Uno de los sindicatos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro de Ciudadanos ofrecieron una conferencia de prensa para defender las 320 contrataciones autorizadas por la presidenta en funciones, Blanca Alfaro. Estas contrataciones motivaron una investigación en curso en el Ministerio Público (MP).

Durante la desintegración del pleno del TSE, Alfaro autorizó las contrataciones por un periodo de dos meses. Con la nueva integración del pleno, corresponde al órgano colegiado autorizar una posible recontratación.

No obstante, observadores del proceso electoral del 2023 consideran que estos contratos podrían tener como trasfondo el pago de favores políticos, y cuestionan la necesidad real de dichos puestos.

Ante estas críticas, Osbelí Urízar, secretario general del sindicato Sittse, calificó como “malintencionadas” las publicaciones que cuestionan las contrataciones. “Vemos la mala intención inmersa en esta nota de prensa, argumentando cuestiones falaces, ya que la actividad del TSE sí es necesaria para mantener la democracia del país”, afirmó.

Urízar dijo desconocer los hechos denunciados ante el MP y aseguró que hay argumentos sólidos para justificar las contrataciones.

“Este proceso se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos, con una asignación del Congreso específicamente para ello. Todo busca fortalecer la institución”, indicó. Añadió que, sin estas 320 personas, el personal actual “no se da abasto”, debido a la carga de trabajo en actividades como empadronamientos y cambios de residencia electoral.

Supervisarán asambleas

El Registro de Ciudadanos también respaldó las contrataciones, al señalar que el nuevo personal vigilará las asambleas de las organizaciones políticas durante los próximos meses.

“Tenemos un estimado de entre 2 mil 300 asambleas, entre departamentales y municipales ordinarias, que los partidos van a celebrar”, explicó Deyanira Herrera, jefa de Organizaciones Políticas.

Por su parte, Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos, afirmó que la recomendación para contratar más personal municipal tiene sustento técnico. Detalló que realizaron un diagnóstico que incluyó opiniones de los partidos políticos.

“Llegamos a la conclusión de que era necesario incrementar el personal, básicamente en los municipios (…), ya que un solo subdelegado no tenía tiempo suficiente para cubrir todas las actividades asignadas”, indicó.

Sin decisión definitiva

El pasado 27 de junio, durante una reunión entre representantes de partidos políticos y el pleno de magistrados, la presidenta en funciones informó sobre la investigación relacionada con las 320 contrataciones.

Afirmó que ese mismo día se celebraría una sesión plenaria, pues la integración del pleno hacía necesario que el caso fuera conocido por la máxima autoridad electoral.

Desde entonces, los magistrados han sido convocados a sesiones plenarias, pero, según fuentes que solicitaron el anonimato, en dichas reuniones se han abordado otros asuntos, sin que hasta ahora se haya tomado una decisión sobre las contrataciones.