San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, recibe al visitante con fachadas de colores y el ir y venir de artesanos que ofrecen vinos, jaleas y recetas que han pasado de generación en generación. No es casualidad que este poblado haya sido reconocido como “pueblo pintoresco”: allí, la gestión turística se organiza, regula su capacidad de carga y articula a vecinos y emprendedores para que el flujo de visitantes no erosione la vida local. El caso ilustra qué significa, en la práctica, hacer turismo rural.

En Guatemala, el turismo rural abarca toda actividad turística fuera de las grandes urbes. Es un paraguas amplio que incluye visitas a áreas naturales gestionadas por el sector público —como parques nacionales o municipales—, experiencias de turismo comunitario —cuando la comunidad es anfitriona y gestiona servicios como hospedaje, alimentación y guianza—, así como productos ofrecidos por propietarios privados —fincas, granjas, haciendas— que abren sus puertas al visitante.

Claire Dallies, directora de la Maestría en Turismo Sostenible en la Universidad del Valle de Guatemala, lo resume así: el turismo comunitario está dentro del turismo rural, y la diferencia clave está en “quién administra el territorio”.

Más experiencias que multitudes

Las fuentes consultadas coinciden en que el auge reciente no solo se refleja en el volumen, sino también en la calidad de la experiencia.

Puntualmente, la presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Rural y Comunitario (Asoturgua), Aura Figueroa, reporta un crecimiento cercano al 8% y, sobre todo, un cambio hacia un visitante que pernocta más, valora la cultura y paga un precio justo.

“No buscamos turismo masivo”, enfatiza. El objetivo es atraer a viajeros con mayor poder adquisitivo, capaces de dejar un impacto económico directo en la comunidad, por ejemplo, pagando por textiles originales o panes cuyo proceso completo merece retribución digna.

Dallies añade dos tendencias globales que favorecen al campo guatemalteco: la experiencialidad —cocinar con cocineras locales, aprender a tejer o a teñir con tintes naturales, cosechar y catar café, caminar con intérpretes locales— y el bienestar: “la naturaleza y el vínculo humano que ofrece el mundo rural ayudan a reducir el estrés y a regenerar relaciones con el entorno”.

Desde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la asesora Lucila Pérez recuerda que los principales destinos turísticos del país, como Tikal o la cuenca del lago de Atitlán, se encuentran dentro de áreas protegidas. “Nuestro mandato es asegurar que el turismo sea compatible con la conservación”, explica. Para ello, el Conap ha creado instrumentos normativos y convenios con comunidades para que estas puedan participar de la actividad y beneficiarse con servicios como guianza, transporte, alimentación o alojamiento.

Modelos que funcionan

Pérez cita como ejemplo el parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, en Petén. Allí, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Yaxhá reúne a más de 12 comunidades que ofrecen transporte terrestre y acuático, guía de naturaleza, venta de alimentos, elaboración de mermeladas e incluso alquiler de equipo para acampar y observar fauna. “Es un modelo de gestión turística de la mano con las comunidades y el gobierno”, asegura.

Figueroa, por su parte, destaca la experiencia de la red Viviente Verapaz, que estandariza servicios en Alta Verapaz, y la “Ruta Cobán”, que integra emprendimientos comunitarios en torno a la naturaleza y el café. Dallies agrega ejemplos como el corredor del bosque nuboso, los circuitos emergentes en San José Pinula o el aprovechamiento del flujo turístico en polos consolidados como Atitlán y Retalhuleu.

Para Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, el atractivo radica en que el visitante “busca vivir la esencia de la gastronomía, las artesanías y las tradiciones en origen”. Y enfatiza: “Si el 60% del país es rural, prácticamente toda Guatemala es potencial”.

Brechas de competitividad

El diagnóstico es compartido entre academia, sector privado, comunidades y autoridades.

En primer lugar, la infraestructura turística. “Es el reto número uno”, afirma Fernández, mientras Pérez reconoce que, en parques como Yaxhá, se han perdido contratos con tour operadores por lo difícil del acceso en temporada de lluvia.

Otro punto crítico es la capacidad de carga y la seguridad. Figueroa advierte que mejorar carreteras sin gestión puede dañar ecosistemas, como ocurrió en Semuc Champey, considera. Pérez insiste en que es clave regularizar a los guías para evitar accidentes y extravíos.

En cuanto a la tecnología y los medios de pago, Pérez señala la necesidad de implementar cobros en línea y estadísticas que permitan mejorar la gestión. Fernández subraya la baja conectividad digital en áreas rurales, que frena tanto la operación como la promoción. También pesa la falta de capital humano.

“Hay una brecha en hospitalidad, guianza e idiomas”, dice Dallies. Figueroa añade la falta de formación en administración y finanzas para que los emprendimientos sean sostenibles.

En materia de gobernanza, la ausencia de organizaciones gestoras de destino (OGD) reduce la coordinación entre actores. “Las alianzas con municipalidades y los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) son clave”, insiste Fernández.

Finalmente, el relevo generacional es otra preocupación. Asoturgua advierte que la migración y la falta de interés de los jóvenes amenazan la continuidad de oficios y proyectos turísticos.

