El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) afina los últimos detalles de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, que será presentada al Congreso antes de que termine el año.

El titular de Finanzas, Jonathan Menkos, afirmó durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que la iniciativa será remitida al Legislativo en un plazo de dos semanas.

Según Menkos, la renovación de la ley es urgente, ya que la actual se encuentra “completamente desfasada” frente a las necesidades del país.

Desde el 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) comenzó los preparativos para la creación de una nueva propuesta de Ley de Compras y Contrataciones del Estado, con la que se busca mejorar y agilizar los procesos de adquisiciones públicas.

Durante el presente año, el Minfin elaboró un diagnóstico del marco legal actual y analizó las propuestas legislativas recientes y un análisis comparativo de legislaciones de otros países, con el objetivo de desarrollar una nueva norma que actualice el manejo del presupuesto estatal, vigente desde 1992.

Ampliación de los montos

Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación de los umbrales para compras y contrataciones. El ministro ha señalado en varias ocasiones que los límites actuales no se ajustan a la realidad del país. Desde octubre de 2016, cuando se reformó la ley, rigen los montos actuales, que serían modificados así:

• Compras de baja cuantía: pasarían de Q25 mil a Q35 mil.
• Compra directa: de Q25,000.01–Q90 mil, aumentaría a Q35,000.01–Q300 mil.
• Cotización: de Q90,000.01–Q900 mil, subiría a Q300,000.01–Q2 millones.
• Licitación: de Q900,000.01 en adelante, pasaría a Q2 millones en adelante.

A criterio del Minfin, estos ajustes permitirían mayor flexibilidad al Estado para ejecutar procesos de compra más acordes a las necesidades actuales.

Controles y supervisión

La propuesta también contempla mecanismos para reforzar la transparencia, como la contratación electrónica obligatoria con acceso público y la estandarización de procesos y documentos. El objetivo es reducir errores, evitar ambigüedades y facilitar la fiscalización ciudadana.

Asimismo, se prevé la implementación de un sistema de supervisión durante la ejecución de los contratos, que incluirá figuras como el supervisor de cumplimiento, supervisores de obra —en los casos aplicables— y delegados para la recepción parcial o final de los servicios contratados.

Menkos afirmó que esta reforma forma parte del compromiso del Gobierno con la transparencia. También reveló que el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) ha presentado diez denuncias ante el Ministerio Público por falsificación de información de proveedores.

“Nos tomamos muy en serio en qué se utiliza cada centavo que llega a las arcas del Estado. Queremos saber más de los proveedores, queremos saber quiénes son sus dueños”, señaló el funcionario.

Diseño normativo amplio

La iniciativa que será presentada por el Ejecutivo incluye siete títulos, 23 capítulos y más de 260 artículos. Según el titular de Finanzas, la nueva ley no solo actualiza los montos, sino que establece un marco más moderno y eficiente para la contratación pública.

Entre los cambios destacados se encuentran también procesos más ágiles para compras de emergencia, reglas específicas para evitar la fragmentación de adquisiciones y la creación de un registro único de proveedores actualizado y verificable, que será accesible en línea.

Menkos destacó que el principal desafío ahora es su aprobación: “El gobierno confía en que los beneficios expuestos —mayor competitividad, atracción de inversión y eliminación de barreras no arancelarias— generen el consenso necesario entre los diputados”.

Añadió que la ciudadanía espera que, tras décadas de un mismo sistema, esta ley marque un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los proveedores, y priorice el interés público sobre los privilegios de unos pocos.