En Guatemala estamos en una crisis silenciosa con la cual nos hemos acostumbrado… hasta que nos quedamos varados. Cerraron un carril de la carretera al Pacífico hace unas semanas y toda la Costa Sur colapsó. Tráileres parados durante horas, pérdidas millonarias, productos perecederos que jamás llegaron a su destino. Todo porque a alguien se le “olvidó” dar mantenimiento. Esto ya no es mala administración, es negligencia imperdonable. Y mientras el Ministerio de Comunicaciones sigue empolvando escritorios con estudios que no se ejecutan, la economía se asfixia.

La infraestructura es la vena yugular de cualquier economía. Aquí tenemos arterias obstruidas, puertos infectados y una “burocracia” más interesada en llenar formularios y sus bolsillos que en hacer las cosas. El Presupuesto General de la Nación es el más grande de nuestra historia: más de Q148 mil millones. Y, sin embargo, la ejecución en infraestructura crítica es vergonzosa. Al primer trimestre, el Ministerio de Comunicaciones apenas ha usado el 2.38% de su presupuesto para carreteras. De los Codede ni hablemos: hay rubros donde el gasto es cero.

Mientras tanto, los baches se convierten en cráteres y los puentes tiemblan cada vez que pasa un tráiler. Esto no es desarrollo, es el escenario de un colapso anunciado. ¿Qué país puede atraer inversión extranjera directa si el traslado de mercancías es como jugar a la ruleta rusa? ¿Cómo competir en un mundo globalizado si mover un contenedor cuesta el doble por culpa del tiempo perdido en carreteras destruidas y un puerto que es un cuello de botella permanente?

Miremos el Puerto Quetzal. Se ha convertido en el monumento a la desidia y la corrupción. Hasta 60 barcos han tenido que esperar días para descargar. ¿Razones? Una grúa descompuesta que “es problema del proveedor”, procedimientos lentos y una administración anclada en el síndrome del “chupa lápiz”. Pero lo peor es que todos lo saben: el Puerto Quetzal es uno de los sistemas más corruptos de Latinoamérica. Drogas, contrabando, tráfico de influencias… cualquier cosa pasa por ahí, menos eficiencia.

La situación es tan crítica que ya ni siquiera podemos aspirar a un “plan de mejora”. Lo que Guatemala necesita es una intervención de emergencia. Declarar el Puerto Quetzal como un activo estratégico y traer un equipo de expertos independientes que lo administren de manera temporal. Urge una administración profesional, transparente y moderna que responda a los intereses del país y no a los de las mafias incrustadas.

Y si vamos a hablar en serio de infraestructura, es hora de dejar al Estado a un lado para lo que no sabe hacer. Los países que han resuelto estos problemas apostaron por la desregulación y la participación privada. México, Colombia, Chile… países donde los peajes de autopistas modernas los pagan con gusto, porque es infinitamente más caro no tener carreteras. Aquí seguimos soñando con que “el gobierno lo haga todo”, cuando la evidencia es brutal: ¡no puede!

Ya es letanía, pero no nos cansamos de repetirlo: Guatemala necesita abrir la puerta a concesiones viales, alianzas público-privadas y esquemas donde el usuario paga por servicios que funcionan. Una red de autopistas modernas, operadas de manera profesional, podría transformar la economía nacional. Los exportadores serían los primeros en aplaudir, porque el costo del transporte bajaría, aunque paguen peaje. La productividad crecería, y el PIB también. La VAS es el mejor ejemplo.

Pero nada de esto pasará mientras la clase política siga pegada a la teta pública, ordeñando el presupuesto como si fuera propiedad privada. No quieren soltar el control porque de ahí viven: del diezmo disfrazado de comisión, de los contratos amañados, del negocio sucio en la obra pública. El problema de la infraestructura en Guatemala no es técnico. Es político. Y mientras no dejemos atrás esa cultura parasitaria, seguiremos con puertos inservibles, carreteras colapsadas y oportunidades perdidas.

Nada va pasar, pero vale el desahogo…