La reunión que todos niegan: obras, contratos por emergencia y el balance del Congreso
Las adjudicaciones de los proyectos que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha hecho a través de la modalidad especial de licitación por emergencia fueron pactadas, incluso, antes de que salieran a luz los concursos. Para las fechas cuando estos fueron publicados en Guatecompras, a lo interno del CIV ya se sabía qué […]
Las adjudicaciones de los proyectos que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha hecho a través de la modalidad especial de licitación por emergencia fueron pactadas, incluso, antes de que salieran a luz los concursos.
Para las fechas cuando estos fueron publicados en Guatecompras, a lo interno del CIV ya se sabía qué contratistas se harían cargo de qué proyecto, de acuerdo con el testimonio que fuentes internas y externas de la institución —y que conocen del tema— narraron a La Hora.
Hasta el momento, según una revisión hecha al referido portal en el que se registran todas las compras y contrataciones del Estado, entre la Dirección General de Caminos (DGC) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), ambas dependencias del CIV, han adjudicado de octubre de 2025 a la fecha 15 contratos bajo esta modalidad por un monto de Q1 mil 678 millones.
Cabe destacar que estas son solo adjudicaciones por la construcción o mantenimiento en la red de carreteras centroamericanas. Aparte, hay otra treintena de concursos para la supervisión, señalización y limpieza de estas vías, que suman contrataciones por Q245.9 millones.
Covial ha adjudicado el 79 por ciento (%) de los recursos y la DGC, el restante 21%. El Fondo Social de Solidaridad (FSS) todavía no adjudica ningún contrato bajo esta modalidad, aunque tiene la facultad de hacerlo, según la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Esta norma fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2024, con el objetivo de atender las principales carreteras del país de forma ágil. Para ello, creó la «modalidad especial de licitación por emergencia», que permite obviar algunos pasos y tiempos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, pero que da un tiempo máximo de contratación de hasta 36 meses desde que entró en vigor.
La norma fue publicada en el Diario de Centroamérica el 3 de diciembre de ese año y entró en vigencia 30 días después, o sea, el 3 de enero de 2025. De esa forma, cuando transcurrían más de ocho meses desde que la Ley estaba vigente, comenzaron a publicarse y adjudicarse los contratos por emergencia.
Con Miguel Ángel Díaz Bobadilla aún de ministro, se publicó el primer concurso; el 30 de septiembre, el cual se adjudicó el 8 de octubre a Constructora La Carreta por un monto de Q115.1 millones para el mantenimiento de la ruta CA-12 que comunica a Guatemala con la frontera Anguiatu de El Salvador.
Poco más de un mes antes, el 28 de agosto, Norma Zea había pasado de ser asesora en la Secretaría Privada de la Presidencia a viceministra de Infraestructura en el CIV. Tres meses después se consolidaría como la autoridad máxima en esa cartera.
EL DESAYUNO Y LA URGENCIA POR ADJUDICAR
Las fuentes que hablaron con La Hora, con la condición de que no se publicaran sus nombres por temor a represalias, afirmaron que la primera adjudicación por emergencia (todavía con Díaz Bobadilla como ministro) fue el detonante que hizo que otro grupo dentro del CIV, del cual Norma Zea es el rostro visible, apresurara los procesos de contratación para adjudicarlos a otros constructores.
Así, un domingo, a finales de octubre de 2025, se organizó un desayuno después del cual hubo una reunión en un desarrollo de oficinas, hotel y apartamentos ubicado en la 12.ª calle de la zona 10, a la que fueron convocados: Norma Zea, en ese entonces viceministra de Infraestructura, y cuatro de sus asesores, Othsmar Estuardo Gómez, Esvin Aroldo Chávez, un tercero a quien La Hora solo pudo conocer con el nombre de Víctor, y un cuarto de quien no fue posible establecer su identidad.
También asistieron los diputados Nery Rodas, dos de sus asesores, de quienes tampoco fue posible determinar sus nombres, y el legislador oficialista José Carlos Sanabria, quien iba también con un asesor, que las fuentes identificaron que se trata del exdiputado Roberto Alejos.
El objetivo era «agilizar las adjudicaciones desde el Viceministerio de Infraestructura, porque sentían que el entonces ministro Díaz Bobadilla les estaba ganando la partida con diferentes constructores», detalló una persona que no estuvo presente en la cita, pero que se enteró de la reunión y que está familiarizada con el CIV.
