La semana pasada, Maduro promulgó el texto legal que establece “condiciones especiales” en las zonas industrial de Paraguaná, en el estado Falcón; de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello/Morón, en el centro del país; y turísticas, en la oriental Isla de Margarita, Nueva Esparta, y la isla La Tortuga, en el norte.

La ley contempla un “régimen socioeconómico especial” para desarrollos de inversión privada, pública y mixta, así como “incentivos fiscales y aduaneros”. La Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, aprobó la normativa a finales de junio y Maduro la aprobó destacando en público que su contenido sigue el ejemplo de “experiencias” de naciones asiáticas, como China y Vietnam.

“Ya conocemos bien las experiencias de China durante 40 años», afirmó el jefe de Estado el miércoles pasado durante un acto transmitido por los medios audiovisuales oficiales.

Manuel Sutherland, economista con estudios de ingeniería industrial y miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, precisa que existen cerca de 5.500 Zonas Económicas Especiales en 138 naciones, de las cuales al menos la mitad han fallado en sus objetivos. Ese nivel de fracaso se incrementa en países con institucionalidad débil, como Venezuela, indica.

Un aspecto de la ley recientemente sancionada que le preocupa es la “opacidad” en cuanto a la asignaciones de proyectos en esos paraísos comerciales.

A su entender, la normativa pavimenta el camino para una explotación “elitesca”, de empresarios cercanos a las esferas del poder chavista.

La “poca transparencia” del desarrollo de esas zonas económicas especiales dificultará las auditorías y los seguimientos de las metas laborales.

Manuel Sutherland, economista con estudios de ingeniería industrial y miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, precisa que existen cerca de 5.500 Zonas Económicas Especiales en 138 naciones, de las cuales al menos la mitad han fallado en sus objetivos. Ese nivel de fracaso se incrementa en países con institucionalidad débil, como Venezuela, indica.

Un aspecto de la ley recientemente sancionada que le preocupa es la “opacidad” en cuanto a la asignaciones de proyectos en esos paraísos comerciales.

A su entender, la normativa pavimenta el camino para una explotación “elitesca”, de empresarios cercanos a las esferas del poder chavista.

La “poca transparencia” del desarrollo de esas zonas económicas especiales dificultará las auditorías y los seguimientos de las metas laborales.

«La vicepresidencia va a encargarse de ello. Va a ser una zona supraestatal, con un régimen que se va mover paralelo a alcaldías y gobernaciones. Parece un espacio donde será imposible verificar el avance o progreso de esos negocios”, opina Sutherland.

Las sanciones económicas aplicadas contra el gobierno de Maduro por parte de países como Estados Unidos también dificultan el éxito de esas zonas, considera. “Será una zona económica débil si no tiene conexiones internacionales fuertes”, dice.

La precariedad de los servicios públicos en Venezuela, pero particularmente en esas cinco zonas económicas especiales denominadas por el chavismo, es otro factor que inquieta a expertos como Sutherland. “Esas zonas requieren mucha energía eléctrica, agua potable, gas, infraestructura vial. No está dado”, apunta.

También, teme que haya nuevas empresas o algunas antiguas que deseen mudar sus sedes a esas regiones con regímenes económicos especiales para “desviar impuestos”.

“Hay incentivo para lavado o desviar fondos, actividades ilícitas muy fuerte. Sucede en países con institucionalidad fuerte e imagínense lo que pasará en países con institucionalidad débil”, afirmó el experto.

Mucha discrecionalidad

Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, advierte que esos potenciales paraísos comerciales que vislumbra el chavismo apuntan a convertirse en “nuevos enclaves” de bingos, casinos y proyectos turísticos en parques naturales, como la Isla La Tortuga, de difícil acceso.

Critica que los gobiernos regionales, cuya mayoría la manejan funcionarios del chavismo, “quedaron por fuera” de la administración de esas zonas económicas.

También, advierte que la ley no contempla “ningún cuidado” ambientalista y reprocha que las zonas económicas especiales se manejen “discrecionalmente desde unas agencias especiales a cargo del círculo de Nicolás Maduro”.

Vera considera que el contexto económico y social de Venezuela dista del de países donde las zonas económicas especiales “han corrido con cierto éxito”.

Recuerda que el país no cuenta con energía estable, ni fuentes frecuentes de combustible ni transporte, con universidades “abandonadas” y donde prevalecen la corrupción y el centralismo como forma de administración.

En un artículo de opinión compartido con  el profesor anticipa episodios de tráfico de influencias de empresarios ante el poder político del Palacio de Miraflores para lograr mejores incentivos fiscales.

José Guerra, economista, diputado electo en 2015 y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, de tendencia opositora, critica que un gobierno que promovió expropiaciones y confiscaciones de empresas ahora esté, a su juicio, “desesperado” por captar inversiones en dólares en el país suramericano.

Estima que un empresario se enfrenta a un escenario de opacidad institucional para saber si su inversión dará frutos en esos llamados paraísos comerciales.

“En un país sin estadísticas económicas y sin credibilidad, ¿cómo un inversionista valora si una inversión vale la pena? No tiene cómo hacerlo”, comenta, refiriéndose a la inexistencia de reportes periódicos y creíbles sobre el estado de la economía de parte del Estado venezolano.

Enfatiza en que “fracasaron” otros proyectos chavistas que presuntamente traerían bienestar e inversiones, como los núcleos de desarrollo endógenos, las empresas de producción social y la llamada ruta de la empanada.

“Con inflación de tres dígitos (170 % entre enero y junio), salarios de hambre, con la ‘matraca’ (extorsión oficial) en las carreteras y sin buenos puertos, esas Zonas Económicas Especiales no van han funcionar como en otros países”, dice.

Se pregunta por qué incentivos fiscales, seguridad y otras facilidades contempladas en esa nueva ley no se le da a los empresarios, que, según Guerra, “han soportado toda clase de atropellos y se quedaron en el país”.

Fuente: VOA 

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