La Constitución garantiza el derecho a la vida. Sin embargo, en 2025 los homicidios están aumentando. Entre enero y julio se registraron 326 homicidios intencionales más que en 2024. En julio la tasa fue de 17.7 por cada cien mil habitantes, frente a 16.4 el año anterior. Este incremento muestra que las instituciones de seguridad y justicia siguen débiles, pese al esfuerzo del país por más de una década de ir reduciendo la tasa y número de homicidios.

Los datos también muestran que los homicidios se concentran en algunos departamentos y pocos municipios, con alta incidencia en la capital. Esto confirma la necesidad de enfocar recursos en esos territorios, priorizando las zonas de mayor riesgo.

La Constitución establece responsabilidades en seguridad y justicia. Al presidente corresponde velar por la defensa y la seguridad nacional. El Ministerio Público (MP) dirige las investigaciones y ejerce la acción penal. Los tribunales imparten justicia. A estas funciones se suman la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cada uno con un papel que debe coordinarse de forma efectiva.

El procedimiento es el siguiente: la PNC asegura la escena, el MP reúne pruebas y el Inacif aporta dictámenes técnicos. La norma exige diseñar un plan de investigación inmediato. Sin embargo, el estudio de Cien, basado en datos institucionales, revela más casos abiertos y menor capacidad de respuesta. Esto erosiona la confianza ciudadana en la justicia.

El estudio analizó el total de casos en los que al menos una persona falleció. Estos se dividieron en dos grandes grupos: homicidios simples y calificados, que son intencionales y los que se señalan en las estadísticas oficiales de la tasa de homicidios; y homicidios culposos, que ocurren sin intención, en su mayoría derivados de accidentes de tránsito y asociados a negligencia. En 2024 los homicidios culposos superaron los mil 500 (44% del total), en 2014 eran el 28%. Este crecimiento es preocupante, pues responden a imprudencia y falta de control institucional. Los homicidios simples y calificados, por su carácter intencional, requieren prioridad en la investigación y en la persecución penal. Lograr esclarecerlos envía un mensaje claro sobre el compromiso del Estado en la defensa de la vida.

El análisis de los casos concluidos confirma la debilidad del sistema. Más del 75% se cierra en sede fiscal, en la mayoría de ocasiones ya sea por desestimación o por solicitud de archivo, generalmente por falta de pruebas. En estos expedientes no se han logrado individualizar responsabilidades. Las sentencias bajaron de 13% en 2014 a 4% en 2024. En total, cierres fiscales y judiciales cubren el 85% de los casos. Esto evidencia la dificultad para condenar.

No se puede establecer una tendencia en las sentencias, ya que lo más probable es que los casos más recientes todavía no tengan resultados firmes. Lo que sí se puede afirmar es que a lo largo de varios años lo más frecuente ha sido archivar o desestimar expedientes.

El estudio concluye que es indispensable prevenir los homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito y concentrar la atención en los crímenes intencionales; fortalecer las capacidades de investigación del MP, la PNC y el Inacif; limitar el uso del archivo fiscal como salida para reducir la mora; y evaluar a fondo el nuevo modelo de gestión de casos para introducir mejoras que permitan resolver los casos.

Guatemala enfrenta un repunte homicida y un sistema de justicia limitado. Proteger la vida exige instituciones más fuertes, coordinación real entre ellas y resultados que devuelvan confianza. Es momento de que el gobierno y las distintas instituciones, públicas y privadas, cierren filas y trabajen juntos para no seguir perdiendo vidas a manos de la delincuencia.