La fuente añadió que el empresario Shellder Alexander Córdova Catalán jugó un papel importante en la reunión (aunque no estuvo presente), puesto que, por medio del diputado Rodas, fue el enlace entre las autoridades del CIV y las constructoras con las cuales ya se había acordado qué proyecto les correspondía. De hecho, enfatiza que, según se enteró, era como una especie de representante de las empresas involucradas.
Es importante hacer notar que la familia Córdova (a la cual pertenece Shellder Alexander) ha tenido en el pasado vínculos políticos y es señalada de dominar el negocio de la construcción, inicialmente en Alta Verapaz, pero que con los años se ha ampliado a otros departamentos.
Para elaborar las bases de licitación por emergencia y subir los eventos a Guatecompras, era imprescindible hacer visitas de campo para que los técnicos elaboraran los informes sobre los proyectos a adjudicar, pero había poco tiempo y tuvieron que correr.
La prisa fue tal que, conscientes de que solventar las cuestiones logísticas, como el trámite de vehículos y viáticos en el CIV, podría tomar varios días, a petición de uno de los asesores del diputado Rodas, quien habría hablado con Córdoba por teléfono, este empresario coordinó con las constructoras llevar a los técnicos, en avioneta o helicóptero, a los puntos, el transporte terrestre y costear los viáticos. Lo anterior también fue confirmado por personas que participaron en esos recorridos.
Al final de cuentas, precisó otra de las fuentes, los informes de las visitas llegaron a los departamentos técnicos de Ingeniería del CIV, sin que estas dependencias estuvieran enteradas de cómo se habían elaborado porque «en realidad fueron enviados por los propios asesores de Nery Rodas».
En cuanto al papel que jugó el diputado Sanabria, las fuentes comentan que él, con el visto bueno de Ana Glenda Tager, participó en representación de los intereses del presidente Bernardo Arévalo; sin embargo, no es quien habla directamente con las constructoras, puesto que estas —dijo— primero deben hacerlo con la secretaria privada.
Las fuentes coinciden en afirmar que es «imposible» pensar que el gobernante no esté al tanto de lo que acontece alrededor del CIV.
En cuanto al diputado Nery Rodas, una de las fuentes comenta que, incluso, es quien cuenta con el aval de Tager para negociar en el Congreso el resto de temas y la agenda que le interesa al organismo Ejecutivo por ser más hábil que Sanabria, aunque siempre es este (Sanabria) el rostro del oficialismo en el Legislativo.
LA ROSCA DE ZEA
En un artículo publicado por este medio el pasado 3 de octubre, en donde se revela cómo las bases de licitación por emergencia para la construcción de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara se alteraron para favorecer a las empresas que fueron adjudicadas, se menciona que dicha alteración fue empujada por Gilberto de Jesús Guerra, el principal asesor de la ministra Norma Zea.
Sin embargo, según una de las fuentes consultadas, junto con Guerra, los asesores Othsmar Estuardo Gómez y Esvin Aroldo Chávez son las otras dos voces que le hablan al oído a la ministra. La misma fuente asegura que los tres tienen intereses con compañías constructoras.
Gómez, cuyo padre actualmente es director interino de Covial, no tiene un contrato vigente en ninguna dependencia del CIV. El último que firmó fue en diciembre de 2025 con la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal del Ministerio, por Q30 mil por «servicios profesionales» durante un mes.
En el caso de Chávez, sí está contratado por el CIV actualmente, también por «servicios profesionales», devengando un cobro mensual de Q27 mil. Para tal fin, el 2 de enero último firmó un contrato por Q162 mil, por seis meses, el cual renovó el pasado 1 de julio.
Guerra, según información proporcionada por la propia oficina de Comunicación Social del Ministerio, «está contratado por medio de financiamiento externo para apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura»; sin embargo, no respondió desde cuándo es asesor en la cartera ni qué organismo es el que lo tiene contratado.
Al igual que Zea, trabajó un tiempo en la Secretaría Privada de Presidencia, con Ana Glenda Tager, después de que fue destituido por el exministro de Comunicaciones, Felix Alvarado, en julio de 2024, quien lo señaló de haber interferido en el proceso de adjudicación para la rehabilitación del hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Dicha denuncia fue desestimada.
Las fuentes explicaron que cuando Zea llegó al CIV, la expectativa era que cambiara los procedimientos viciados que han caracterizado a esa institución desde hace muchos años, pero poco a poco notaron que la intención no era esa.
Una de las fuentes detalló que, aparte de la cita a finales de octubre para agilizar los contratos de licitación por emergencia, comenzó a tener «reuniones delicadas» en donde le pedía a quienes estuvieran con ella abandonar el lugar y solo se quedaba con sus asesores, Guerra, Gómez y Chávez.
