencia más alta de pobreza en el país: 90.3%, 86.4% y 81.2%, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Es un círculo vicioso. No estudio, no capacitación para un trabajo formal o remunerado, más pobreza, más violencia, hay desnutrición, hay muerte neonatal, mayor número de embarazos, hay suicidio”, dice Montenegro.

También se observa un efecto en la salud física de las menores embarazadas. En el informe de la campaña Vidas Robadas, del Osar, se describe que pueden sufrir preeclampsia, anemia, infección del tracto uterino, complicaciones del parto, problemas del crecimiento intrauterino, parto prematuro y dar a luz a un recién nacido de bajo peso.

Se suma el impacto en la salud mental, pues ser víctima de violencia sexual y ser forzadas a la maternidad puede llevar a cuadros de depresión, temor, tristeza, enojo, culpabilidad, intranquilidad por el futuro y vergüenza.

Nacimientos

De enero a diciembre del 2024, el registro de nacimientos en madres entre los 15 y 19 años fue de 54 mil 615. Mientras que los niños que nacieron de madres entre los 10 y 14 años fueron mil 953.

Alta Verapaz (siete mil 128), Huehuetenango (seis mil 677) y Quiché (cuatro mil 917) continúan en la lista de departamentos con más casos. Estos son datos que se recogen del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Abordaje

Montenegro menciona que hay una ruta trazada en el país para la atención del embarazo en niñas y adolescentes, pero no se cumple. Se establece el derecho a la salud ―se desarrolla con deficiencias―, y educación ―se carece de adecuada educación sexual para la prevención y de programas para que las menores retornen a la escuela―.

El Mineduc, según la cartera, propone a las menores la opción de continuar su formación a través del subsistema escolar, con acompañamiento de adecuaciones curriculares y guías para educación a distancia ―horarios flexibles ―, comprendidas en los diferentes programas de educación extraescolar. Además, se da seguimiento a la continuidad de los estudios para su permanencia y promoción en la escuela, para asegurar su derecho a la educación.

De acuerdo con el ministerio, a partir de este 2025 funcionará un nuevo programa de prevención de la violencia, que incluye la violencia sexual y todas las formas de abuso para prevenir hechos como los abusos sexuales y los embarazos en niñas. La prevención incluye la disposición de información y la creación de mecanismos para denunciar riesgos de abusos propios o contra otros estudiantes.

Los embarazos en niñas continúan, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiche, San Marcos, Solola y Guatemala presentan las cifras más altas. pic.twitter.com/dsPBqru2Az

— Osarguatemala (@Osarguatemala1) January 16, 2025

Además, se trabaja junto al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de capacidades de docentes, padres y madres de familia y personal administrativo, que dispondrán de la información para actuar de forma preventiva y, cuando se necesario, atendiendo los casos existentes.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social tiene el programa Vida, que consiste en una transferencia condicionada a la que tienen derecho las menores que han sido forzadas a la maternidad temprana, como producto del abuso sexual.

El Osar indica que este solo cubre al 6 por ciento de los 120 casos que aproximadamente se reportan al año. “Aunque tengan orden de juez la afiliación de la niña dura de uno a dos años, si es que la integran. En Alta Verapaz, en el 2024 solo 19 niñas estaban inscritas”, agrega, pero el dato es un consolidado hasta esa fecha.

En tanto, solo el 4 por ciento de los casos (violaciones) llegan a juicio, y el tiempo en que este se desarrolla va entre 4 y 5 años. El proceso es tardío y desalienta a las víctimas.

Rivera menciona que para ver cambios en este tema, el país necesita una “verdadero sistema de protección a la niñez y adolescencia”, además, que las leyes tienen que estar fundamentadas en el enfoque de los derechos humanos y protección social. Se necesita también una mejor inversión en este segmento de la población para el que se deben abrir espacios de participación protagónica y segura.