Luego de 11 días de bloqueos y manifestaciones, las autoridades indígenas tuvieron una primera reunión con el presidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial. El encuentro contó con la participación de miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que están en Guatemala para mediar en la crisis.

Luego del encuentro, que duró casi cuatro horas, Benjamin Tuy de alcaldía indígena de Sololá se dirigió al grupo de personas que permanecieron afuera de Casa Presidencial.

Según indicó Tuy, en el encuentro, el presidente Giammattei insistió que no puede destituir a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ni al juez séptimo penal, Fredy Orellana pues no existe “un marco regulatorio” que lo permita.

Ante esto, las autoridades indígenas aseguraron que evaluarán en las próximas horas cómo actuar a partir de esta noche, incluyendo si las protestas continuarán de la misma manera. Hasta ahora, el descontento de las autoridades indígenas se ha visto reflejado en bloqueos en las principales carreteras del país, que han sido replicado por grupos de personas en otros lugares, principalmente la ciudad de Guatemala hasta llegar a más de 150 puntos cerrados.

“Nosotros fuimos a presentar, no hicimos ningún trato y ningún compromiso”, aseguró Tuy. Por ahora, se tiene previsto que esta misma noche brinden una conferencia de prensa.

Según Tuy, Giammattei también se comprometió a evitar que hayan desalojos violentos en los lugares donde hay manifestaciones.

Las autoridades ancestrales llegaron originalmente a las 11.00 horas a Casa Presidencial, pero no fueron recibidas y se les dio cita para las 15 horas. Cerca de las 15.30 ingresaron seis representantes de las autoridades ancestrales y mantuvieron la reunión a puerta cerrada por cerca de cuatro horas, mientras decenas de personas realizaban distintas actividades en el Callejón Manchén, en la parte posterior del Palacio Nacional.

Esto se vive en el undécimo día de bloqueos y protestas en todo el país. Hasta las 18.30 horas, 95 puntos seguían cerrados exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez séptimo, Fredy Orellana.