Asimismo, comenzó a consentir prácticas cuestionables como el debilitamiento de bases de licitación en los concursos (condiciones más laxas para los oferentes) y se empecinó en adjudicar la construcción de un carril de ascenso en la ruta Cito-180 (de Retalhuleu a Quetzaltenango), pese a que había irregularidades en el proceso, como que no contaba con número SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) válido.
Finalmente, la obra fue adjudicada a Proyectos Generales y Construcciones, S. A. (Progeyco) por Q459 millones, pese a que no contaba con el aval técnico de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, según un artículo publicado por este medio el pasado 10 de septiembre.
PROCESO DE PAGOS
Las fuentes también hablaron de cómo funciona el proceso de pagos dentro del CIV y coincidieron en que «nada se mueve si no hay dinero de por medio». Una de las voces que conversó con La Hora ejemplificó esta situación con la Dirección General de Caminos (DGC), donde el pago de estimaciones puede tardar, desde que ingresa a la ventanilla de solicitud, unos dos meses y pasar por entre cinco y seis avales.
Particularmente, señaló al departamento de Supervisión de Construcciones donde «se mueve el dinero». Cada expediente, después de la ventanilla de recepción, también pasa por los departamentos de Visa, Financiero, Control de Inversión y Presupuesto. Cuando se acumula cierta cantidad de estimaciones por pagar de varios proyectos, se hace un resumen para decidir a quiénes se les paga.
La fuente dijo que del único lugar donde tiene conocimiento de que «se tiene que pagar» para que el expediente reciba el aval es en Supervisión de Construcciones. No le consta en el resto de procesos y dependencias.
Añadió que, aunque al tener ya el resumen de los pagos pendientes, se convoca a una reunión con directores de diferentes departamentos, finalmente son Esvin Chávez y la ministra Norma Zea quienes toman la decisión de los desembolsos.
Ante este señalamiento, el CIV respondió que en la DGC y «específicamente en la División de Supervisión de Construcciones, todos los trámites se rigen por procedimientos técnicos y administrativos establecidos por ley» y que «no existe ni se tolera cobro alguno para agilizar expedientes».
El CIV mantiene una «política de cero tolerancia a cualquier acto anómalo. Hemos fortalecido los controles internos y los procesos de supervisión», añadió.
QUÉ DIJERON LOS ASESORES
La Hora se comunicó con las personas aludidas en este artículo, de las cuales no respondieron los principales asesores de la ministra Zea (en ese entonces viceministra), de quienes este medio pudo conseguir los contactos.
Gómez dijo que no tenía tiempo para atender una llamada; y, aunque se le mandaron la consultas vía WhatsApp, no se obtuvo respuesta. Mientras que Chávez no respondió las llamadas ni mensajes. Ellos, junto con Guerra, son los principales asesores de Zea.
La Hora también logró contactar vía telefónica con Víctor, quien ya no asesora a Zea. Al ser consultado por La Hora reconoció que hubo tal reunión, pero expuso que no podía dar detalles por temor a represalias, puesto que —aseguró— ha recibido amenazas de uno de los principes constructores del CIV.
ZEA ATIENDE A SECTORES
Consutado el CIV a través de su oficina de Comunicación Social no negó que se haya producido la reunión en el referido complejo de la zona 10 ni la participación de Zea en la misma, sino que se limitó a contestar que «en el ejercicio de sus funciones», la ministra «atiende a distintos actores del sector público y privado dentro del ámbito de sus competencias, pudiendo hacerse acompañar del equipo técnico que considere, de acuerdo con los temas a abordar», ya que sus acciones se rigen por la ley y su prioridad es el rescate institucional del Ministerio.
Al mismo tiempo, expuso que las contrataciones de Covial y de Caminos bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria «se realizan conforme a la misma y son públicos y trazables en el portal de Guatecompras». «El Ministerio reitera su compromiso con la transparencia y el trabajo técnico», acotó en una comunicación con La Hora.
NERY RODAS
El diputado Nery Rodas negó que haya asistido a la reunión, aunque reconoció que sí se ha reunido con Zea al menos en dos ocasiones para hacerle ver que tenía una «gran oportunidad» de utilizar las licitaciones por emergencia para acelerar los procesos entre noviembre y diciembre de 2025 y empezar a adjudicar en enero de 2026.
Subrayó que, por esos días, decidió reunirse con ella y no con el que era el ministro —Diaz Bobadilla— porque ya se rumoraba que Zea sería nombrada la nueva jefa del CIV, y «se creía que por el empoderamiento que traía iba a hacer muchas cosas». Pero, dijo, después de eso ya no le dio seguimiento al tema.
