Anomalías en licencias de construcción, malversación de fondos, faltantes de caja, cobros indebidos, uso irregular de recursos públicos y contrataciones opacas fueron detectadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en varias municipalidades, según el informe de Auditoría y Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024, entregado la semana pasada al Congreso.

Por estos hallazgos se interpusieron denuncias contra alcaldes, exalcaldes, concejales y directores financieros por hechos que en algunos casos datan de 2005. El monto total cuestionado en las auditorías supera los Q30 millones.

Encabeza el listado la municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. La comuna recibió Q17.9 millones por una licencia, pero luego devolvió Q8 millones a la empresa desarrolladora, que entregó 12 picops, tres camionetas, 38 motocicletas, dos vehículos livianos y un camión. El actual alcalde Juan Manuel Asturias y el concejo fueron denunciados por resoluciones contrarias a la ley.

Otro caso, en San Raymundo, Guatemala, se usaron fondos de inversión para gastos de funcionamiento y planillas en el 2019. La denuncia asciende a Q5.1 millones y a partir de los hallazgos fueron denunciados el exalcalde Fernando Antonio Ortiz y el director de Administración Financiera Integrada Municipal del periodo en cuestión.

En San Miguel Panán, Suchitepéquez, se detectó un faltante de caja y el cobro indebido de cheques. Los hallazgos de la auditoría señalan que hubo 261 transacciones a una sola persona y el monto asciende a Q4 millones, por lo cual se interpuso una denuncia en contra de la corporación municipal del periodo 2019-2023.

En La Blanca, San Marcos, se constató por parte de la contraloría que una planta de tratamiento de aguas diseñada en 2016 permanece abandonada desde 2019. La auditoría abarca de noviembre de 2018 a julio de 2022 y se denunció al exalcalde Aroldo Alfredo Cordero Monroy (2020-2024) por no ejecutar fianzas de conservación ni presentar descargos válidos. El monto de la denuncia es por Q3.4 millones.

En San Gabriel, Suchitepéquez, se simuló la compra de bienes mediante 338 transacciones a nombre de terceros por un total de Q3.1 millones, esto en el año 2022. El Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) carecía de registros, el libro de inventarios era deficiente y el personal no había caucionado fianza, por ello se interpuso denuncia en contra del exalcalde Remigio Noj y otros tres responsables del manejo del presupuesto y la contabilidad de la comuna.

En Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, se constató que dos préstamos que sumaban Q950 mil y fueron adquiridos entre 2008 y 2009, se usaron para gasto corriente, cuando estaban obligados a dirigirlos a inversión. Por el mal uso de los recursos se denunció al exalcalde Fernando González Kunze y a dos exdirectores financieros.

Mientras que en Ocós, San Marcos, se adjudicó un proyecto vial cuando los trabajos ya estaban en curso sin apertura de plicas ni presentación de ofertas. Se denunció al exalcalde Álvaro Guillermo López Rabanales, al Concejo y a la junta de licitación por un monto de Q1.9 millones.

En San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, se detectó el uso indebido de recursos y falta de traslado de rentas en 2022. Se denunciaron nueve hallazgos por Q1.5 millones. La denuncia es contra el exalcalde Carlos René Chávez Kestler y su concejo.

En Santa Ana Huista, Huehuetenango, se denunció a la Tesorería Municipal por Q1 millón debido a anomalías en la construcción de una cancha de fútbol iniciada en 2005. El expediente carece de informes de avance físico, pese a haberse emitido tres contratos y múltiples pagos a dos constructoras. Por este hecho se denunció a exalcaldes e integrantes de sus respectivas corporaciones municipales desde el año 2005 hasta el año 2022, ya que se estableció responsabilidad al no constatar que dicha obra carece de la documentación correspondiente sobre su construcción.

El contralor general, Frank Bode Fuentes, indicó que estos hallazgos fueron posibles gracias al fortalecimiento de los controles mediante herramientas tecnológicas como la bitácora electrónica, que permite verificar en campo el avance físico de las obras.

Sin respuesta a los señalamientos

Sobre las denuncias y hallazgos reportados por la Contraloría, se solicitó la versión oficial de varias de las municipalidades denunciadas. En el caso de Antigua Guatemala, no se obtuvo respuesta del alcalde Juan Manuel Asturias, pese a los reiterados intentos de comunicación a su teléfono personal y a la oficina de comunicación de la comuna, en la que también se informó que no se encontraba el vocero.

En la municipalidad de Ocós, San Marcos, se indicó que no había ninguna persona autorizada para pronunciarse sobre el tema. La misma respuesta se recibió en las municipalidades de La Blanca, San Marcos; San Raymundo, Guatemala, y San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

Denuncias deben ser más frecuentes

Sobre las denuncias que fueron interpuestas por la Contraloría en contra de estas municipalidades, algunos expertos opinan que las mismas deben ser más frecuentes, con el objetivo de fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, el que la Contraloría haya presentado las denuncias penales es un buen síntoma; sin embargo, deberían ser más frecuentes las sanciones “porque la corrupción a nivel de las municipalidades es galopante, y es en todo el país”.

Según Marroquín, la corrupción en la administración municipal se ha visto como una práctica común, pero las auditorías pueden ayudar a reducir este problema.

Coincidió en criterios Óscar Morales, analista independiente en temas de fiscalización, que espera que el trabajo de la Contraloría a través de las auditorías pueda obligar a la administración pública a ser más transparente; mientras que todas las instituciones involucradas en el proceso también deben de darle seguimiento a los hallazgos.

“A todos nos debe interesar la lucha contra la corrupción. A todos nos debe interesar los procesos que se encuentran en estas circunstancias en el Ministerio Público, y que los jueces tengan un control jurisdiccional apropiado, legal y transparente. Nos interesa que nos den resultados”, dijo Morales.