Desde finales del año pasado se produjo un arreglo entre los diputados para subirse su salario y lo hicieron sigilosamente, según ellos para evitar reacciones de la ciudadanía. Ya sabemos que nuestra población es parca para reaccionar y aunque trascendió el jugoso incremento no pasó absolutamente nada. Y cuando decimos que no pasó nada nos referimos no únicamente a la actitud ciudadana, sino también en cuanto al efecto que ello pudo haber tenido en provocar mayor dinamismo y entrega de los muy bien pagados miembros del Congreso, pero en cambio, este año ha sido tal vez el menos productivo en la historia de un Organismo Legislativo que no destaca por hacer mucho ni, peor aún, algo bueno.

En La Hora creemos que los funcionarios públicos deben ganar bien, no solo porque la labor pública es complicada, sino porque un buen ingreso debe desincentivar las prácticas corruptas que son tan comunes en nuestro sistema, pero la contraprestación a un buen salario es un trabajo digno, honrado y de calidad.

Hoy estamos publicando que cada diputado raso tiene un salario que equivale a 17 veces el salario mínimo vigente en el país, lo que es un montón de dinero que debiera obligar a los llamados representantes del pueblo, a trabajar con dinamismo y ahínco legislando sobre temas fundamentales. Posiblemente, el más importante de todos tendría que ser la emisión de una nueva Ley de Compras y Contrataciones para terminar con esos negocios arreglados bajo la mesa mediante jugosas mordidas, asunto en el que también participan varios diputados que tienen empresas o trabajan con aliados con los que se reparten utilidades.

También la hipocresía de los que promovieron el aumento anterior y ahora “votaron en contra” de la ratificación para este año, tema que no los pinta como decentes sino como verdaderos hipócritas, al igual de los que antes se rasgaron las vestiduras y ahora lo aprueban.

Nunca hemos estado en contra de que un buen trabajo sea justamente remunerado y, al contrario, sostenemos que es absolutamente justo que cuando alguien hace las cosas como Dios manda, reciba una correcta compensación económica. A ello agregamos que supuestamente quienes se dedican a la política deben ser personas preocupadas por el bien común, por mejorar al país y atender las necesidades de la gente, especialmente de los que menos oportunidades tienen, aunque la vida nos demuestra que ese pensamiento es un burdo idealismo que en la vida práctica no se manifiesta.

Para los congresistas, muchos de ellos, tener un buen salario debe significar que dejan las constructoras que usan en amaños y abandonan esa calidad de gestores de negocios que han adquirido en los dineros y contrataciones públicas.

Este año el Congreso va a conocer una nueva Ley de Compras y Contrataciones que está siendo preparada pero que, por supuesto, necesita el concurso de la sociedad civil, tanto para mejorar su contenido hasta hacerlo práctico, como para forzar a que sea aprobada sin que nos metan gato por liebre, como suele ocurrir cuando asuntos de trascendencia nacional llegan a ese pleno.

Cambiar el modelo en el que se hacen las compras y contrataciones es la pieza clave del sueño que tenemos por emprender un camino sin la corrupción que complica al honrado que se queda y empobrece a la gente, muchos de ellos que se ven obligados a emigrar en busca de las oportunidades que aquí les negaron los sinvergüenzas. Y ahora esos super bien pagados diputados, deben sentir la presión social para que, al fin, hagan algo de real beneficio para la Patria.