Planes sobre la mesa

Desde el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el director de Desarrollo del Producto Turístico, Iván Azurdia, asegura que el país está diseñando un Plan de Turismo 2026-2036 con “una metodología participativa” que ONU Turismo ha decidido replicar en otras partes del mundo. “Empezando en las áreas rurales, en los departamentos más alejados, como Huehuetenango, Petén e Izabal, y recogiendo en talleres de cocreación las opiniones, quejas, sueños y propuestas de la ciudadanía”, explica.

El plan busca ser un documento de todo el sector turístico y no solo del Inguat, asegura, con indicadores medibles, revisiones periódicas y una transformación interna de la institución hacia un Inguat 2.0, digital y eficiente. “Tenemos que dejar de trabajar en montañas de papel y pasar a sistemas integrados, transparentes y consultables desde cualquier punto del país”, insiste Azurdia.

En el corto plazo, la entidad asegura que trabaja en 90 proyectos de inversión pública, que incluyen ciclovías, miradores, observatorios astronómicos y mejoras en sitios arqueológicos. Pero Azurdia es claro: “Sin carreteras, tratamiento de aguas residuales ni manejo de basura, no podemos hablar de turismo sostenible. Es como invitar a alguien a tu casa y recibirlo con goteras y sin ventanas”.

Participación comunitaria

Lucila Pérez recuerda que el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, obliga al Conap a coordinar con el Inguat y el Ministerio de Cultura y Deportes para asegurar que el turismo sea compatible con la conservación que se persigue. Parte de esa labor es socializar normativas, establecer reglas claras para operadores y promover convenios con comunidades.

Un reto central es lograr que todos los guías en áreas protegidas se registren y cumplan la normativa. “Nuestro objetivo no es limitar la posibilidad de trabajo, sino garantizar seguridad y evitar impactos negativos”, señala.

Entre las acciones a corto plazo, el Conap prepara la Guía de viaje por las áreas protegidas de Guatemala, un catálogo de 63 destinos abiertos a la visita, con información sobre actividades, accesos, contactos y recomendaciones. “Queremos invitar al visitante nacional y extranjero a que nos apoye en la conservación al conocer y disfrutar de estas áreas”, explica Pérez.

Hoy, el turismo aporta entre el 5% y el 6% del PIB. ¿Podría llegar al 20% o al 30%? “Tal vez sí, y solo si se resuelven los problemas de conectividad, saneamiento y articulación estatal”, afirma Azurdia.

A nivel global, ONU Turismo registra que el 59% de los países prioriza el turismo rural y que el 96% proyecta un mejor futuro para este segmento. En el ámbito nacional, el Inguat anticipa 27.2 millones de viajes domésticos en el 2025, un caudal que podría alimentar circuitos rurales si se consolidan rutas y servicios.

Hoja de ruta

Entre los desafíos más importantes se encuentran la infraestructura vial, la capacitación, la promoción, el acceso a la tecnología e infraestructura turística básica.

Fernández menciona que las carreteras rurales están en mal estado. “Es poco el mantenimiento que se les da; si vemos las rutas nacionales o las priorizadas, hoy no están muy bien. Las carreteras que los llevan a conectar esta ruralidad con los centros urbanos son importantes; es necesario atenderlas y darles prioridad”, comenta.

A esto se suman los problemas de acceso a telecomunicaciones, internet, y servicios digitales y financieros en áreas lejanas. “Hay lugares donde no hay mucha señal telefónica y menos de internet; esto es importante para las personas que no pueden desconectarse al 100% y puedan seguir comunicadas”, explica Fernández.

Por otro lado, está la falta de estándares de calidad en la prestación de servicios en áreas rurales. Dallies afirma que la clave del turismo está en la calidad del servicio. “Podemos tener atractivos extraordinarios, infraestructura hotelera y restaurantes bonitos, pero si el servicio, es decir, la relación del anfitrión hacia el visitante, no es óptima, definitivamente el comentario no será positivo”, añade.

Otro desafío es la promoción. “Es un desafío fuerte, porque generalmente se publicitan los mismos lugares: Petén, Antigua Guatemala, Semuc Champey y el lago de Atitlán como los cuatro principales, y no se les da el mismo interés ni la misma cobertura para mostrar lo que tienen para el mundo otros destinos emergentes”, detalla Figueroa.

A esto se suma la baja calidad de la infraestructura turística básica. “Generalmente nos enfocamos en que el sendero esté bonito, transitable, que haya flora y fauna, pero esto conlleva una infraestructura que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, tener baños, pero que no contaminen; contar con buen manejo de desechos sólidos, que se pueda cumplir con esto para no contaminar el ambiente”, explica Figueroa.

Finalmente, la desarticulación del Estado. Azurdia señala que una de las grandes quejas es la falta de coordinación entre ministerios e instituciones de gobierno. “Hacemos planes y acciones aisladas, que no están conectadas”.

“Las alianzas son la fórmula para recorrer planes de 10 o 15 años”, insiste Fernández, de Agexport. Figueroa pide compromiso de las municipalidades y una publicidad bien dirigida; Dallies recomienda diagnosticar y planificar antes de promover; Pérez subraya que las comunidades son aliadas de la conservación, y Azurdia advierte que, sin inversión en infraestructura y coordinación estatal, el país seguirá perdiendo oportunidades.

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