Las primeras acciones que llevó a cabo Donald Trump al asumir la presidencia de Estados Unidos fueron aumentar la seguridad de la frontera sur, endurecer las políticas migratorias y realizar deportaciones masivas, como lo había prometido durante su campaña electoral.

Trump instaló nuevas zonas militares en la frontera entre EE. UU. y México para que las personas que la crucen ilegalmente sean encarceladas por al menos tres delitos. Estas acciones han llevado a las estructuras criminales a intentar usar otras vías para continuar traficando ilícitos y personas, aseguró Ian Martínez Hanna, fiscal y codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Agregó que los cárteles se están ajustando a las acciones que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses, porque a las estructuras criminales solo les interesa lucrar.

“Van a buscar una manera, un lugar débil donde se pueden meter y nosotros nos vamos a ajustar. La frontera está básicamente sellada. Supongo que va a llegar un momento en que un grupo va a encontrar una manera nueva para ingresar y nosotros nos vamos a ajustar”, enfatizó.

Agregó que prueba de ello han sido dos túneles que detectaron en El Paso, Texas, y que conectan con Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Los hallazgos fueron en enero y febrero del presente año.

“Aquí casi nunca se ha visto eso, los túneles. Eso se ve mucho en San Diego, pero aquí no”, detalló Martínez.

Otra forma que están implementando las estructuras criminales es trasladar a los migrantes e ilícitos vía marítima, y el área de San Diego, California, ha reportado un aumento de lanchas y Jet Ski —motos acuáticas— que ingresan desde México.

Las autoridades de Operaciones Aéreas y Marítimas dijeron que esas actividades ilícitas han aumentado un 50% en el océano Pacífico desde enero de 2025, fecha en que inició un mayor control en la frontera sur.

Agregaron que durante los últimos seis meses han interceptado, en promedio, cuatro embarcaciones cada semana, las cuales trasladan entre 20 y 35 migrantes.

“Las investigaciones demostraron que los cárteles compran los botes tipo pangas en Estados Unidos a través de redes sociales y posteriormente son trasladados a México, donde los modifican”, explicaron.

Afirmaron que los indocumentados pagaban a los coyotes US$18 mil para que los llevaran a EE. UU. vía marítima, pero ante las constantes detenciones, los traficantes disminuyeron el precio a US$12 mil.

“Hacemos un llamado a las personas que no intenten cruzar ninguna de las fronteras de forma ilegal. Tenemos los recursos y personal para detectarlos y capturarlos. No les paguen a los traficantes ese dinero, porque a ellos —los criminales— no les importa la vida de ninguna persona”, dijeron.

Los cárteles y el control de todo el flujo migratorio

El fiscal afirmó que los cárteles del narcotráfico, que también se dedican al tráfico de migrantes, tienen el control de los pasos fronterizos.

Martínez Hanna comentó que han detectado que, en la región del Darién, entre Panamá y Colombia, los migrantes deben pagarle al Clan del Golfo una cuota para poder pasar.

Esa misma forma de operar la utilizan los cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, aseguró Martínez.

Las dos regiones con más flujo de migrantes son El Paso, Texas, y San Diego, California, según estadísticas de la Patrulla Fronteriza. Ambas zonas fronterizas están controladas por grupos criminales.

La Línea, el Cártel de Juárez, La Empresa y el Cártel de Sinaloa son estructuras criminales que trafican droga y migrantes hacia El Paso, Texas, según una investigación de Hope Border, una organización sin fines de lucro.

Mientras que la frontera de Tijuana, México, y San Diego, California, es controlada por los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Arellano Félix, comentaron los oficiales de la Patrulla Fronteriza.

El fiscal estadounidense explicó que los cárteles han comenzado a tomar el control de todo el flujo migratorio y que quienes quieran cruzar las fronteras de los países deben pagar una cuota para poder transitar.

“Si yo soy un coyote y estoy moviendo 10 personas a la semana, tengo que pagar piso —una cuota— a la organización grande que controla la zona donde yo quiero mover gente. Hace unos cinco años aún funcionaba así”, indicó.

La importancia de Guatemala para EE. UU.

El fiscal argumentó que Guatemala es un país clave en el flujo migratorio que proviene desde Sudamérica y el hemisferio occidental.

“Hay otras rutas que se pueden utilizar, pero lo que hemos visto en los últimos años es que otra vez la gran mayoría de migrantes del hemisferio occidental utiliza esa ruta terrestre que corre por Guatemala para llegar a EE. UU.”, mencionó.

“También hemos visto que otras organizaciones transnacionales que se localizan fuera del hemisferio occidental, por ejemplo en China e India, utilizan países de Centroamérica que no tienen restricciones de visas para viajar”, comentó.

El fiscal dijo que los indios y chinos llegan hasta Managua, Nicaragua, y luego pasan por Guatemala hasta llegar a México y EE. UU.

“Guatemala es importante para hacer este trabajo y para las relaciones que hemos mantenido en Guatemala con las unidades especializadas; es clave”, afirmó.

Martínez indicó que con las autoridades guatemaltecas han generado casos importantes para detener a los criminales.

El fiscal dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) fue creada en 2021 para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas fuera de las fronteras de EE. UU.

Agregó que el trabajo de la Fuerza de Tarea es buscar a criminales en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Colombia.

“Hemos construido un equipo que incluye a fiscales federales, auxiliares, de todos los distritos federales que existen en la frontera suroeste del país. Esos distritos son: los distritos de California del Sur, Distrito de Arizona, Distrito de Nuevo México, Distrito de Texas, Distrito Oeste de Texas y el Distrito Sur de Texas”, comentó.

Martínez reconoció que desde 2021 hasta el 24 de junio de 2025 han condenado a 345 criminales por delitos relacionados con el tráfico de migrantes, armas y drogas. Entre los sentenciados se encuentran personas que fueron extraditadas desde Guatemala, Honduras y El Salvador.