El 12 de agosto último finalizó, después de 40 años, el contrato de operación de la compañía de extracción y transporte de petróleo Perenco, en el área protegida de Laguna del Tigre, La Libertad, Petén. Esta actividad finalizaba originalmente en 2010, pero fue prorrogada por 15 años por el gobierno de aquella época. Desde principios de año, se discutía la posibilidad de una nueva extensión, pero había un escollo legal insalvable. Una posible salida era reformar la Ley de Hidrocarburos, que data de 1983, pero en un Congreso tan caótico, tan lábil y tan desinteresado en abordar asuntos de importancia estratégica, resultó estéril el intento. La norma, caduca al fin, tampoco contemplaba un procedimiento obligatorio para el cierre de operación bajo criterios ambientales.

En todo caso, la postura del actual Ejecutivo apuntaba más a procurar el cierre definitivo, debido a la limitación contractual ya mencionada y también a la preocupación sobre el impacto de esta operación en los ecosistemas del parque Laguna del Tigre. De hecho, la entrega de las instalaciones también incluyó la del oleoducto, cuya autorización estaba prevista para 2044. Con la salida de la empresa operadora, el Estado queda a cargo del cierre definitivo de la instalación.

Se había reportado, en los últimos años, un decrecimiento paulatino en producción del campo Xan, lo cual tiene cierta lógica después de cuatro décadas de extracción, al menos según los reportes de operación. Uno de los puntos de polémica, además del ecológico, era la proporción de regalías recibidas por el Estado, cuyo porcentaje se proponía elevar en las varadas enmiendas a la Ley de Hidrocarburos. El campo operado por Perenco abarcaba el 90% de la producción petrolera nacional.

Uno de los impactos innegables del cierre será en algunos de los servicios que la compañía concesionaria prestaba a la población, como la operación de un centro de salud y de un ferri sobre el río San Pedro; asimismo, la generación de plazas de trabajo y los empleos indirectos podrían convertirse en un desafío para las autoridades. De hecho, al día siguiente de la entrega de la planta de extracción, se reportaron las primeras invasiones de supuestas familias campesinas que reclaman tierras y podrían poner en vilo las declaradas intenciones de recuperación ambiental.

Se calcula que el impacto del cierre de este campo petrolífero, sobre el producto interno bruto será de alrededor de US$600 millones, pero —sin duda alguna— serán las comunidades próximas las que más resentirán este repentino cese de flujo económico. Por otro lado, la imposibilidad legal de extender o renegociar el contrato se alza como un valladar que solo puede ser abordado desde el Legislativo, pues cualquier otro arreglo fuera de este marco legal podría ser sujeto de sanciones u objeciones.

El cierre del capítulo de Perenco no debería significar el fin de la industria petrolífera en el país. De hecho existen otros contratos vigentes y en operación, sobre los cuales el Estado debería presentar una auditoría pública sobre el pago de regalías. En 2021 la Contraloría General de Cuentas impuso sanciones a autoridades de Energía y Minas por el impago de beneficios al Estado, que actualmente planea destinar US$50 millones para atender el cierre del campo Xan. A lo largo de los tres lustros que duró la extensión del contrato de Perenco hubo oportunidades para abordar la reforma a la ley de 1983, para fortalecerla con criterios modernos. Se necesita discutir con seriedad esos cambios, para que el oro negro guatemalteco restante se pueda aprovechar mejor.