Además, aunque dijo que conoce al empresario Shellder Córdoba, aseguró no ha tenido ninguna comunicación con él ya que «no es mi forma de operar». Respecto a si se reúne con la secretaria Tager y si opera algunos intereses del Ejecutivo en el Congreso, respondió que se ha reunido con ella cuatro veces para hablar con de «varios proyectos importantes», como el del ferrocarril o el de transformación digital, pero lo demás «es un chisme».
«Dios guarde», respondió al ser consultado de si es operador del Ejecutivo en el Congreso. «No, el operador es José Carlos Sanabria, eso todo el mundo lo sabe», precisó.
JOSE CARLOS SANABRIA
El diputado oficialista José Carlos Sanabria también negó que haya participado, y calificó la información de «falsa», aunque no fue contundente e incluso por momentos pareció un tanto nervioso.
Sanabria, incluso, dijo que ni siquiera sostiene reuniones con la ministra Zea porque no es su competencia, ya que el tema de carreteras le compete al organismo Ejecutivo. «Mis funciones y responsabilidad es como diputado y bajo ningún punto de vista yo tengo atribuciones ni he participado en ese tipo de reuniones», aseveró.
«No. Yo no participé. Yo desconozco esa información. No la… yo, de hecho, yo no participé en ninguna reunión», comentó a La Hora.
SHELLDER CÓRDOVA
El empresario Shellder Córdova, propietario de la empresa Maya Mix, que también es contratista del Estado, también negó que alguien se haya comunicado con él y que haya intervenido por otras constructoras para costear los viáticos de los técnicos que visitaron los proyectos.
«Es falso, no me he reunido con los personajes que menciona, ni con la ministra. Nunca me presenté ni me apersoné para una reunión de ese tipo», aseguró el empresario, quien dijo que estudió en la universidad que Zea, pero que desde entonces no ha vuelto a saludarla.
Añadió que está enterado de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, pero reiteró que no lo invitaron. «Me parece extraño que me hayan mencionado en esa cuestión», aseveró.
Córdova expuso que su nivel de acercamiento tanto con Zea como con Tager es «totalmente cero», ya que incluso en el CIV ha escuchado comentarios sobre él que «no son muy a mi favor». «Hoy, tengo proyectos liquidados e inaugurados y que no me han pagado», aseguró.
Al insistir en que no se ha comunicado con nadie del Gobierno o con algún asesor de Rodas, ofreció «desplegar» su teléfono para demostrar que ni siquiera cuenta con los contactos de «esa gente».
SECRETARÍA PRIVADA
El equipo de Comunicación de la Secretaría Privada negó todas las consultas efectuadas por La Hora. Aseguró que Tager no estaba al tanto de la reunión de la zona 10 y que no mantiene comunicación ni relación alguna con contratistas del CIV sobre procesos de contratación pública.
De igual forma, rechazó que el diputado Nery Rodas sea un operador del Ejecutivo en el Congreso, aunque sí se ha comunicado con él.
«La secretaria privada de la Presidencia, de acuerdo con sus funciones, ha mantenido comunicación con el diputado Rodas y con diversos diputados de las distintas bancadas, con quienes se coordina la agenda legislativa de interés del Ejecutivo. El diputado Rodas no es operador del Ejecutivo en el Congreso», puntualizó.
ALEJOS TAMBIÉN CONFIRMA REUNIÓN
Consultado por La Hora, el exdiputado Robeto Alejos reconoció que por esas fechas acompañó al diputado Sanabria a una reunión donde estaba Nery Rodas y unos «jóvenes» que «a lo mejor» eran del CIV, aunque dijo no recordar el nombre del hotel en el que se llevó a cabo la junta.
Aseguró que acudió a la cita y que Sanabria comentó que esta tenía que ver con que Rodas estaba «presionando a la ministra». Afirmó que llegó, saludó a los asistentes y se retiró cuando se percató que eran temas que no le concernían ya que él solo asesora al diputado oficialista en cuestiones legislativas.
«Yo no me quedé porque era algo del Ministerio, iban a ver algo de puentes, les iban a presentar a una empresa o algo así. Recuerdo que era una empresa holandesa y como que Nery iba a servir de intermediario de algo», puntualizó Alejos, al mismo tiempo que aseguró que no había empresarios de la construcción en la reunión.
Según Alejos, no saludó a la ministra Zea, porque «quizás no había llegado», no obstante, una de las fuentes dijo a La Hora que ambos sí se cruzaron saludos como si se conocieran desde antes, y que el exdiputado estuvo unos 20 minutos, tomó café y luego se retiró.