La licitación para la compra de 10 mil armas de fuego que el Ministerio de Gobernación (Mingob) adjudicó a una empresa cuyos representantes legales son hermanos de una ministra está bajo investigación, según confirmó la Unidad de Comunicación Social del Ministerio Público (MP).

La cartera del Interior, dirigida por el ministro Francisco Jiménez, adjudicó a la empresa Mundo de las Armas un contrato por Q84 millones para la adquisición de armamento. Dicha empresa tiene como representantes legales a Oscar Francisco y Renzo Ricardo, ambos de apellidos Grazioso Sierra, hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra.

Según el portal Guatecompras, ambos figuran como representantes legales de la empresa beneficiada con el contrato.

La investigación por este proceso de licitación está en manos de dos fiscalías, según explicó la unidad de comunicación del MP: una a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la otra en la Fiscalía Contra la Corrupción.

Debido a que ambas investigaciones están en curso, las autoridades no han brindado detalles específicos sobre su avance.

Entre los elementos denunciados por René André Polasek Franco, según comunicación del MP, figura que la empresa “se está beneficiando con todas las compras”. Como ejemplo, mencionó un proceso similar ocurrido el año pasado, también adjudicado a Mundo de las Armas, por Q150 millones.

Polasek Franco, representante legal de una de las empresas que compitieron en el proceso, también presentó una inconformidad antes de la adjudicación, en la cual manifestó sus sospechas por un presunto sesgo en la selección.

El Ministerio de Gobernación, por medio de su equipo de Comunicación Social, indicó que estaba por recibir información al respecto para fijar una postura, pero hasta ahora no ha proporcionado una respuesta.

Hallazgos de la CGC

El caso por supuestas irregularidades en la adjudicación de 10 mil armas de fuego cobró mayor relevancia tras el informe de una auditoría concurrente, remitido al ministro de Gobernación a finales de junio y reiterado el 2 de julio.

El equipo de auditores asignado al caso expuso que, aunque tres empresas participaron en el concurso, la junta de licitación lo clasificó como de único oferente, aduciendo que las armas requeridas —especificadas en las bases— solo eran ofrecidas por Mundo de las Armas.

Una de las empresas inconformes afirmó que el modelo solicitado es obsoleto y ha sido descontinuado en distintas fuerzas policiales del mundo, pese a que el objetivo es reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil.

Además, dicha empresa argumentó que podría haber una sobrevaloración en el precio del armamento, pues asegura que otras compañías en el mercado nacional ofrecen el mismo modelo a menor costo.

Ante estas dudas, la Contraloría General de Cuentas (CGC) notificó al ministro de Gobernación sobre sus hallazgos y le otorgó tres días hábiles para que adopte “las medidas administrativas correspondientes”.

La carta fue entregada el 2 de julio, por lo que el plazo para tomar acciones vence el lunes 7 de julio.

En una reciente rueda de prensa Jose Ronaldo Portillo, viceministro de seguridad, dijo que el tema se encuentra “bajo análisis”, sin poder profundizar en cuáles podrían ser las decisiones que tome la cartera.

Pero el viceministro fue claro en que las armas de fuego son “necesarias” para la institución policial, ya que es la forma en que sé irá reforzando a los elementos encargos de la protección ciudadana.